Transporte urbano, subsidios y discriminación del interior
Una nueva controversia enfrenta al Gobierno nacional con la Provincia de Córdoba en el área del transporte público de pasajeros. La Nación reclamó cierta información necesaria para implementar el sistema de la tarjeta Sube en seis localidades, y la Provincia respondió que había enviado la información solicitada en febrero pasado. De paso, las autoridades cordobesas recordaron que hace años que vienen pidiendo ese sistema de pago electrónico.
Que un nivel de gobierno le reclame a otro la falta de una documentación específica y que este responda que ya la remitió no es algo que debiera ventilarse a través de los medios de comunicación. Si lo hacen, es porque hay una intencionalidad de usar políticamente la diferencia. Instalada la disputa pública, ambos se lanzan con los argumentos que tienen a mano.
La tarjeta electrónica del Sistema Único de Boleto Electrónico (Sube) se utiliza para pagar el transporte urbano en el Área Metropolitana de Buenos Aires y numerosas localidades del interior del país. Pertenece a una empresa estatal, Nación Servicios. Y desde 2020, las resoluciones del Ministerio de Transporte nacional señalan que para el cobro de los subsidios correspondientes hay que tener la Sube.
Es que la tarjeta Sube subsidia al usuario, no a la empresa de transporte: a través de esa tarjeta y no de otras -como la Red Bus, por ejemplo, que funciona en Córdoba-, a determinados grupos de usuarios se les otorgan subsidios denominados “atributos sociales”, que representan la mitad del costo del boleto.
En la provincia de Córdoba, la Sube apenas funciona en Villa Allende, donde se implementó durante la presidencia de Mauricio Macri. ¿Sólo por cuestiones administrativas menores no pudo insertarse en las más de 400 municipalidades y comunas cordobesas?
Según Nación, ahora el proceso se iniciaría en Villa María, San Francisco, Río Cuarto, Río Tercero, Carlos Paz y la ciudad de Córdoba. De hecho, a comienzos de agosto, Sergio Massa anunció que la Sube se implementaría en Córdoba. Pero tanto la Provincia como la Municipalidad lo negaron de inmediato.
Entonces, la discusión incluyó el otro tópico sustantivo, que no es administrativo sino económico: Massa aseguró que la Sube haría bajar el precio del boleto para “el laburante cordobés”. El costo del boleto no baja con la Sube, respondieron las autoridades locales.
La afirmación de Massa universalizaba el impacto del subsidio en el bolsillo del usuario. Pero eso no es cierto. La Sube subsidia a quienes reciben planes sociales, a jubilados y pensionados, a monotributistas sociales, desempleados y personal de casas particulares.
Y el boleto cordobés es de 185 pesos: si la Sube subsidia el 50%, el pasajero abona 92,50 pesos. En Amba, en cambio, el boleto cuesta 53 pesos, de modo que con el subsidio, el mismo pasajero apenas abona 26,50, poco más de un cuarto de lo que pagarían los cordobeses.
En consecuencia, el sistema de pago no es lo que determina la desigualdad en el costo del transporte urbano entre el interior del país y el Amba, sino la histórica discriminación del interior en la distribución de los subsidios.
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