¿Sabías que gran parte de la información que tiene el Estado es tuya?
¿Querés saber cuántas guarderías habilitadas existen en tu ciudad, qué personas trabajan en el Ministerio de Ciencia y Tecnología o cuánto se gasta en el mantenimiento de espacios verdes?
Es tu derecho solicitar esta información, y un deber del Estado proporcionártela.
El acceso a la información deviene de la forma republicana de gobierno, está ligado a la publicidad de los actos del Estado y al derecho de la ciudadanía a peticionar a sus autoridades. Este derecho se ha ido fortaleciendo en los últimos años con distintas leyes e interpretaciones judiciales locales e internacionales.
En 2016, se sancionó la ley 27.275, que establece cómo solicitar información al Estado nacional y dependencias obligadas a ese nivel y qué información deben publicar de forma proactiva, a la vez que crea dos organismos clave en el avance de las políticas de transparencia y acceso a la información pública. Uno con mayor protagonismo que el otro: la Agencia de Acceso a la Información Pública (AIP) y el Consejo Federal para la Transparencia.
El rol de la Agencia ha sido fundamental, sobre todo para dotar de mayor calidad al engranaje de solicitudes de información efectuadas por la ciudadanía y a las respuestas que a estas fueron dando las distintas dependencias públicas a nivel nacional. Asimismo, ha contribuido a fijar algunos estándares de publicidad de información, por ejemplo en el período de la pandemia.
La provincia de Córdoba cuenta con una ley mucho más acotada, que, si bien fue avanzada en la década de 1990, conforme fueron transcurriendo los años quedó desactualizada. En 2019, organizaciones de la sociedad civil destacaron a través de un informe cuáles son sus principales deficiencias. Entre estas, se evidencia que no contempla algunos sujetos obligados de relevancia a brindar información, como son los partidos políticos.
Tampoco existe a nivel provincial –ni municipal– ninguna entidad con competencia en la materia encargada de canalizar los pedidos de información pública y de ser apoyo a la ciudadanía, como sucede a nivel nacional con la Agencia de AIP.
Por último, en la provincia no está previsto qué cuestiones deben publicar las distintas dependencias, como por ejemplo el salario actualizado de funcionarios y funcionarias, el presupuesto con el que cuenta cada área o qué políticas están ejecutando. De modo que queda a decisión de cada organismo qué se publica, cómo se publica y con qué periodicidad.
¿Qué sucede en la práctica?
Si bien existen grandes esfuerzos y avances en materia de transparencia activa, tanto en la Provincia como en el municipio de Córdoba –es decir, lo que de oficio se publica en algunos sitios web–, lo cierto es que lo que falla profundamente es el diálogo con la ciudadanía a través de los pedidos de información puntuales que esta realiza a cualquier dependencia pública.
Desde la experiencia de Fundeps, el promedio es de una respuesta por cada 10 pedidos de información enviados. ¿A qué nos obliga esto? A judicializar algunos pedidos de información, dado que esta es la única forma para que se atiendan las solicitudes y que el Gobierno proceda a dar respuesta.
Si se deja en el camino un montón de consultas de la ciudadanía, ¿cómo es posible que deba intervenir la Justicia en algo tan simple como es un pedido de información, cuando no es lo que prevén las leyes? ¿Cuánto tiempo y dinero se gasta en esto? Y, sobre todo, ¿cuánto se desgasta un derecho humano tan básico y fundamental como es el de acceder a información pública?
Además de su valor como ejercicio individual, debemos rescatar la dimensión colectiva de este derecho. El acceso a la información pública es, por un lado, un derecho habilitante de otros, toda vez que difícilmente podamos ejercer derechos que no conozcamos.
Un primer paso es que exista un diálogo fluido entre gobiernos y ciudadanía, para lo cual hay que empezar por estandarizar la práctica de dar una respuesta eficaz, completa y a tiempo de las consultas efectuadas. En segundo lugar, a través de la garantía de este derecho, se fortalecen la participación ciudadana y, con ella, la democracia en la que vivimos.
* Coordinadora del Área de Democracia y Calidad Institucional de Fundeps
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