El disparatado cepo aéreo: un nuevo ataque a la libertad
editoriales
Se torna imperioso que el gobierno nacional deje de inmediato sin efecto la trasnochada e inconstitucional decisión administrativa por la cual limitó de 2000 a 600 personas el cupo de ingresos diarios en vuelos internacionales al país hasta el 9 de julio próximo. Como en otras ocasiones anteriores, las autoridades nacionales están equivocando el camino para enfrentar la pandemia de coronavirus, y no solo insisten en recetas inconducentes para resolver el problema, sino que pisotean los principios que rigen la república y el respeto a las libertades individuales.
La decisión oficial es claramente contraria a la Constitución. En primer lugar, porque una restricción de esta naturaleza debería haber sido adoptada por el Congreso de la Nación. Cualquier limitación a los derechos de las personas solo puede reconocer como fuente una ley y no una norma del Poder Ejecutivo. Mucho más, si el Poder Legislativo está sesionando con habitualidad, como ahora. En segundo lugar, resulta absolutamente arbitraria, además de conculcatoria del derecho de entrar y salir del país, la fijación de un número tan bajo de personas que puedan reingresar al territorio argentino.
No menos llamativo resulta que se adopte la medida en perjuicio de residentes en la Argentina provenientes de algunos países, como por ejemplo Estados Unidos, que hoy ostentan tasas muy bajas de contagios y elevados niveles de vacunación.
Estamos así ante un nuevo indicador del avance del autoritarismo, al mejor estilo de algunos feudos del interior del país, como el formoseño de Gildo Insfrán, que pone de manifiesto los recurrentes abusos de poder con un pretexto sanitario.
El gobierno de Alberto Fernández confirma lamentablemente de este modo el aislamiento de la Argentina en el mundo, llegando al extremo de ser uno de los pocos países que no permiten a sus residentes retornar del extranjero.
Al margen del palazo que significa la medida para una industria ya muy golpeada, como la del turismo, y de los innecesarios conflictos que ha sembrado la medida entre los operadores aéreos y turísticos y la población afectada, el decreto generará enormes consecuencias a demasiada gente por demasiado tiempo, que no se limitarán al daño económico, sino también al moral.
La desproporción entre quienes tenían previsto regresar del exterior a la Argentina en estos y en los próximos días y los escasísimos vuelos autorizados a arribar al aeropuerto de Ezeiza podría dejar varados a no pocos compatriotas hasta por un mes. Como señaló LA NACION, si por cada día de los 12 que regiría la medida restrictiva de los vuelos quedaran sin poder ingresar 1400 personas, en todo ese período se acumularían casi 17.000 pasajeros varados, que podrían ver postergado su regreso por 28 días.
Lo único que demuestra tan desesperada como disparatada medida del Gobierno es la ausencia de un plan sanitario serio para evitar los contagios. Si las autoridades han resuelto dejar varados a un número de argentinos que puede estimarse en alrededor de 40.000 es por su incapacidad para llevar a la práctica eficazmente una política de prevención sanitaria y de provisión de vacunas.
Entre tantos interrogantes que desde el Gobierno no son respondidos, cabe preguntarse dónde están los aproximadamente 4,5 millones de dosis de vacunas contra el Covid-19 que entraron al país y que aún no han sido aplicadas, y cuántos contagios y muertes podrían haberse evitado si los funcionarios hubieran actuado con la debida celeridad y responsabilidad para conseguir vacunas de laboratorios como Pfizer, que pudieron haber llegado a la Argentina.
Desde el oficialismo, se ha señalado que la medida obedece al incumplimiento de la cuarentena por parte de muchos argentinos que han regresado del exterior. Olvidan que muchos de sus representantes no han dado precisamente el mejor ejemplo.
El bloqueo del regreso al país de miles de argentinos parece fundarse en una muestra de resentimiento o rencor con marcado sesgo ideológico, antes que en una preocupación sanitaria que no encuentra en la gestión gubernamental el manejo esperado.
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