La Voz del Interior @lavozcomar: La planificación y la capacitación de las fuerzas, en manos de un instituto técnico

La planificación y la capacitación de las fuerzas, en manos de un instituto técnico

La reglamentación de la nueva Ley de Seguridad de la provincia de Córdoba otorga relevancia al Instituto de Planificación y Formación para la Seguridad y Convivencia. Se trata de un organismo técnico que dependerá del Consejo para la Planificación Estratégica de Córdoba (Copec), encabezado por José Emilio Graglia.

La reglamentación de la ley otorga a ese instituto dos roles clave: la elaboración del plan estratégico de seguridad y convivencia y la revisión de los programas de formación de todas las fuerzas de seguridad: la Policía, el Servicio Penitenciario, la Fuerza Policial Antinarcotráfico, las Guardias Locales de Prevención y también los servicios de seguridad privada.

Ese Instituto funcionará a partir de dictámenes elaborados previa consulta con especialistas y expertos en materia de seguridad, autoridades y funcionarios, legisladores, prestadores privados y ciudadanos, que serán convocados por el organismo. “Sus dictámenes deben ser fundados técnicamente y puestos a consideración de las autoridades o funcionarios competentes”, establece la reglamentación.

Según indicó Graglia, el objetivo es que se trate de un organismo técnico y no político. El primer paso será la puesta en marcha de una Comisión de Expertos presidida por el funcionario y coordinada por Carla Tassile.

“Para garantizar la independencia vamos a convocar a las universidades, a especialistas de organismos vinculados con la seguridad y a los actores sociales. También lo consensuaremos con los legisladores de la oposición, porque el objetivo es lograr una política de Estado”, indicó Graglia, quien recalcó que la instrucción del gobernador Martín Llaryora es que ese organismo priorice la profesionalización y el consenso.

En varios artículos de la reglamentación se reitera que el Instituto debe elevar, proponer o poner en consideración de los ministerios de Seguridad, de Justicia y/o de Trabajo y del Ministerio Público Fiscal los proyectos y las modificaciones que considere pertinentes, luego de haberlos desarrollado con criterio técnico y consensuado con especialistas.

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