Juicio a una particular manera de actuar en la Policía
Casi 10 meses después de la elevación a juicio que dispuso el fiscal José Mana y tras dos instancias recursivas rechazadas, el expediente ya no sufrirá más traslados: ahora viaja directo a una cámara del Crimen que debe ser sorteada en los próximos días para comenzar el juicio.
La causa por el asesinato de Valentino Blas Correas (17) a manos de policías se juzgará junto con las maniobras de encubrimiento que habrían armado de modo coordinado un conjunto de otros integrantes de la fuerza, con plena participación de jefes de alto rango.
Desde la familia del adolescente asesinado vienen reclamando justicia, y en las últimas semanas también pidieron celeridad para dar comienzo al juicio, que será por jurados populares, ya que deben sentarse funcionarios provinciales en el banquillo de los acusados.
Un día antes de que la mamá de la víctima, Soledad Laciar, se aprestara para “plantarse” el 1º de abril en Tribunales 2, llegó la noticia de que la Cámara de Acusación rechazaba en dos fallos distintos las apelaciones de dos defensores que vienen recurriendo la instrucción de Mana y dilataron el inicio del proceso oral y público.
El fiscal ha sido todo lo rápido que pueda esperarse para colectar un cúmulo de pruebas que no serán sencillas de rebatir en la audiencia. Pero esos cuestionamientos de dos defensores rechazados una y otra vez en Control y en Acusación acaban de terminarse. El juicio está elevado, con decisión firme, y ahora hay que sortear tribunal y jurados populares, comenzar a tramitar la prueba que se ventilará en la audiencia y fijar la esperada fecha de inicio.
Para esos trámites, los más optimistas son conscientes de que pasarán varios meses, pero muchos coinciden con que el juicio bien puede celebrarse en la segunda mitad de 2022, prácticamente dos años después del asesinato ocurrido en la madrugada del 6 de agosto de 2020.
Serán 13 los policías acusados con distintos grados de responsabilidad, entre quienes estuvieron en la escena donde se produjeron los disparos y quienes habrían actuado después para disimular la gravedad que representaba la muerte de un joven que no pudo ser reprochado como delincuente.
Buena parte de los acusados están con prisión preventiva, y lo más probable es que concurran al debate en esa condición de encierro. Puede decirse que, más allá del juzgamiento de uno o dos uniformados que efectuaron los disparos –uno de los cuales mató a Blas–, el juicio servirá de escenario para poner a prueba la hipótesis de que se está juzgando un modo de proceder de la institución policial denunciado como frecuente, como lo sería encubrir diversos delitos cometidos en el ejercicio de la función.
De confirmarse esa acusación, puede llegarse a la conclusión de que cuando desde la Policía se mata a alguien, puede ocultarse eso y hasta se busca culpar a inocentes. Si se hace evidente lo que postula el expediente, se confirmaría que uno o dos policías dispararon, pero todo un conjunto de ellos se puso de acuerdo para plantar un arma e invertir la carga de culpabilidad hacia las víctimas, en este caso los adolescentes que iban en el interior del Fiat Argo.
Pero lo más preocupante desde lo institucional es que las supuestas irregularidades que están yendo a juicio no se producen en medio del desierto, sino que a lo largo de los últimos años y particularmente en las últimas semanas se enmarcan en incesantes denuncias de presuntos delitos cometidos por uniformados.
El cabo 1° Lucas Gómez probablemente sea encontrado culpable de lo que se lo acusa, a partir de que está probado que el arma que usaba es la que disparó la bala homicida. La que se presume sería una condena drástica acaso tenga menos impacto que el otro “tramo” de la causa: el que juzga las maniobras de encubrimiento organizado.
En momentos en que el prestigio de la fuerza es cuestionado de modo periódico por la aparición de irregularidades entre sus miembros, una sentencia que concentrará los ojos de todo el país puede convertirse en el tiro de gracia a una particular manera de actuar en la Policía de la Provincia.
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