Ley agroforestal en Córdoba: a seis años de su sanción, cuáles son sus avances
Si hay algo en lo que existe unanimidad respecto de la ley agroforestal de Córdoba es que se trata de una normativa positiva, moderna, disruptiva y que responde a las necesidades del contexto ambiental mundial.
Según distintos especialistas consultados, la ley 10.467 de Plan Provincial Agroforestal, sancionada en agosto de 2017, abrió la posibilidad para debatir temas como sustentabilidad, créditos de carbono, valoración y generación de biodiversidad, conservación de recursos naturales y fauna nativa, entre otros.
Se trata de tópicos que seis años atrás no estaban en la agenda del sector agropecuario.
Sin embargo, más allá de que se ha cumplido en buena parte con dos de sus tres etapas, todavía falta para que se aplique en toda su dimensión.
La ley agroforestal de Córdoba establece que las unidades de manejo agropecuarios de la provincia deben poseer del 2% al 5% de existencias arbóreas sobre el total de la superficie (dependiendo del suelo, el clima y la región). Esto significa que de cada 100 hectáreas de campo, debieran existir 2,5 hectáreas de bosque.
La ley, que obliga a los dueños de los campos a forestar (en Córdoba, entre el 50% y el 70% de los campos productivos son arrendados), establece un plazo máximo de 10 años para hacerlo.
La norma contempla tres etapas. La primera, para la que los productores tenían un año de plazo desde la entrada en vigencia de la iniciativa (mediados de 2018), consistía en la presentación de una declaración jurada en la que se indicara el porcentaje de su campo forestado.
En caso de no alcanzar el mínimo exigido, comenzaba la segunda etapa, que consistía en presentar un plan forestal en el cual se declara la especie que se plantará, la ubicación de la plantación futura dentro del predio, densidad de plantación, naturaleza del proyecto y, por último, fecha de plantación.
Para quienes no presenten el plan, se prevé una sanción de hasta el 100% del valor total del Impuesto Inmobiliario Rural anual por cada año de incumplimiento.
La tercera etapa, para la cual los productores cuentan con un plazo de 10 años desde la reglamentación de la ley, es la ejecución del plan.
Si se tiene en cuenta la superficie productiva de Córdoba, el objetivo es forestar unas 100 mil hectáreas en todo el territorio, de acuerdo con el cálculo que hacen en el Ministerio de Agricultura de la provincia.
Factores como la pandemia, la sequía y la crisis económica, entre otros, contribuyeron a que la ley esté demorada en sus etapas de cumplimiento.
En Córdoba, la superficie productiva se estima en aproximadamente 14 millones de hectáreas. Según el Ministerio de Agricultura de la provincia, fueron presentadas declaraciones juradas que abarcan unos 12,5 millones de hectáreas, es decir, un 89%. De ese total, 50% de la superficie cumple con el piso ambiental requerido por la ley.
El período para presentar la documentación venció en 2019.
Para la segunda etapa, que consiste en la presentación del plan forestal –hay tiempo hasta fin del corriente año–, se receptaron seis mil de un total de 17 mil planes forestales, según proyectan en Agricultura. Desde El Ministerio sostienen que, a pesar de que se trata de un 35% del total, muchos de los campos que no presentaron planes sólo deben forestar un 50%.
El porqué de una ley agroforestal
El secretario de Agricultura de la provincia, Marcos Blanda, destacó el papel de Córdoba como la provincia con el mayor compromiso para sancionar una ley agroforestal, como parte de las acciones en favor del cambio climático a las que Argentina se comprometió en la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático de 2015 (COP2015).
El funcionario destacó, además, el trabajo conjunto con entidades como Inta, Conicet, con viveros y con cárceles para la producción de especies, además de la capacitación de más de 500 ingenieros agrónomos. “Para encarar todo esto, había que generar plantas y la estructura para generar esas plantas”, dijo Blanda.
“Es muy satisfactorio desde el punto de vista de donde partimos. Antes, cuando hablabas de árbol nativo, se mencionaba algarrobo, ahora hay 12 especies nativas que se están multiplicando”, agregó.
La creación del cluster agroforestal, que se presentó el año pasado, es parte de la normativa.
Números, con demoras y avances
Según el Gobierno, bajo el ámbito del plan se reforestaron con distintas especies unas seis mil hectáreas rurales. No obstante, cálculos privados hablan de “no más de tres mil hectáreas”.
