Retenciones: el partido contra el Gobierno se jugará en el Congreso
A diferencia de lo que ocurrió en 2008, cuando el conflicto entre el agro y el Gobierno nacional por las retenciones móviles se expresó en piquetes en todo el país y se terminó resolviendo en el Congreso, 14 años después el diferendo por el impuesto plantea otro escenario, con arranque y finalización en el mismo lugar: el Poder Legislativo.
Sin abandonar el reclamo con presencia en el interior a través de asambleas y de manifestaciones organizadas por entidades rurales y productores autoconvocados, la estrategia de la Mesa de Enlace es que legisladores nacionales terminen de resolver la cuestión relativa el impuesto al comercio exterior.
La idea, según sostuvo Gabriel De Raedemaeker, vicepresidente de Confederaciones Rurales Argentina (CRA), es que la Cámara de Diputados, y luego con el acuerdo del Senado, tenga competencia en los derechos de exportación.
La grieta política que exhibe el Frente de Todos hace que el objetivo que persiguen productores y dirigentes rurales tenga más posibilidades de concretarse.
Además, con la pérdida de las facultades extraordinarias por parte del Poder Ejecutivo debido a que no se prorrogó La ley de Emergencia (27.541), Diputados vuelve a asumir el diseño de la política tributaria.
En la búsqueda de consensos, los dirigentes rurales han programado reuniones hasta el miércoles próximo con los jefes de los bloques opositores. Hay convencimiento de que 2022 es el año adecuado para legislar el futuro del impuesto.
Que sea por ley
Si bien son conscientes de que eliminar las retenciones en el actual contexto económico y social es casi imposible, la idea del ruralismo es definir a través de una ley nacional los límites del impuesto y llevarlo –en un plazo determinado– a su eliminación definitiva.
Bajo esta concepción encaja el modelo que ha pregonado en el último año el gobernador Juan Schiaretti, de proponer la reducción paulatina del tributo a cambio del pago de más Impuesto a las Ganancias, hasta su desaparición, además de eliminar las retenciones a los productos regionales, como el maní y la leche, y levantar el cepo a las exportaciones de carne.
El pronunciamiento de Córdoba quedaría materializado en los próximos días en el Congreso, cuando los diputados del bloque Córdoba Federal presenten su propio proyecto de ley.
Otro de los frentes donde los productores buscan atenuar el impacto de las retenciones es en el Poder Judicial. Allí, la Sociedad Rural Argentina (SRA) y la Rural de Jesús María esperan que la Justicia federal de Córdoba se expida sobre un recurso de amparo que solicitó declarar la inconstitucionalidad y como ilegítimo el cobro de los derechos de exportación desde el primer día de este año.
El camino judicial parece el más lento. Cualquier fallo favorable al pedido del agro, tanto en primera instancia como en Cámara, llegaría por apelación a la Corte Suprema de Justicia. El riesgo es que la sentencia definitiva de ese tribunal se demore en el tiempo.
El antecedente inmediato fue el reclamo judicial ante el máximo tribunal que los productores cordobeses hicieron en 2020 contra la provincia de San Luis, por los cortes a las rutas durante la cuarentena por el Covid-19, y que no tuvo un pronunciamiento formal.
El estado de alerta y movilización en que se encuentran algunas entidades rurales y grupos de productores autoconvocados hace que la Mesa de Enlace no descarte tampoco la convocatoria a una protesta. El cese de comercialización sigue siendo la principal opción, además de la realización de una marcha federal hacia la Ciudad Autonóma de Buenos Aires (Caba),
Aunque, por el momento, la estrategia está en obtener un resultado favorable en el Congreso, como ocurrió en 2008.
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