Un justo reclamo, en nombre de la paz social
No puede haber paz social si no hay justicia. Esa reflexión expresó Gustavo Álvarez –padre de Alexa, la adolescente víctima del siniestro de Altas Cumbres que protagonizó el exlegislador Oscar González– en un acto en Villa Carlos Paz.
El choque ocurrió el 29 de octubre del año pasado. González resultó ileso. Las víctimas iban en el otro vehículo. Alejandra Bengoa murió. Marina, hija de Alejandra, y su amiga Alexa, de 15 años, resultaron con serias heridas. De hecho, Alexa quedó parapléjica.
González era entonces la tercera autoridad de la Provincia: se desempeñaba como presidente provisional de la Legislatura. La sospecha es que se cruzó de carril a alta velocidad y causó el desastre. Está imputado por homicidio culposo agravado y lesiones culposas agravadas, y hace un mes se negó a un peritaje psicológico.
El siniestro vial desnudó una serie de irregularidades que también deberán ser investigadas por la Justicia, para determinar si constituyeron delitos en sí mismas.
Por un lado, González, con domicilio en Villa Dolores, circulaba con una licencia emitida en Las Tapias. ¿Por qué fue a sacar su carné a otra localidad? Según el Registro Provincial de Antecedentes de Tránsito, no cumplía los requerimientos para tener una licencia de conducir, por haber cometido sucesivas faltas de tránsito. El problema podría ser de larga data: sus anteriores carnés fueron entregados por los municipios de La Calera, San Javier y Yacanto, lejos de Villa Dolores.
Por otro lado, manejaba uno de los autos cedidos por el Poder Judicial a diferentes áreas del Estado. Así se supo que González administraba cuatro de los nueve vehículos cedidos a la Legislatura. ¿Hacía un uso discrecional de la cosa pública? ¿Esos vehículos pueden destinarse para asuntos o viajes particulares? ¿O su uso debe estar estrictamente reservado para actividades protocolares?
En abril, el fiscal federal Maximiliano Hairabedian solicitó el procesamiento de González por “uso irregular” del auto con el que chocó y justificó su competencia en que fue debido a una causa federal que se secuestró el coche en cuestión. Pero el juez Sergio Pinto entendió que no le correspondía a ese fuero investigar. Será la Justicia provincial, entonces, la que deberá resolver si González fue un “depositario infiel” del vehículo judicializado.
Como es lógico, las jóvenes sobrevivientes y sus respectivas familias procesan todo lo sucedido con un gran sufrimiento. Mientras, la causa principal se ramifica y se generan expedientes conexos, al mismo tiempo que la defensa de González esgrime argumentos para cumplir la misión que se le ha encomendado, y a la que el imputado tiene derecho, sin ninguna duda.
Pero como el imputado no era, al momento de la tragedia, un ciudadano cualquiera, la Justicia y la política debieran imponerse un esfuerzo especial por dilucidar la verdad en el menor tiempo posible.
Está en manos de la Justicia brindar a las familias de Marina y de Alexa la paz que requieren para rehacer sus vidas.
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