El Cronista @cronistacom: La UTA amenaza con un paro inminente de colectivos y Camioneros frena su definición: qué hará el Gobierno

La UTA amenaza con un paro inminente de colectivos y Camioneros frena su definición: qué hará el Gobierno

Camioneros está dispuesto a confrontar con el gobierno de Javier Milei por la demora en homologar su paritaria de febrero pero mide sus movimientos. En la tarde del domingo, en el gremio que conduce Pablo Moyano hacían las cuentas de los días hábiles para jugar la carta del paro nacional prometida para hoy por el propio triunviro de la CGT. Pero a la vez, se mantenían a la expectativa ante los rumores de una posible conciliación obligatoria como freno a su medida de fuerza. También la UTA amanece en estado de alerta, revisando las cuentas.

Todo parecía indicar ayer a la tarde que la intención de Camioneros es mantener la presión sin apurarse a escalar más allá de lo verbal hoy lunes 8 de abril por temor a quedar en off side. Luego lo confirmó el propio Pablo Moyano: no habrá hoy medida de fuerza, como él mismo había sugerido, sino que la decisión se tomará en un congreso de Camioneros el jueves si se vence el plazo o el Gobierno les notifica formalmente su decisión de no homologar el acuerdo. Hugo Moyano conducirá el cónclave que tendrá lugar el mismo día que la CGT convocó a su Consejo Directivo para debatir un plan de acción a nivel nacional. 

La duda que subsistía hasta ayer era si se habían cumplido los plazos: los feriados de Semana Santa -con sus días no laborables- y los «puente» distorsionaron el calendario de 30 días hábiles que tiene de tiempo la Secretaría de Trabajo para homologar los acuerdos salariales entre las partes. Según se consideren o no esas fechas, el plazo vence hoy o recién el jueves. Y hasta que eso ocurra, Camioneros no moverá su ficha.

Pero también hay otras cuestiones en juego, más vinculadas al pragmatismo y lo político. Por caso, en el gremio de los Moyano afirman que varias empresas ya están pagando el aumento acordado en carácter de «adelanto a cuenta de paritarias», de modo tal que no impacta en los bolsillos, mayormente, que el Gobierno pise el acuerdo. A esta altura, parece más una pelea de cincha política contra la intención de Luis Caputo de fijarle un «techo» a las negociaciones salariales. 

Por eso, el carril político de esta puja implica también sumar volumen al posicionamiento de Camioneros como el que le garantizó el gobierno de Axel Kicillof. La Provincia de Buenos Aires, que concentra con sus terminales gran parte del destino final de la carga y por ende también es el centro neurálgico de la logística, homologó el acuerdo a través de su Ministerio de Trabajo. 

En Camioneros confían en que no sería, de hecho, la única en avalar su negociación. Creen que otras provincias podrían seguir por el mismo camino durante esta semana, al menos, cuatro de ellas, en la Patagonia y el oeste del país. 

Estos argumentos formarían parte también de la ofensiva legal que trabajan desde la Federación de Choferes de Camiones en simultáneo con la presión gremial. Sus asesores legales remarcan que los acuerdos que se cierran no son con el Gobierno nacional sino con privados (empresas) o gobiernos municipales (recolección de basura) por lo que argumentarían en contra del requisito de homologación para su entrada en vigencia.

En Chubut, por caso, el líder local del gremio, Jorge Taboada, replicó la amenaza de Pablo Moyano en sus propias redes. «Si nuestra gente no cobra el aumento en marzo, tomaremos las medidas necesarias», enfatizó el dirigente. Es uno de los distritos donde desde el gremio consideraban que podía darse ese aval. Sin embargo, fuentes del gobierno de Ignacio Torres afirmaron a El Cronista que no homologaron el acuerdo como Kicillof.

¿Puede el Gobierno dictar la conciliación con Camioneros?

A fines de la semana pasada, Pablo Moyano previo que «se pararán las 18 ramas de la actividad y no habrá transporte de ningún producto». En cambio, en el Ejecutivo nacional sostienen que la homologación no es un acto automático, sino que forma parte de los deberes del Estado en lo relacionado con la garantía del orden público. En otras palabras, velar porque no se afecten derechos de terceros a los cuales se les impone este convenio si se homologa, aseguran.

Por ello señalan que el convenio en cuestión ha sido impugnado por la Cámara de Transporte de Santiago del Estero (CATSE), la Asociación Propietarios de Camiones de Mendoza (APROCAM), la Cámara Empresaria del Autotransporte de Cargas de Córdoba (CEDAC) y la Unión Propietarios de Camioneros sanjuanina (Uprocam San Juan). Hasta tanto no se resuelvan esos expedientes, desde Trabajo no avanzarían con la homologación.

