Córdoba estrena una categoría que esquivaba: el “default”
Con cinco propuestas de reestructuración rechazadas de manera tajante, el Gobierno de la Provincia de Córdoba caerá mañana oficialmente en default. Es porque se agota el plazo técnico de 30 días desde que se incumplió el pago de intereses por 25 millones de dólares, el 9 de diciembre pasado. Y aunque mañana mismo se mejore la propuesta, los 30 días habrán corrido de manera inevitable.
El problema no radica sólo en lo lejos que las partes están de alcanzar un acuerdo, sino que el clima político de la negociación está enrarecido al extremo. Los acreedores acusan a la Provincia de negociar de mala fe y de haber elegido caer en default. “Fue una elección, no una necesidad”, sostiene el grupo Ad Hoc de Tenedores de Bonos ante el incumplimiento. Argumenta que la Provincia tiene una “amplia capacidad de pago” para cumplir con todos sus acreedores y aun manteniendo un superávit saludable.
La Provincia presentó su propuesta de reestructuración el 11 de septiembre pasado. Tarde, para lectura de muchos, dado que el enorme problema por desanudar estaba apenas ocho meses después: en junio, cuando vencen 729 millones de dólares del bono PDCOR 2021.
De septiembre a esta parte no se lograron acercar posiciones, la Provincia no pudo romper el grupo duro de bonistas para al menos mover la aguja del mínimo de adhesiones con las que cuenta y los acreedores no movieron un ápice sus pretensiones.
Si bien la propuesta inicial de Córdoba fue extremadamente agresiva, los bonistas se plantaron en su oferta inicial. Algo parecido a lo que hicieron con la negociación nacional: Argentina subió el 110% de lo que pretendía pagar al inicio y los bonistas terminaron resignando apenas el 15% de sus aspiraciones. Sólo cedieron plazo, algo que acá también están dispuestos a conceder: aceptan prorratear el pago del capital en cuatro años en lugar del 100% en uno, pero sin plazo de gracia y casi sin mover los intereses. Son todos más rudos que cuando negoció Nación y todas las provincias son víctimas de ese endurecimiento.
Es que el contexto general también juega en contra. La pandemia y la crisis económica, lejos de haber flexibilizado las posiciones de los bonistas, como especulaban los gobernadores que están negociando, los endurecieron. Influye el deterioro macro: los bonos soberanos reestructurados, que al inicio tenían una tasa de salida del 10%, hoy están en el 16%.
El acuerdo de la primera que arregló, que fue Mendoza, que en su momento parecía tremendo de concesivo, hoy es la envidia de todos los que no pueden arreglar. Las que arreglaron después, como Chubut y Neuquén, terminaron cediendo más, aunque tienen un esquema diferente dado que emitieron deuda garantizada con regalías del petróleo.
Como si todo fuera poco, apareció el caso Entre Ríos. El grupo de acreedores (hay fondos que están en Córdoba y en Entre Ríos) presentó una demanda en Nueva York en contra de esa provincia por haber incumplido en agosto con el pago de un cupón de un bono con vencimiento en 2025. Es el primer juicio iniciado en tribunales internacionales y un mal antecedente para todas las que están negociando.
Mendoza, Neuquén, Chubut y Río Negro recientemente ya cerraron acuerdos. Salta, Tierra del Fuego y Jujuy aún no presentaron propuestas de reestructuración, aunque tampoco ingresaron en default. Provincia de Buenos Aires, Chaco y La Rioja están en default. Y Córdoba, próxima a sumarse a este grupo.
