Tribunal: Gobierno de Brasil debe compensar a víctimas de balas perdidas en operativos policiales
SAO PAULO (AP) — El Supremo Tribunal Federal de Brasil determinó el jueves que el Estado debe compensar a las víctimas de balas perdidas durante operaciones militares y de fuerzas policiales.
El fallo significa que el Estado ahora es civilmente responsable de las muertes o lesiones resultantes de operaciones policiales o de las fuerzas armadas, aún en los casos en que los informes forenses no sean concluyentes.
El máximo tribunal del país falló en un caso derivado de la muerte de un hombre por una bala perdida en 2015 durante una operación del ejército en el empobrecido vecindario de Mare, en Río de Janeiro. El tribunal determinó que el gobierno federal deberá pagar 300.000 reales (60.000 dólares) a su familia, que también recibirá una pensión vitalicia y el pago de los gastos funerarios.
“El riesgo de las balas perdidas y muertes por arma de fuego en hechos violentos es recurrente en el país. Se realizan esfuerzos para revertir este patrón de violencia, que no respeta a nadie, ni siquiera a los niños”, afirmó Cristina Neme, socióloga y coordinadora del Instituto Sou da Paz, una organización sin fines de lucro que monitorea la seguridad pública.
En Brasil se registraron más de 47.000 homicidios en 2022, y alrededor de 14% de ellos fueron causados por la policía, añadió. El índice es aún mayor en Río de Janeiro, donde la policía provocó casi 30% de los homicidios.
Fogo Cruzado, una organización sin fines de lucro que proporciona información en tiempo real sobre la violencia con armas de fuego en Brasil, ha registrado 1.195 víctimas de balas perdidas en el área metropolitana de Río desde julio de 2016. Según los datos, 284 personas murieron y 911 resultaron heridas.
En un comunicado publicado el viernes, Fogo Cruzado señaló que el Estado debe compensar a todas las víctimas de las balas perdidas, no sólo a aquellas que reciben disparos en operaciones militares.
“Las balas perdidas se producen porque el Estado no ha logrado proteger las vidas de los ciudadanos ni controlar la circulación de armas de fuego”, aseveró la organización.
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