Argentina: Milei redobla apuesta liberal y envía al Congreso polémico paquete de reformas
BUENOS AIRES (AP) — Pese a que desde lo numérico es el presidente con menos apoyo en el Congreso desde el retorno de la democracia, el ultraliberal Javier Milei presentó el miércoles diversos proyectos de ley que incluyen desde una reforma del sistema electoral, penas más duras contra las protestas, amnistía fiscal de capitales y privatizaciones, entre otros, como parte de su política para limitar la intervención del Estado en la economía.
El ministro de Interior, Guillermo Francos, entregó el documento de casi 200 páginas, titulado “Ley de bases y puntos de partida para la libertad de los argentinos”, al presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem. El paquete deberá tratarse en el Parlamento durante el período de sesiones extraordinarias.
“La presente ley tiene por objeto promover la iniciativa privada, así como el desarrollo de la industria y del comercio, mediante un régimen jurídico que asegure los beneficios de la libertad para todos los habitantes de la Nación y limite toda intervención estatal que no sea la necesaria para velar por los derechos constitucionales”, argumentó el Poder Ejecutivo en la introducción del texto.
Los proyectos de leyes incluyen temas que son exclusiva facultad del Congreso y se complementan con el plan ortodoxo de ajuste y un decreto de necesidad y urgencia de desregulación de la economía que dispuso el mandatario tras asumir el 10 de diciembre.
El partido gobernante, la Libertad Avanza, es la tercera fuerza en el Congreso —no más de 40 diputados sobre un total de 257 y ocho senadores de 72— por lo que la capacidad de negociación del propio presidente Milei y sus legisladores se pondrán a prueba en el debate parlamentario.
En primer lugar, Milei pidió al Congreso la delegación de facultades en principio por dos años en materia “económica, financiera, fiscal, previsional, de seguridad, defensa, tarifaria, energética, sanitaria, administrativa y social”.
El proyecto incluye la eliminación de las primarias abiertas, simultáneas y obligatorias (PASO) en las que cada fuerza política debía obtener un piso de 1,5% del padrón electoral para competir en las elecciones generales y de medio término, además de definir a sus candidatos. Y un nuevo cálculo para establecer la representatividad de cada distrito según censo 2022.
En línea con el nuevo protocolo de seguridad contra las protestas callejeras, que facultó a la policía a intervenir sin autorización previa de un juez contra manifestaciones que interrumpan vías de circulación, el ejecutivo propone penas de prisión.
Según el texto, todo manifestante que “impidiere, estorbare o entorpeciere el normal funcionamiento de los transportes por tierra, agua o aire o los servicios públicos de comunicación, de provisión de agua, de electricidad o de sustancias energéticas, será reprimido con prisión de uno a tres años y seis meses”.
Además, exige que toda manifestación deberá ser notificada ante el Ministerio de Seguridad con una antelación no menor de 48 horas.
En materia penal, plantea una legislación más permisiva para las fuerzas de seguridad en caso de legítima defensa.
En otro orden, Milei propone una amnistía fiscal de capitales no declarados hasta el 30 de noviembre de 2024 –excluye funcionarios públicos— y aumenta del 31% al 33% la alícuota para exportaciones de subproductos de la soja, una de las principales fuentes de divisas del país sudamericano.
El proyecto habilita la privatización de empresas y sociedades de propiedad total o mayoritaria estatal, entre ellas, Aerolíneas Argentinas; bancos públicos; Casa de la Moneda; correos, servicio de agua, ferrocarriles y diversos medios públicos.
También crea un fondo especial destinado a la reconversión laboral del sector público dirigido a los empleados cuyos puestos queden suprimidos por los recortes.
Por otra parte, pidió al Congreso eliminar la fórmula de movilidad jubilatoria que establecía los aumentos periódicos de jubilaciones según la inflación y que se faculte al ejecutivo a fijar un nuevo cálculo, aunque sin plazos.
En otros puntos, autoriza a las universidades públicas a fijar aranceles para extranjeros no residentes; desregula el mercado editorial, elimina el Fondo Nacional de las Artes y el Instituto del Teatro y flexibiliza legislación en materia medioambiental.
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