Antes de pensar en gastar más, hay que asumir que no hay más crédito
En un país que vive en déficit fiscal en forma casi permanente (con algunos años excepcionales de superávit), hay que asumir que cada peso que se suma al gasto público, tarde o temprano se transforma en deuda. En algunos casos, tenemos la suerte de que determinadas inversiones del Estado sean solventadas por organismos como el BID o el Banco Mundial. Pero todo aquello que no sea respaldado por recursos específicos, hoy es financiado a través dos fórmulas elementales: por particulares que compran bonos públicos (personas comunes, fondos de inversión, bancos) o por el Banco Central, que emite pesos y se los envía al Tesoro.
Las cuentas públicas no tienen mucho más misterio que el presupuesto de una familia. Cualquier asalariado entiende que si no contiene su gasto en algún momento el límite de su tarjeta de crédito se va a saturar, y será necesario llamar a su banco para renegociarlo. La entidad financiera le pedirá demostrar algún ingreso adicional o constituir una garantía, y recién ahí podrá planificar sus finanzas, a sabiendas de que si sigue elevando su gasto, este proceso no podrá repetirse indefinidamente.
En 2017 el gobierno de Mauricio Macri aumentó el gasto, como en todos los años electorales, asumiendo que el mundo estaba dispuesto a financiar a la Argentina. Tomó un riesgo y no le salió bien. Un año más tarde, cuando se cortó el ingreso global de capitales (un evento que cada tanto castiga a los países emergentes, como pasó con el efecto Tequila en 1994, o las crisis de Rusia y el sudeste asiático de fines de los ’90), la Argentina llamó al FMI para pedirle que aporte los fondos que retiraron los privados. El país se salvó del default, pero no puede postergar más la hora de devolverlos.
La negociación que se apresta a cerrar Martín Guzmán esta semana, no fue otra cosa que discutir los límites de nuestra tarjeta de crédito con el Fondo. Y si bien es cierto que el organismo hizo concesiones para conseguir un acuerdo «realista», no renunció a un criterio básico: la Argentina tendrá que demostrar que hacia adelante sus ingresos mejorarán. O que al menos cualquier reforma del gasto será para hacerlo más eficiente, no más pesado.
Que haya legisladores o funcionarios que se molesten porque el acuerdo insinúe algún tipo de reforma en los regímenes jubilatorios, es entendible desde el punto de vista político. Pero es hora de que comprendan que asumir pasos como éste (mencionado solo como ejemplo) es parte de la responsabilidad que le toca a quien administra los bienes públicos.
El Gobierno hace un esfuerzo por remarcar que el gasto social o en infraestructura no bajará, o que la fórmula de ajuste de las jubilaciones seguirá igual. Al FMI no le cambia la vida en qué quiere gastar la Argentina su presupuesto. Solo espera que su clase política acepte que no hay más crédito para nuevo gasto, ni margen fiscal para financiarlo. El resto es retórica.
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