Tres puntos para una modernización laboral sostenible
La Argentina necesita avanzar hacia una modernización laboral que sea sostenible en el tiempo. Y para ello, consideramos imprescindible trabajar sobre tres ejes.
El primero es la reforma previsional. El costo de las cargas sociales es desmesurado: alrededor del 50% del salario. Esto hace que se encarezca tremendamente el costo laboral, el trabajador reciba menos ingresos y se agraven las consecuencias indemnizatorias, porque los cálculos de indemnización no van sobre el neto que cobra el trabajador, sino sobre el bruto, que incluye las cargas sociales, algo que el trabajador nunca recibió en mano.
No sólo se agrava el costo indemnizatorio, sino que ello hace que el empleador piense dos veces antes de contratar.
¿Qué beneficios traería cambiar la ecuación? Si el trabajador recibiera el total del salario, mejoraría su capacidad contributiva y su poder adquisitivo, lo cual impactaría en el consumo. Esto en vez de aportar a una caja solidaria, que ni siquiera garantiza una buena jubilación para la clase pasiva actual.
Nuestro régimen previsional es deficitario. Lo que cobran nuestros jubilados no compone un salario digno. Sin embargo, es altísimo el costo laboral para soportar ese régimen previsional deficitario. Se trata de un régimen previsional solidario; es decir, es la clase activa la que sostiene a la clase pasiva, lo que genera un inconveniente grave.
Cuando se tiene un régimen de capitalización –el viejo régimen de las administradoras de fondos de jubilaciones y pensiones, AFJP–, lo que cada persona aportaba iba a una cuenta de capitalización propia: cada uno iba cobrando de su propia capitalización. Es decir, el trabajador decía: “Bueno, si en definitiva me imponen cargas sociales altas, es plata que no veo hoy, pero va para mi propia cuenta de capitalización”. Varios podrían decir que tampoco tiene mucho sentido, pues en definitiva por qué tendría que aportar compulsivamente a una jubilación futura y que lo administre otro. Aunque se trate de un asunto casi filosófico, es un tema para pensar.
En concreto, la reforma previsional va a contribuir a que se bajen las cargas sociales y se optimice el sistema laboral argentino. Los trabajadores recibirán más plata neta en mano, se reducirán los costos y, en paralelo, el trabajador sabrá que lo que esté aportando va a ser para la construcción de su propio futuro.
El problema será cómo resolver el sustento de la clase pasiva actual. Al haber poco empleo registrado, los aportes y las contribuciones al sistema previsional no alcanzan para una jubilación más alta para la clase pasiva actual. Es todo un círculo vicioso: estamos en presencia de un pésimo régimen previsional, en un contexto de escaso empleo en blanco, de modo que las contribuciones obligatorias encarecen el costo laboral, pero la clase pasiva recibe poco dinero. El sistema es nocivo se lo mire por donde se lo mire. Amerita una reforma urgente.
Cese laboral
El segundo tema para tratar es el fondo de cese laboral. Está previsto ya en la reforma que introdujo el gobierno de Javier Milei por decreto y luego en la Ley Bases, donde se prevé que, por convenio colectivo de trabajo, se elimine la indemnización por despido y se cree un fondo de cese similar al que utiliza la Unión Obrera de la Construcción de la República Argentina (Uocra).
Si bien está previsto para que quede sometido a regulación por convenio, es recomendable que exista un fondo de cese de manera obligatoria y, si se quiere, universal. O también por convenio, pero no que quede librado a la negociación de los gremios: tiene que ser por ley. Se elimina la indemnización por despido y se suplanta por un sistema de fondo de cese, tal como existe en la industria de la construcción.
Ello echaría por tierra con la industria millonaria de los juicios, que aminoró muchísimo a partir del recorte de las multas de la Ley de Empleo. Como dato, en la industria de la construcción la conflictividad laboral es mucho más baja que en las demás industrias, de manera que esto sería un paso importante para agilizar al régimen laboral argentino.
Para el trabajador, un régimen de esta naturaleza es más efectivo: no tiene que esperar un juicio de cuatro años para cobrar una indemnización. Al contrario: el día que es despedido, al mes hábil inmediato ya está percibiendo aportes del fondo de cese. Y después regresa a trabajar, deja de percibir esos aportes y vuelve a contribuir al régimen de fondo de cese, para que quienes son despedidos puedan cobrar de allí. Es un régimen que ha demostrado funcionar muy bien.
Cómputo de intereses
Respecto del último punto, debe estar regulado a nivel nacional el tema de la tasa de interés: no es posible que en materia laboral cada jurisdicción decida cuál es la tasa de interés aplicable, y que además lo resuelva la propia cámara Laboral.
Los jueces no pueden crear leyes, y al acordar las tasas de interés están creando leyes específicas. Leyes que son llamadas “acordadas” y que la Corte declaró inconstitucionales en varias oportunidades, pero de forma sistemática la Cámara vuelve a insistir.
Entonces, hay que tener en cuenta que el problema más grave de la industria del juicio laboral está precisamente en el cómputo y la capitalización de los intereses y la aplicación de coeficientes decididos por las cámaras. Se eliminó uno de los problemas, que era el de las multas, pero queda la cuestión de los intereses, por el despropósito que estos representan en términos económicos.
Este punto se tiene que resolver con una norma de alcance nacional que defina cuál es la tasa de interés aplicable. Esta se podría asimilar a la tasa aplicable para temas civiles o para temas comerciales, por ejemplo. ¿Por qué hay que fijar una tasa diferente? Eso eliminaría muchísimos conflictos y reduciría los costos de la Justicia laboral.
* Presidente de Asociación de Directorios Asociados (Adiras)
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