Corte Suprema de Guatemala tramita petición para retirar la inmunidad a magistrados electorales
CIUDAD DE GUATEMALA (AP) — La Corte Suprema de Justicia de Guatemala resolvió dar trámite a la solicitud de retiro de inmunidad contra cinco magistrados titulares y tres suplentes del Tribunal Supremo Electoral para que se investigue una denuncia por la compra de un software utilizado para dar los resultados de las elecciones generales, como parte de la arremetida judicial contra el proceso electoral.
La decisión de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) incluye enviar el expediente al Congreso de la República, que por ley debe conocer de la solicitud de retiro de inmunidad contra los magistrados electorales. El Legislativo, en sesión plenaria, deberá formar una comisión —por sorteo e integrada por cinco diputados— que se encargará de investigar a los magistrados electorales.
Tras su investigación, el informe de la comisión será entregado al Pleno que votará si se levanta o no la inmunidad de los magistrados cuestionados.
Los magistrados electorales no se han pronunciado ante el fallo de la Corte.
Las acciones son parte de una arremetida que mantiene la fiscalía contra todo el proceso electoral incluyendo al presidente electo Bernardo Arévalo, al Movimiento Semilla —el partido que lo llevó a ganar la presidencia—, a los magistrados electorales y a los que participaron en los comicios, incluidas las juntas receptoras de votos, integradas por más de 125.000 ciudadanos que recibieron, contaron y resguardaron el sufragio de los ciudadanos.
La decisión de la CSJ se deriva de una petición hecha por la fiscalía de delitos administrativos que pide se investigue a los magistrados por la compra de un programa informático para la transmisión de resultados preliminares electorales. Los señala de los delitos de fraude, abuso de autoridad e incumplimiento de deberes.
Según la fiscalía, la compra del programa informático se hizo con Datasys Guatemala S.A., y sin que se ejecutara una supervisión independiente del software. Esa empresa recomendó a la empresa Odernet S.A. para que llevara a cabo la supervisión, por la que se pagó unos 19 millones de dólares.
Esa cantidad es cinco millones de dólares más de lo que ofertó la entidad Productive Bussines Solution, que denunció por lo que consideran un fraude al Estado guatemalteco.
En su fallo la CSJ, integrada en su mayoría por magistrados suplentes, dijo que tras revisar la petición no es espuria, ilegítima ni política, por lo que debe iniciarse una investigación.
En paralelo, la presidenta del Congreso Shirley Rivera confirmó en conferencia de prensa que Estados Unidos le quitó la visa de ingreso a ese país. Hace unas semanas, el departamento de Estado informó sobre la retirada de visa a 14 guatemaltecos a quienes señaló de intentar socavar la democracia en el país centroamericano y con ello impedir la transición pacífica de gobierno.
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