La Voz del Interior @lavozcomar: ATE denunció la caída de más 150 contratos en Córdoba

ATE denunció la caída de más 150 contratos en Córdoba

Luego de la drástica medida que anunció el presidente Javier Milei que no se iban a renovar 70 mil contratos en el Estado nacional, el gremio de la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) de Córdoba denunció que esta semana ya se han producido alrededor de 150 bajas, que podrían llegar a 250 en los próximos días, en distintos organismos nacionales que funcionan en la provincia.

El titular de ATE-Córdoba, Federico Giuliani, calificó de “desesperante” la situación que están viviendo los empleados públicos de organismos nacionales de Córdoba, sobre todo, los contratados.

“La situación es desesperante. Trabajadoras y trabajadores contratados que ganan $ 400 mil mensuales, y tienen más de 20 años de antigüedad, pero no estabilidad, se están quedando sin trabajo. En muchos casos, con más de 50 años de edad. ¿Dónde se van a reinsertar? Es imposible, es un drama”, argumentó el titular de ATE delegación Córdoba.

Cierre. El Gobierno nacional comunicó ayer el cierre de todas las delegaciones del Enacom. En Córdoba hay 29 contratados que perderán sus puestos.

El presidente Milei dijo el martes pasado que no se renovarán 70 mil contratos que vencen este 31de marzo.

Sin embargo, el vocero presidencial, Manuel Adorni, dio ayer otra versión, con un número muy inferior. Aseguró que 70 mil son los contratos que están “bajo análisis”, pero los que no se renovarán a partir del próximo lunes serán 15 mil.

“El resto se renovará por seis meses, para seguir el análisis de cada uno”, informó el vocero del Presidente.

Según los datos que manejan en el gremio de ATE local, en esta semana hay más de 150 contratados a los cuales ya se les comunicó que no se les renovará el vínculo.

Se trata del Centro de Referencia del Ministerio de Desarrollo Social de la Nación de la ciudad de Córdoba, en el cual hay 82 trabajadores contratados. Hay otras 38 bajas en la delegación local de la Secretaría de Economía Familiar, también del Ministerio de Desarrollo, otros ocho contratos que no se renovarán en el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) y 10 en la delegación local del Inadi.

El Gobierno nacional comunicó ayer el cierre de todas las delegaciones del Ente Nacional de Comunicaciones (Enacom), entre ellos, el de Córdoba, que tiene a 30 empleados, de los cuales 29 son contratados.

Según ATE estos más de 150 no serán los únicos contratados que perderán sus puestos en organismos nacionales que hay en la provincia.

Corren riesgo 81 trabajadores de la Unidad Turística de Embalse. También habría más de un centenar de bajas de contratos en distintas delegaciones locales de Anses, de Pami y de la Comisión Nacional de Energía Atómica (Conea).

Según el gremio, hay mucha preocupación en el personal contratado de otros organismos, como Renaper, Senasa, Conicet, Ministerio de Trabajo, Administración Nacional de Aviación Civil (Anac), Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria ( Inta), Instituto Nacional de Tecnología Industrial (Inti) y la delegación de Migraciones.

Por ahora como trascendidos, también habría baja de contratos en las empresas nacionales radicadas en Córdoba, como Fadea, Fabricaciones Militares (Río Tercero y Villa María) y Dioxitek, aunque por ahora no hubo rescisiones del vínculo laboral.

Estimaciones

Más allá de la confirmación que ayer hizo el vocero presidencial, en el gremio nacional de ATE ya tenían la estimación de que habría entre 14 mil y 15 mil bajas de contratos.

Aunque lejos de los 70 mil contratos rescindidos que anunció el presidente Milei, si el próximo lunes se oficializa la caída de 15 mil puestos de trabajo, esto impulsará un nuevo paro nacional para la próxima semana.

ATE concretó el martes un paro nacional contra esta decisión de la Casa Rosada, pero el miércoles habría otra medida de protesta nacional, cuando se oficialice la baja de los contratos que anunció Adorni.

“Vamos a resistir esta medida en las calles. El Gobierno nacional tiene muchas alternativas para bajar el gasto público, no a costa de los trabajadores que ganan mucho menos que la canasta básica de alimentos. De cumplirse lo que dicen los funcionarios nacionales, en Córdoba se darían de baja a no menos de 250 contratos, sólo en estos días”, confirmó Giuliani.

Apuntó a las cooperativas

A través del vocero presidencial, Manuel Adorni, el Gobierno nacional hizo ayer otro resonante anuncio de ajuste. El funcionario nacional aseguró que se daría de baja a más de 11 mil cooperativas que tenían financiamiento estatal para implementar planes sociales, especialmente, el desaparecido programa Potenciar Trabajo.

“El Ministerio de Capital Humano va a depurar el padrón del sistema de cooperativas. Se va a suspender la operatoria de las que fueron creadas entre 2020 y 2022 y pondrá bajo la lupa a miles más”, expresó el vocero del presidente Javier Milei.

“Se va a inspeccionar a 4.355 cooperativas creadas en 2023 y se va a retirar para operar a 11.853 que habían sido suspendidas en 2019 y que, por alguna razón que no comprendemos, la administración anterior (de Alberto Fernández) decidió seguir financiando”, manifestó Adorni.

El portavoz aportó números para justificar la decisión que seguramente agravará la tensión entre el gobierno de Milei y los referentes de los movimientos piqueteros.

“El padrón (de cooperativas) aumentó 138% en los últimos cuatro años. El 72% de ellas fueron constituidas entre 2020 y 2022, y de ese universo el 70% no presentó balances ni asambleas”, argumentó Adorni.

El funcionario nacional también brindó un dato, dando a entender que hay presunta corrupción en el funcionamiento de las cooperativas. “El 22% repiten asociados entre ellas; el 20% usó el mismo mail para registrarse; y el 9%, increíblemente, comparte domicilio”.

Las cooperativas y asociaciones civiles fueron importantes en la ejecución del plan Potenciar Trabajo, que ya fue dado de baja por este Gobierno.

Los beneficiarios de este plan (1,2 millones) debían cumplir alguna contraprestación. La mayoría lo hacía en estas cooperativas de trabajo administradas por organizaciones piqueteras, que eran financiadas por el Gobierno nacional a través del Ministerio de Desarrollo Social. Ya hay causas judiciales que involucran a dirigentes piqueteros.

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