Erradicar la pirotecnia de los estadios
Unos días antes de que se disputara el partido entre Instituto y Belgrano, el pasado domingo, por una nueva fecha de la Liga Profesional de Fútbol, hubo un par de reuniones en el marco del Consejo de Seguridad Deportiva de la Provincia (Cosedepro).
Allí estuvieron miembros del organismo, junto con autoridades de ambos clubes, de la Agencia Córdoba Deportes y de la Policía de la Provincia.
El motivo de esas reuniones no era otro que garantizar la seguridad del encuentro, que se disputó en el estadio Mario Alberto Kempes con la presencia de ambas parcialidades. Se infiere que, por razones de recaudación, Instituto había resignado jugar de local en su cancha de Alta Córdoba.
Se diagramó un ambicioso operativo de prevención que incluyó, entre otros reaseguros, la disponibilidad de 800 policías. Todo parecía estar en orden, por lo que se avaló la escenificación del clásico en el estadio Kempes con la concurrencia de ambas hinchadas.
La reseña vale para colegir que algo no cerró como se planeó. Es decir, el ingreso furtivo de cantidades descomunales de pirotecnia, prohibidas para estos tipos de eventos por leyes nacionales y provinciales.
Con ello se reavivó la polémica acerca de la connivencia de la dirigencia del fútbol con los líderes de las barras. También sobre la presunta laxitud de los controles policiales. Ya no se trata de los clásicos “cacheos” en las puertas de ingreso, sino de una transgresión altamente peligrosa, que pone en riesgo la integridad física de los espectadores y de los propios jugadores.
Nadie está a salvo de ser alcanzado por una bengala o por una bomba de estruendo. De hecho, en el desmadre pirotécnico del domingo una persona resultó con heridas y debió ser trasladada al Instituto del Quemado.
A tal punto llegó el despliegue de fuegos artificiales que el partido estuvo suspendido 11 minutos por decisión del árbitro, pues el humo redujo sustancialmente la visión en el campo de juego.
Una acotada reseña en vías de ensayar algunas conclusiones. No se trata de cargar todas las culpas sobre los organizadores ni en la fuerza de seguridad.
Sin embargo, siguen sin dirimirse algunos enigmas que sólo conocen quienes operan en la trastienda de las relaciones entre la dirigencia de los clubes (esto excede a Instituto y a Belgrano) y los barrabravas.
Y detona la primera sospecha: no es posible ingresar a las tribunas cantidades industriales de pirotecnia si no es con el consentimiento de algún allegado interno o externo a la entidad en cuestión.
¿Quién se hace cargo del costo dinerario (se podría inferir, casi millonario) de las bengalas o lanza humos de colores que iluminan el ambiente y dificultan hasta la respiración?
Lo sucedido durante el partido Instituto-Belgrano es una nueva muestra de que los violentos del fútbol continúan amparados por la impunidad (y por ciertas conducciones que miran para otro lado).
Las sanciones aplicadas por el Cosedepro son pertinentes, aunque tal vez poco rigurosas, y es que erradicar la pirotecnia de los estadios es un desafío mayúsculo.
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