En febrero, Camioneros cerró un acuerdo por un aumento del 25% en marzo y un 20% en abril, uno de los más elevados en relación a otros gremios y más de diez puntos por arriba del techo del 12% que había fijado el Ministerio de Economía de forma tácita. De hecho, el Gobierno cerró las paritarias estatales de febrero en ese porcentaje y ofreció solo un 8% en marzo. Ahora busca que sean las propias empresas las que bajen los aumentos por debajo de la expectativa inflacionaria.

En el gobierno de Javier Milei remarcan que, en caso de concretarse el paro, los perjudicados serán «todos los argentinos» como consecuencia de que Moyano presiona para «obtener un dictamen favorable» solo para su sector. Aseveran que su conducta viola el estado de Derecho. Por eso la considerarán «ilegítima» y de ahí los rumores que recogen desde el sindicato de una posible conciliación.

«Sería insólito porque no estamos peleando por salarios. Eso ya lo acordamos. ¿Conciliación para qué?», inquieren desde las filas moyanistas, al ser consultados por El Cronista

En el Gobierno devuelven la pelota a la cancha del cosecretario general de la CGT. «Creemos en un Argentina sin violencia, donde las instituciones funcionan, como están funcionando, y no hay ‘aprietes’ ni dirigentes que por la fuerza busquen doblegar al otro y mucho menos al Estado», desliza un funcionario nacional. 

Por eso «le pedimos a Moyano que se mantenga dentro del marco de la Ley, la gente votó un cambio profundo, ahora las reglas se cumplen y nadie está por encima de la ley… por más poderoso que se crea algún sindicalista», completa.

De igual modo se expresó ayer Guillermo Francos, el ministro del Interior, al ser entrevistado en Radio Rivadavia. «El ministro de Economía dijo con claridad que el Gobierno no iba a convalidar aumentos por encima de la inflación, de manera que habrá que ver cómo se plantea esa discusión y cuál es la medida que el Gobierno toma si se llega a realizar un paro», sostuvo. Y adelantó que harían uso de las herramientas legales acordes. 

Tensión en transporte: ¿hay paro de colectivos el lunes 8?

Mientras tanto, las tensiones con otros gremios también van en crecimiento por disputas que giran en torno a los salarios. Hoy, lunes 8 de abril, podrían escalar las disputas entre con los choferes de colectivos y las empresas si los salarios que se depositan no coinciden con lo que la Unión Tranviarios Automotor (UTA) demanda. También se habla de un paro en ese caso en el AMBA.

«Nosotros acordamos las paritarias y la Secretaría de Trabajo se toma más de 10 días para homologar. Pasó la Secretaría de Transporte, pasó Economía y los empresarios manifestaron que cobramos sin aumento. A nosotros nadie nos informó de eso y mañana (por hoy) sabremos si se cumple o no lo acordado. Caso contrario reclamaremos nuestro dinero», indicó Roberto Fernández, secretario general de la UTA, a El Cronista.

«La UTA reclama la acreditación de los sueldos de marzo con una actualización según el artículo 6° de su convenio paritario. El entendimiento firmado para enero y febrero prevé un básico de $ 987.000 que, acorde a la evolución de Índice de Precios al Consumidor (IPC) de febrero, debía tomarse como piso para actualizar los ingresos tanto en lo que respecta al personal de conducción inicial como su proporcional al resto de las categorías», indican desde el área de Transporte.

Sin embargo, las empresas sostienen que solo pueden pagar $ 737.000 y que no pueden abonar la diferencia – $250.000 que se añadieron como bono en febrero- si no es subsidiada por el Estado, algo que el Gobierno hoy se niega a asumir. 

En la misma línea que Camioneros, en la UTA insisten que no se trata de una disputa salarial para que se habilite una conciliación obligatoria sino que, llegado el caso, se trataría de una liquidación errónea.

«La Secretaría de Transporte de la Nación no tiene injerencia en los acuerdos de paritarias que mantiene la UTA con la patronal, no es parte del acuerdo y por ende no es responsable de los mismos», se diferencian desde el Ejecutivo. Y limita su accionar al reconocimiento de costos en el sector, en diálogo con las cámaras empresarias, sin ser parte del conflicto.

En referencia al reclamo de subsidios, en el área detallaron a este medio que se encuentran al día con el pago de todos los fondos previstos y «el único responsable del pago salarial a sus empleados son las empresas y no las secretarías gubernamentales», puntualizaron desde el Gobierno.

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