De todas formas, la cifra en cuestión no superaría el 6% del total, es decir, un porcentaje bastante lejano a la superficie que se pretende reforestar al cabo de 10 años.
“Siempre existe una razón para que los productores no cumplan con la ley. Hace dos años era la amenaza de las retenciones; el año pasado, el precio de las commodities; este año será la sequía…”, sostuvo un productor.
El tamaño promedio de la superficie por reforestar en los campos es de 12 hectáreas, y el costo aproximado para hacerlo asciende a unos U$S 1.300 por hectárea.
Luis Argüello Pitt, de la empresa Optimizar, una de las encargadas de proveerles plantines a los productores que desean reforestar su campo, expresó que una de las debilidades de la norma es la falta de un reconocimiento para quienes sí la cumplan.
“No hay un premio para el que foreste. Desde la empresa estamos tratando de generar la certificación para que las empresas tengan este anzuelo; y al cumplir con la ley, consigan créditos de carbono”, señaló.
Los defensores de la ley sostienen que se trata de un instrumento para remediar la actividad agrícola y que, en su aplicación, la normativa no le quita espacio a la agricultura o la ganadería. Además, existen beneficios comprobados en campos del sur y del este del territorio provincial.
El legislador provincial de Encuentro Vecinal Álvaro Zamora Consigli sostuvo que se trata de “una buena ley”, porque tuvo un correcto tratamiento y se tomaron sugerencias. “Se trabajó mucho”, aseguró.
Para Zamora Consigli, no existe un gran celo por parte del Gobierno para hacer cumplir la normativa. ”Por distintas circunstancias, se flexibilizó su aplicación”, lamentó haciendo referencia a los inconvenientes causados por la pandemia, los precios de los granos y la sequía.
Según quienes están en el tema, muchas intimaciones a los productores llegan a través de la web Ciudadano Digital, una herramienta poco usada en el sector rural.
“A nosotros nos interesa sobremanera que la ley se cumpla y no pierda fuerza”, cerró Zamora Consigli.
El legislador realizó un pedido de informes al Ejecutivo para conocer el estado de aplicación de la ley. De las respuestas que recibió, se desprende que a septiembre de 2022 se habían recibido 27.568 declaraciones juradas de productores.
En tanto, a septiembre del año pasado había 48.886 contribuyentes que no habían presentado el proyecto para forestar un porcentaje de su establecimiento, según sus números.
En cuanto a quienes no presentaron los planes, la respuesta que recibió Zamora Consigli fue que “Se intimó vía correo electrónico a todos los contribuyentes con datos asociados de las cuentas (dos envíos). Se inició el proceso administrativo para que 3.807 titulares de inmuebles rurales que no habían presentado declaración jurada y/o plan forestal dieran cumplimiento al programa. A la fecha, hay en etapa de resolución de sanción para un primer grupo de 901 titulares de cuenta que no cumplimentaron con el programa”.
Viveros
Desde la empresa Optimizar, que cuenta con viveros en La Granja, Potrero de Garay y Yacanto de Calamuchita, informaron que el año pasado se cargaron planes forestales que representan una superficie de 5.080 hectáreas en Córdoba. “Este año llevamos nuestra producción en vivero a un millón de plantines al año. Va a ser un desafío darles curso”, indicó Argüello Pitt.
Miguel Dragovich, responsable técnico del Vivero Agroforestal Córdoba Norte, ubicado en Jesús María, señaló que, según la ley, por cada hectárea se deben plantar como mínimo 300 árboles. “Es una plantación poco densa; es decir, pocos individuos o mucha distancia. El productor y el asesor eligen la densidad de plantación acorde con el lugar y el objetivo. Es variable, pero el mínimo son 300 plantas”, expresó.
Dragovich expresó que, entre las especies nativas, la más vendida es el algarrobo. “Pero también comercializamos chañar, mistol, espinillo negro, tala, molle. Y también tenemos del sur, como el caldén. Y de las exóticas, hay muchos plantines de especies, como álamo y sauce, que se usan mucho para cortinas forestales o para hacer tratamientos de efluentes”.
“En los establecimientos que hacen producción animal, impulsamos la implantación de árboles como filtros verdes. Todo lo que es el agua de desperdicio, previamente tratada, se utiliza para regar plantaciones forestales. Hay muchas especies con alta capacidad de evapotranspiración que nos permiten incorporarlas en estos sistemas”, cerró.
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