Una Legislatura problemática
Los primeros seis meses del nuevo período legislativo de la Unicameral cordobesa demuestran las serias dificultades que enfrentan los distintos partidos y frentes políticos para convivir en un espacio institucional en el que deben imperar el diálogo y el consenso.
Es un serio déficit en nuestra manera de entender y practicar la democracia, cuyas múltiples consecuencias suelen ser menospreciadas por sus actores, de modo que revertir la situación por medio de la reflexión resulta muy difícil.
Las elecciones del año pasado y las complejas dinámicas políticas que se viven al interior de algunos partidos o coaliciones generaron una Legislatura donde, por primera vez en su historia, el oficialismo no cuenta con la mayoría. Además, tiene que aceptar una relativamente alta fragmentación, ya que los 70 legisladores que la componen se distribuyen en 11 bloques.
Por supuesto, la administración de la gobernabilidad es responsabilidad de quien ocupa el Poder Ejecutivo. Es desde la Gobernación donde se debe convocar a los bloques opositores para acordar una agenda legislativa. Ello no implica un cogobierno, sino la lógica búsqueda de un mínimo consenso que permita al Poder Ejecutivo contar con los instrumentos legales que considere necesarios para sustentar su programa de acción.
Sin embargo, el peronismo cordobés –que antes, amparándose en que era mayoría, tendía a marginar a la oposición en la Legislatura– ahora parece privilegiar la cooptación de opositores, en el marco de su proyecto “cordobesista”. Y, si no lo consigue, parece preferir que la Unicameral no funcione.
En estos primeros seis meses, se sesionó cada 15 días, y no todas las semanas, como fue costumbre desde el regreso de la democracia. Y se aprobaron unas pocas leyes, a las que no se puede calificar como prioritarias: declaración de la lengua ranquel como parte del patrimonio cultural; inclusión de las maestras de los jardines municipales al régimen jubilatorio docente; capacitación sobre Malvinas en las dependencias públicas.
El gobierno de Martín Llaryora no contó con el apoyo de la oposición para aprobar una nueva ley de seguridad ni para incrementar los aportes de los estatales y jubilados provinciales a la Administración Provincial del Seguro de Salud (Apross) y a la Caja de Jubilaciones. Lo consiguió con lo justo.
En ese contexto, los balances sectoriales coinciden en destacar virtudes propias y defectos ajenos. El oficialismo sostiene que se ha esforzado por dialogar y consensuar, pero que se encontró con una oposición que no deja gobernar. La oposición sostiene que debió defenderse de los atropellos oficialistas que intentan silenciar a la Legislatura, porque hay temas que la oposición quiere tratar pero el oficialismo se niega al debate.
Como es lógico, ambas partes no pueden tener razón. Por el contrario, es muy probable que ambas partes estén equivocadas. Lo que nos devuelve a nuestras malas prácticas democráticas: no es posible que en la falta de acuerdo la culpa siempre la tenga el otro. Si se considera que una determinada ley es necesaria para la sociedad, los distintos sectores deben trabajar juntos hasta que una mayoría significativa alcance un acuerdo razonable que la haga posible.
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