Una falla costosa e imperdonable del Estado
El Estado provincial falló. No pudo garantizar la realización del escrutinio provisorio de una elección que se presumía ajustada y en la que el principal adversario es Luis Juez, uno de los protagonista del escándalo político e institucional de 2007. El otro fue Juan Schiaretti, el gobernador que el 10 de diciembre dejará el poder.
Nadie se percató de ese gigantesco detalle. Parece increíble, de una inocencia costosísima, que está pagando Córdoba como centro de un papelón innecesario y evitable.
Parece que la apuesta fue que una diferencia holgada escondiera las irregularidades en la carga de parte de los datos. El problema surgió cuando el estrecho margen hizo evidente y puso en primer plano esas dificultades. Ese cálculo displicente es imperdonable. Desde el viernes, las autoridades electorales sabían que las fallas eran importantes. Decidieron avanzar, sin medir el riesgo que eso implicaba.
Martín Llaryora tiene razón en estar enojado por no poder celebrar un triunfo que parece sellado para el tramo a gobernador, pero que aún tiene grandes interrogantes abiertos sobre la conformación y el control de la Unicameral y del sensible Tribunal de Cuentas.
Juez también tiene razón. Le asiste el derecho de esperar hasta el resultado del escrutinio final para reconocer la derrota. Lo habilita el margen estrecho que había a la 1 de la mañana ya del lunes, cuando el procesamiento de datos se ralentizó en el momento en que se llevaba escrutado el 85% de las mesas de votación y el Tribunal Electoral informó un cambio en la carga de datos.
Responsables e irresponsables
El gobernador Juan Schiaretti culpó este martes a la Justicia electoral (al Poder Judicial cordobés) y a la empresa Ocasa, a cargo de la logística, por los “errores” que le impidieron a Llaryora “levantar la copa”, como también lamenta en clave futbolera y en cada lugar que puede el intendente capitalino.
La responsabilidad política de generar las garantías para el desarrollo normal de una elección provincial le cabe al gobierno que comanda Schiaretti, por más que el acto comicial esté bajo la órbita del Poder Judicial.
¿Quién audita a la Justicia? ¿Puede cometer errores sin pagar costo alguno? ¿Alguien se hará cargo de la situación? ¿O en la multa económica de la que ya se habla que se le aplicará a Ocasa se cortará la cadena de responsabilidades?
Fueron muchos y potentes los reproches que desde el mismo domingo por la noche se lanzaron desde el oficialismo y la oposición hacia las cabezas de la Justicia provincial. Juez, por ejemplo, pidió explicaciones desde el búnker de Juntos por el Cambio. Le respondieron con vaguedades cuando la situación requería de certezas o de acciones de contingencia ante la delicada situación. Desde el Panal hay pedidos de explicaciones a las autoridades judiciales: ahora se reclama celeridad absoluta para que el conteo definitivo y único legal se agilice todo lo posible.
Córdoba dio algunos escasos pasos en mejora de calidad institucional en materia electoral luego de la crisis política de 2007. Casi todo lo que debe hacerse está ya escrito en las recomendaciones que quedaron plasmadas en las conclusiones que los expertos escribieron en el Así No va más, presentadas en 2008.
Quince años después, un nuevo fracaso hace evidente que es necesario volver a poner en valor esas sugerencias.
La parte final del prólogo de aquel libro es reveladora: “Podrán cambiarse las leyes e incluso la Constitución, pero nada será eficaz si no hay voluntad de cumplir y hacer cumplir la ley, si no hay vocación de construir un sistema político participativo al servicio de la ciudadanía. Y esto constituye una responsabilidad de todos”.
https://www.lavoz.com.ar/opinion/una-falla-costosa-e-imperdonable-del-estado/
Compartilo en Twitter
Compartilo en WhatsApp
Leer en https://www.lavoz.com.ar/opinion/una-falla-costosa-e-imperdonable-del-estado/