La negociación
Las últimas dos mejoras fueron hechas por la Provincia después de haber iniciado el tiempo de descuento para el default. El 9 de diciembre no pagó; el 14 mejoró la oferta y el 15 fue rechazada. El 1° de enero ofreció abonar 30% en efectivo los intereses devengados, y, casi en tono épico, se anunció que el fondo Schroder Investment Management North America Inc. había aceptado las condiciones. Tres días después, el grupo de acreedores le rechazó la propuesta: reconoció que Schroder ya no estaba en el grupo, pero le enrostró el poder de bloqueo de los que quedaban: 50% de los bonos 2021; más del 40% de los bonos 2024, y 30% del bono 2027. “Sin el apoyo del grupo, no será posible aprobar una solicitud de consentimiento que afecte a todas o alguna serie en particular de los bonos internacionales emitidos por la Provincia”, sostuvieron en un comunicado. “No hay forma de que la Provincia pueda implementar la reestructuración de sus bonos sin previas conversaciones de buena fe con el grupo”, le enrostraron. Al igual que en Entre Ríos, el fondo VR Capital, de Richard Deitz, pareciera ser el que arenga una posición colectiva común muy agresiva. La percepción es que hay un grupo dispuesto a forzar la cuerda al extremo.
También hay un giro personal del gobernador Juan Schiaretti. Ha perdido fuerza el tantas veces proclamado “Córdoba no defaultea” y esto se explica por tres razones. Una: no tiene margen para decidir lo contrario. Nación es partidaria de negociar desde el default y hacia ello se encamina Córdoba. No hay dólares suficientes y Martín Guzmán no los quiere gastar en el pago de deudas provinciales. El martes hay una reunión clave de coordinación entre Nación y todas las provincias con deudas por reestructurar. Dos: la presencia persistente del Covid y la llegada de la segunda ola le dan a la Provincia argumentos para fogonear la situación de crisis y vulnerabilidad.
Y tres: el de Schiaretti es un gobierno en retirada. Es cierto que la deuda que debe renegociar es íntegramente tomada en su mandato, pero también es cierto que los costos de ingresar al default no los pagará su administración, ya que erradicó de los planes la posibilidad de pedir plata nuevamente. Está cada vez más convencido, dicen sus allegados, de que hoy en el mundo cambió la percepción de lo que es entrar en default y de que no es tan grave como cuando él mismo arengaba que “Córdoba no defaultea”.
Oposición: La lógica es ganar elecciones y que pague el que sigue
El legislador provincial Marcelo Cossar (UCR) presentó un análisis de los costos financieros que implicarán para la Provincia en 2021, dado que el Presupuesto aprobado calculaba los pagos con base en la oferta presentada en septiembre pasado y que fue (al igual que las cuatro siguientes) rechazada por los acreedores.
Cossar sostiene que Schiaretti se endeudó buscando el rédito electoral y ahora pretende que el mayor impacto se vea en el trienio 2024-2026. “La lógica aplicada es simple: inaugurar obras para ganar elecciones y que las pague el gobierno que sigue”, sostiene el legislador. Si bien celebra la realización de obras como los gasoductos y el cierre de la Circunvalación capitalina, sostiene que los costos fueron “sobreelevados” y algunas “prioridades discutibles”, en referencia a la construcción del Panal o del edificio de la Legislatura.
El estudio analiza la situación de los tres bonos de la Provincia, lo que se pagó hasta ahora y lo que se deberá pagar sobre la base de la propuesta última de enero, la más generosa, pero también rechazada.
El estudio sostiene que los tres bonos sometidos a reestructuración sumaban 839 millones de dólares, de los cuales se saldó el 54% del total y restan 382 millones de dólares. El PDCOR 2021, próximo a vencer, ya canceló el 90% de los intereses. “Pero alargarle la vida al bono elevará el costo financiero del 35% al 58%”, sostiene el informe elaborado con el asesoramiento del economista Facundo Barrionuevo y del abogado Marcelo Bernal. Afirma que quedan por pagar 25 millones de dólares y que, al extender los plazos, habrá que pagar 188 millones de dólares adicionales sólo por este bono.
En el combo total, los intereses devengados por los tres títulos habrán sumado 1.089 millones de dólares en lugar de los 839 millones adicionales.
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