El Cronista @cronistacom: Evasión: los dólares que mira Sergio Massa y contra qué organismo apunta

Evasión: los dólares que mira Sergio Massa y contra qué organismo apunta

El debate presidencial, del pasado domingo, dejo pocas definiciones en materia tributaria. Más allá de la propuesta generalizada de bajar los impuestos, que resuena hace años, el candidato del oficialismo, Sergio Massa, plateó una nueva arista en la reforma del sistema.

Además de un blanqueo de capitales sin cargas impositivas, el ministro de Economía anunció que, en caso de triunfar en las urnas, subirá las penas de la ley penal cambiaria y tributaria para que los evasores y quienes fugan vayan a la cárcel.

«En Argentina, es gratis ir al Tribunal Fiscal, hay u$s 5000 millones durmiendo», afirmo Massa en el programa La Caja Negra. Y agregó: «Muchas grandes empresas, en lugar de pagarle a la AFIP, apelan a lo que la AFIP determina y se van al tribunal, donde las deudas duermen años y años y se van devaluando».

Así, Massa sostiene que los jueces que integran el Tribunal, de los cuales asegura que no puede nombrar por desconocimiento a ninguno, «son quienes todos los años definen si el Estado recauda o no».

Las denuncias por parte del candidato de Unión por la Patria (UP) se sostiene en el informe de gestión de sentencia del Tribunal, a cargo del presidente Miguel Nathan Licht, de los primeros ocho meses del 2023. 

Según datos oficiales, desde enero a agosto, del total de 2603 sentencias producidas, el 65% correspondieron a la competencia impositiva y el otro 35% a impositivas, lo que implicó una variación positiva del 36% y negativa del 1% respectivamente en comparación con el año anterior.

«En Argentina, es gratis ir al Tribunal Fiscal, hay cinco mil millones de dólares durmiendo», afirmo Massa en el programa de Caja Negra.

En los primeros ocho meses del año, se produjeron 911 sentencias impositivas, de las cuales 427 terminaron en litigio (47%). Lo que comparado con el mismo periodo de 2022 demuestra que siete vocalías disminuyeron la cantidad de casos resueltos, cuatro aumentaron y una se mantuvo igual.

Pero la baja en la cantidad de casos resueltos no sería el único problema. El informe expuso los días que acumulan los expedientes desde su inicio: mientras que la «Vocalía 10» tiene el promedio más bajo de retención, con 364 días, en el extremo opuesto está la «Vocalía 11» con 2898 días que demora el tratamiento.

«Esto explica, en parte, la dedicación de las vocalías a resolver los expedientes más antiguos», sostuvieron en el informe. Y detallaron: «En general, las causas resueltas en este período son en casi todas las vocalías más antiguas que el promedio de los expedientes al 31 de diciembre de 2022».

Versiones oficiales contrapuestas 

Frente a este escenario, y a los fines de la que las deudas no se devalúen, la legislación que pretende establecer el ministro de Economía se basa en el principio de solve et repete, en donde haya plazos para los contribuyentes para que «primero paguen y después se quejen». 

Esta medida iría acompaña de la reforma integral de la ley penal tributaria que aumentaría los años de pena. «En la Argentina tiene que haber presos por evadir impuestos, porque eso va a hacer aleccionador», argumentó Massa.

Pero dichas versiones y las propuestas son rechazadas por el Tribunal. Mediante su red social X, el presidente Nathan Licht aseguró que los problemas de evasión impositiva no se van a resolver prometiendo garrote y con censura al ejercicio de defensa.

«La ingente necesidad de recaudación fiscal no puede realizarse a costa del sacrificio de la defensa», sostuvo con respecto a la iniciativa de Massa. Y agregó: «El derecho público es el delicado equilibrio entre prerrogativas y garantías».

En cuanto al plazo de tratamiento de los casos, si bien el titular del organismo reconoce la demora, encuentra que las causas se deben a que los esfuerzos erróneos que se concentran, muchas veces, en multas expresadas en pesos «que son insignificantes».

A su vez, argumento que el Gobierno tiene al alcance de su mano mecanismos para resolver las deficiencias por falta de recursos. Ya que, mediante un decreto, el poder ejecutivo podría ampliar la cantidad de vocalías, que se mantiene en el mismo número desde hace años.

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