Uruguay: militar acusado de espionaje político es imputado por cohecho
MONTEVIDEO (AP) — La justicia uruguaya imputó el martes cargos por cohecho a un militar uruguayo retirado acusado también por espionaje a dos senadores uruguayos en 2022, en una compleja investigación que involucra al custodio personal del presidente de Uruguay y presuntas irregularidades en la concesión del puerto de Montevideo.
El uniformado retirado Marcelo Acuña, también gerente de una compañía de seguridad llamada Vertical Skies con sede en Uruguay, Argentina y Miami, en Estados Unidos, fue imputado en una audiencia por cohecho calificado en calidad de coautor, después de que la fiscal de flagrancia Sabrina Flores pidiera la semana pasada su vinculación a un proceso que tiene varias ramificaciones.
Según las investigaciones, Acuña y el excustodio personal del presidente Luis Lacalle Pou, Alejandro Astesiano, cooperaron en una trama para espiar y sacar información personal con la que presionar a dos senadores —Mario Bergara y Charles Carrera, del opositor Frente Amplio—, que habían denunciado irregularidades en la concesión del puerto de Montevideo a un consorcio privado por 50 años vía decreto ministerial en 2021.
Los legisladores mencionaron en su denuncia “abuso de funciones” en “la entrega” de la obra de infraestructura a la empresa privada.
El expediente judicial abierto ahora por cohecho — y paralelo al otro proceso ya existente por el espionaje— no detalla los montos de los presuntos sobornos y esa materia es parte de lo que el Ministerio Público investiga.
Pero en el escrito de imputación de la fiscalía contra el militar, al que accedió The Associated Press, se indica que Acuña solicitó “información de índole personal referente a Carrera y Bergara” a Astesiano, el exguardaespaldas presidencial, “para poder atarlos, para que retiren la denuncia del puerto”.
La fiscal señaló en su imputación que, en caso de conseguir esa información, ambos “se van a ver beneficiados” y que habría dinero por culminar el pedido.
De acuerdo con el planteamiento de la fiscalía, Acuña y Astesiano se comunicaron regularmente acerca de ese tema desde el 11 de marzo al 4 de abril de 2022. Y después, los intercambios de mensajes se cortaron y Acuña borró los que tenía en su teléfono celular.
El militar retirado negó en audiencia haber desinstalado la aplicación de mensajería celular Whatsapp al saberse investigado.
Acuña reconoció en las audiencias previas ante el equipo fiscal que la información personal y antecedentes de los senadores se lo pidió Mario Fraud, director de una empresa de seguridad en Uruguay, pero este último lo negó ante la justicia.
Además de esta causa, existe otra línea de investigación de la fiscalía sobre eventual corrupción en licitaciones públicas. De los chats recuperados como evidencia de Astesiano, la fiscalía deduce que tenía influencia para que empresarios consigan licitaciones públicas y favores en diversas dependencias estatales. Muchas veces lo hacía en nombre del presidente.
El senador Mario Bergara dice no tener “elementos para opinar” sobre si el espionaje salió de la órbita presidencial o sus círculos cercanos. “Ante la falta de cooperación de Astesiano y Acuña no se ha determinado quiénes mandaron investigar”, comentó a la AP.
El presidente Luis Lacalle Pou, y sus más estrechos colaboradores, comparecieron ante la fiscalía el año pasado.
El actual jefe de la seguridad presidencial, el comisario mayor Ricardo Martínez, también declaró en calidad de testigo. En uno de los audios de las pericias telefónicas que maneja la fiscalía, Martínez ofrece información sobre el senador Carrera a Astesiano.
“El presidente (Luis Lacalle Pou) supuestamente quería saber. (…) Si no recuerdo mal, el chat dice: ‘Luis quiere llegar al fondo de todo’”, reconoció el comisario Martínez ante la fiscal Flores en mayo de este año, según la grabación de la audiencia a la que accedió la AP.
No es el único caso donde el gobierno de Lacalle Pou queda bajo la mirada de la justicia. A finales de octubre declararán los ministros de interior y relaciones exteriores, además de otros jerarcas, por la entrega de un pasaporte al narcotraficante Sebastián Marset, prófugo de la justicia boliviana y paraguaya.
Marcelo Acuña fue militar hasta su retiro como capitán tras más de veinte años de servicio. En 2019, durante la campaña política que llevó a Luis Lacalle Pou a la presidencia, integró la seguridad de Juan Sartori, un exitoso empresario que logró ser senador en el ahora partido de gobierno.
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