Trump elimina ayuda a comunidades negras e hispanas más afectadas por la contaminación
Durante cuatro años, la Agencia de Protección Ambiental hizo de la justicia ambiental una de sus mayores prioridades, trabajando para mejorar las condiciones de salud en comunidades altamente contaminadas, compuestas en gran parte por personas de raza negra, latinos y estadounidenses de bajos ingresos. Ahora, esa era ha terminado.
El presidente Donald Trump, en su primera semana, eliminó un equipo de asesores de la Casa Blanca cuya tarea era asegurar que todo el gobierno federal ayudara a las comunidades ubicadas cerca de industrias pesadas, puertos y carreteras. Trump eliminó la iniciativa “Justice40” que había creado la administración Biden. Esta requería que el 40% de los beneficios de ciertos programas ambientales se destinara a comunidades gravemente afectadas.
Ahora, cuando el gobierno revise nuevas instalaciones, probablemente ignorará cualquier factor que pueda exacerbar la contaminación que las comunidades ya experimentan, dicen expertos. Las acciones de Trump probablemente detendrán los fondos de la ley climática insignia de la administración de Biden, la Ley de Reducción de la Inflación, para programas climáticos y de justicia ambiental.
Al tomar la decisión esta semana, Trump eliminó una política federal que se remonta a la era de Clinton, que había establecido como prioridad gubernamental abordar los problemas de salud ambiental para los grupos de bajos ingresos y minorías. También retiró a la nación del Acuerdo de París destinado a combatir el cambio climático.
Las decisiones de la nueva administración combinan dos objetivos: recuperar lo que los funcionarios de Trump dicen que son políticas ambientales onerosas que restringen el desarrollo y luchar contra la diversidad, la equidad y la inclusión, según Joe Luppino-Esposito, jefe de política federal de la firma de abogados comerciales Pacific Legal Foundation.
“Hemos tenido esta discusión en la Corte Suprema y en otras instancias durante muchos años, la discriminación pasada no es una excusa para la discriminación futura”, explicó, agregando que las órdenes ejecutivas de Trump permiten que la ley se aplique “sin un matiz racial específico”.
Muchos expertos dicen que Biden logró más que cualquier administración anterior en esta área.
Un estudio financiado por la Agencia de Protección Ambiental (EPA) encontró, por ejemplo, que las personas negras en todos los niveles de ingresos tienen más probabilidades de respirar contaminación que causa problemas cardíacos y pulmonares. Bajo Biden, los reguladores redactaron normas de salud pública, estándares de contaminación del aire más estrictos y propusieron normas para tuberías de plomo dañinas. La EPA emitió la multa más grande jamás bajo la Ley Federal de Aire Limpio y dijo que redujo más de 225 millones de libras de contaminación en comunidades sobrecargadas. Las subvenciones federales se destinaron a comunidades para limpiar sitios contaminados o comprar autobuses escolares de bajas emisiones. La EPA estableció una oficina para facilitar su trabajo de justicia ambiental.
“Con lo que estoy lidiando ahora es tanto con el dolor de estas pérdidas, como con el hecho de que estábamos en una tendencia ascendente, si se quiere, hace apenas unas semanas”, expresó Jade Begay, organizadora de derechos indígenas y clima en Nuevo México.
Durante años, el apoyo gubernamental a los esfuerzos de justicia ambiental de base subió y bajó dependiendo de quién ocupara la Casa Blanca. Grupos locales encontraron formas, a veces con ayuda de fundaciones, de llevar a cabo su trabajo independientemente. La administración de Biden dedicó tiempo, atención y recursos al tema, haciéndolo más visible, según Christophe Courchesne, profesor de derecho y director interino del Centro de Derecho Ambiental en la Vermont Law and Graduate School.
La justicia ambiental ahora está siendo mezclada con “esta batalla encarnizada sobre diversidad, equidad e inclusión”, indicó Courchesne. “Esto se desarrolló con el tiempo en un objetivo del activismo conservador”.
Daniel Gall, un portavoz de la EPA, dijo que la agencia bajo Trump trabajará para tener aire, tierra y agua limpios.
“La EPA está trabajando diligentemente para implementar las órdenes ejecutivas del presidente Trump”, insistió.
Los cambios de política divergen de la última vez que Trump fue presidente. Scott Pruitt, quien dirigió la EPA durante parte del primer mandato de Trump, una vez llamó a las conversaciones de justicia ambiental “críticas para mejorar los resultados ambientales y de salud pública”. Las nuevas órdenes de Trump son más amplias; movimientos que Rena Payan, directora de programas en la organización sin fines de lucro Justice Outside de Oakland, California, llamó “un retroceso de décadas de progreso en abordar la discriminación ambiental”.
No están limitados al ámbito público. La nueva administración también busca eliminar los esfuerzos de diversidad, equidad e inclusión en el sector privado, un paso que va más allá de lo que algunos anticiparon, según Julius Redd, un abogado ambiental en Beveridge & Diamond P.C.
Anne Rolfes, directora de la Louisiana Bucket Brigade, que ayuda a comunidades en el corazón de la industria petroquímica, hizo eco de otros defensores y dijo que la administración de Biden hizo cosas importantes, pero no hizo lo suficiente para hacer cumplir la ley, permitiendo a los contaminadores demasiada libertad en Luisiana.
Ahora empeorará y un estado ya amigable con la industria probablemente permitirá que los contaminadores construyan aún más rápido. “Solo tenemos que prepararnos y estar listos”, expresó.
Ese cambio es desalentador para Ash LaMont, director de campañas nacionales para Honor The Earth, una organización sin fines de lucro enfocada en aumentar la conciencia y el apoyo para temas ambientales en comunidades nativas americanas.
“Hemos pasado mucho tiempo realmente averiguando cuál es nuestro próximo paso, qué cosas podemos hacer que durarán, a pesar de la administración, y cuáles son las necesidades muy aparentes de nuestros miembros de la comunidad”, dijo.
La decisión de Trump de cortar el apoyo dolerá, pero muchas de estas organizaciones locales volverán a operar sin apoyo federal, dijo Peggy Shepard, cofundadora y directora ejecutiva de WE ACT for Environmental Justice en Nueva York.
La defensa se trasladará al nivel estatal y local. Eso podría funcionar en algunos lugares, pero será una batalla cuesta arriba en estados controlados por republicanos como Luisiana y Texas, donde hay poca receptividad a esa defensa, sostuvo.
“Finalmente estaban comenzando a recibir apoyo en la EPA y en la Casa Blanca”, señaló, “y esto es un gran paso atrás para las comunidades que están en primera línea frente a algunos de estos problemas”.
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St. John reportó desde Detroit.
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El corresponsal Matthew Daly contribuyó para esta nota desde Washington.
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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.
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