La Voz del Interior @lavozcomar: Constitución de 1994: lo que sigue en lista de espera desde hace 30 años

Constitución de 1994: lo que sigue en lista de espera desde hace 30 años

La reforma de 1994 tuvo grandes avances, cuestiones novedosas que se quedaron a mitad de camino o nunca se terminaron de implementar y otras que directamente esperan desde hace 30 años por su cumplimiento.

El caso más sobresaliente es la ley de coparticipación federal. En las cláusulas transitorias del nuevo texto constitucional, se le puso un plazo de dos años para que se dictara una nueva norma sobre la distribución de recursos. Pasaron apenas 30 y ni asoman los consensos entre Nación y provincias para avanzar en una norma de ese tipo.

Es que la propia Constitución exige que todas las provincias deben estar de acuerdo y no hay manera de hacer una nueva distribución sin que alguna resigne fondos, con lo cual se mantiene la tensión sobre la ley de 1988.

También está pendiente una ley que regule el funcionamiento de la Auditoría General de la Nación, lo que viene siendo reclamado por una serie de ONG dedicadas a la transparencia.

Tampoco se avanzó en el Congreso sobre cuestiones de legislación delegada a la Presidencia. Se calcula que hay unas dos mil leyes que traspasan facultades que son del Poder Legislativo al Ejecutivo, lo cual está vedado por la Constitución. Por citar un caso, una de ellas es la fijación de las retenciones.

Supuestamente, en cinco años, esto es 1999, esas facultades delegadas debían caducar, pero el Congreso nunca terminó de analizar ley por ley. Mientras, cada vez que asume un nuevo presidente, pide mayores facultades, como está ocurriendo ahora con el debate de la “ley bases”.

Leyes reglamentarias

Hay artículos de la Carta Magna que esperan leyes reglamentarias de temas que hoy parecen de cualquier contexto, como el 14 bis, que establece el reparto de ganancias con los trabajadores, un derecho que tiene rango constitucional desde antes de 1994.

Tampoco se implementó en estos 30 años el juicio por jurados, que sí existe en legislaciones provinciales, como la de Córdoba.

Varias gestiones presidenciales prometieron como propia la idea de implementarlo, pese a que está en la Constitución.

La Constitución prevé la sanción de una ley que incluya “la necesaria participación de las asociaciones de consumidores y usuarios y de las provincias interesadas en los organismos de control”. Nunca se concretó.

Ya llevamos nueve gestiones presidenciales con la nueva Constitución y el denominador común ha sido que ninguna quiere impulsar normas que les acoten sus facultades o los sometan a mayores controles. Más bien todos han ido por el camino exactamente inverso, en contraposición a lo que buscaron los constituyentes de 1994.

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