Nuevas cárceles, pero con políticas integradoras
En materia de inseguridad y de violencia, la sociedad argentina pasa por uno de sus momentos más complicados.
Cada día son más recurrentes las noticias relacionadas con robos, arrebatos, peleas y distintos delitos que impactan en una población ultrasensibilizada, además, por una situación social y económica delicadísima.
En ese contexto, el Gobierno provincial anunció los planes de ampliación de cárceles del sistema penitenciario de Córdoba.
Por caso, en los próximos meses se sumarán 600 plazas para presos en los complejos de Bouwer y de Villa María. En Bouwer, hay 75% de avance del quinto módulo para varones, que sumará una capacidad de alojamiento de 384 internos a las actuales 5.510 camas que tiene el mayor centro de detención de la provincia.
En Villa María, se agregarán 224 plazas de alojamiento antes de que termine el año.
En toda la provincia de Córdoba había, al 27 de abril pasado, unos 11.400 presos, lo que representa, aproximadamente, un 90% de ocupación del sistema en su conjunto.
Las ampliaciones realizadas y las anunciadas son necesarias, sin dudas. Y esa necesidad habla, a su vez, de la magnitud de una crisis que ya no deja aristas sin abarcar.
Que se requieran más espacios para contener a las personas que por alguna razón ingresan al circuito penal es consecuencia –entre otras– de esa degradación social, laboral, económica, política, familiar y cultural que los argentinos sufrimos desde hace tanto tiempo, casi sin pausa.
Que casi 40% de la población esté sumergido en la pobreza es el signo de una crisis general, profunda, difícil de entender, pero fácil de constatar, y que explica mucho del aumento de la población carcelaria.
Por eso mismo, para evitar que esa crisis corrompa nuestras actitudes más humanas y civilizadas, el temor y el miedo que sentimos no debieran cegarnos como para olvidar que el fin último de las cárceles es reinsertar a los presos en la sociedad.
Si las nuevas cárceles, o las ampliaciones, no vienen acompañadas de herramientas y de recursos que reflejen esa idea, lejos estaremos de mejorar la situación. Si no promueven la inserción laboral, la resocialización y el cumplimiento de los derechos humanos más básicos, mal se puede pretender que algo cambie en este preocupante panorama.
Por el contrario, si esos espacios terminan por ser sólo lugares de encierro y de castigo, el círculo de la violencia se retroalimentará hasta el infinito.
Es cierto que en los últimos tiempos también se produjeron crímenes espeluznantes, que propiciaron un reclamo extendido de castigo más cercano al linchamiento que a la reclusión carcelaria. Pero si no somos capaces de entender que eso nos acerca a todo lo que les endilgamos a los victimarios, nuestra naturaleza social y humana sufrirá retrocesos.
Esta tan castigada sociedad se merece, de una vez por todas, políticas integrales que aborden fenómenos como el de la inseguridad y la violencia desde todos los ángulos posibles, sin visiones a medias ni efímeros discursos de barricada.
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