Delitos a la vista
No deja de ser una buena noticia en un país que ha consagrado la impunidad. La elevación a juicio del caso Surrbac (el gremio de los recolectores de residuos de Córdoba) –una causa de esas que, por su complejidad, parecen destinadas a no resolverse nunca– parece significar el fin del recorrido para una tortuosa cuestión en la que los negocios, el sindicalismo, la política y la violencia se entrelazan.
A cargo de la causa que originalmente suponía asociación ilícita y fraude por parte de Mauricio y de Franco Saillén y de Pascual Catrambone, el juez federal Alejandro Sánchez Freites extendió los alcances de las imputaciones para sumar intermediación financiera y lavado de activos. Esto complica mucho más a los hasta ahora imputados, con el dato adicional de que siempre se trata de delitos que rara vez pueden comprobarse de manera fehaciente. Como en el caso de la asociación ilícita, un clásico tribunalicio lleno de sutilezas que hacen las delicias de los abogados defensores.
El complejo trabajo de investigación realizado hasta ahora permitió detectar los mecanismos utilizados y sus consecuencias prácticas en un listado que detalla viajes al Caribe, automóviles de alta gama, gastos suntuarios, adquisición de propiedades diversas y acumulación de divisas por parte de quienes, con todo, han podido seguir con su actividad gremial al solo efecto de retener una cuota del enorme poder acumulado a la sombra de gestiones municipales que, por el momento, parecen emerger incólumes de la investigación, tal como si todo lo realizado por el trío mencionado y sus secuaces hubiera sido obra propia, sin ayuda de terceros situados en despachos estratégicos.
El organismo conocido como Esyop (Ente de Servicios y Obras Públicas) parecía y era un traje a medida para que el gremio dispusiera de una oficina de empleo con un voluminoso presupuesto.
Lo que sin embargo no resalta en primer plano es precisamente el entramado de negocios que van y vienen desde la política y en el que se requiere de partícipes necesarios o, en otros términos, de gestores oficiosos que no le hagan asco a la violencia y el patoterismo, y actúen con el desparpajo de quienes se suponen intocables.
Gremialistas, barrabravas, políticos y oportunistas de toda laya participan de este costoso sainete que tiene un solo objetivo: el saqueo de presupuestos públicos y la destrucción de la confianza de los ciudadanos en el Estado, que debería ser un proveedor de servicios en vez de favorecer u ocultar toda clase de ilícitos. Este último objetivo, por desgracia, parece haber sido olvidado hace mucho.
Como sea, la sustanciación del proceso permitirá a muchos tomar nota de los males que han corroído nuestro sistema por décadas y podría acaso servir para preguntarnos cómo fue que dejamos que todo esto sucediera, en una sociedad que se supone democrática y en la que rige la división de poderes. Sería un buen comienzo para que dejáramos de repetir hasta el cansancio nuestro imperfecto pasado.
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