Sin alternativas, provincias se suman al ajuste fiscal
En abril pasado, el sector público nacional (SPN) nuevamente exhibió superávit financiero, en este caso de $17.409 millones, con lo que en el acumulado del primer cuatrimestre se observa un superávit equivalente a 0,018% del PIB.
Dicho resultado se obtuvo con una caída de ingresos del 5%, en términos reales, y una baja del 32% en el gasto primario, con fuertes disminuciones en algunas partidas, como:
- Transferencias de capital a provincias: -98%.
- Transferencias corrientes a provincias: -75%.
- Inversión pública: -75%.
- Subsidios económicos a tarifas: -36%.
- Jubilaciones: -33%.
- Otros gastos de funcionamiento: -29%.
- Personal: -19%.
Si bien sigue habiendo más “licuadora” que “motosierra”, y podría hablarse de ajuste de “mala calidad”, por ahora con poca reforma del Estado (depende más de la “ley bases” y posteriores proyectos de ley), lo cierto es que desde el año 2008 que el SPN no exhibía superávit financiero en los primeros cuatro meses del año.
Además, debe advertirse que, en 43 de los últimos 54 años, el SPN mostró déficit fiscal, es decir, un 83% del tiempo transcurrido. De esos nueve años superavitarios, uno fue en Plan Austral, dos en Convertibilidad y seis en el período Eduardo Duhalde-Néstor Kirchner, en este último caso con nuevos impuestos y la licuadora “a full”.
La situación actual podría graficarse como la de un equipo de fútbol que pierde 15 partidos seguidos, y cuando gana 1 a 0 el partido número 16, la crítica se concentra en que ganó jugando mal y sólo por un gol de diferencia. En realidad, lo importante es haber salido de perdedor, luego se deberá trabajar en mejorar la calidad del ajuste, no sólo en lo fiscal, también en otros aspectos del programa, como la competitividad cambiaria. Pero todavía hay tiempo para mejorarlo. Resultan claves las reformas estructurales, como las que se postulan en el “pacto de mayo”.
Nación vs. provincias
Así, el Gobierno nacional ajusta su gasto y las transferencias discrecionales que se envían a provincias. Existen dos formas de ver las controversias de los últimos meses entre la Nación y las provincias. La primera, como una puja por los recursos fiscales entre dos niveles de gobierno, en un contexto de mayor escasez; la segunda, como la búsqueda de un nuevo equilibrio entre los sectores público y privado, tras más de dos décadas en que el primero fue arrinconando al segundo.
La primera interpretación parece la más obvia, mientras que la segunda es implícita y movilizada por el cambio de visión sobre el rol del Estado en buena parte de la sociedad, plasmada en las elecciones del año pasado. Existe un tercero en discordia en este debate sobre el ajuste fiscal: el ciudadano común pagador de impuestos, que ahora exige un sector público menos caro, más eficiente y transparente, en los tres niveles de gobierno.
Ocurre que, a pesar de contar ahora con un estado “más grande”, cuyo gasto consolidado subió 9 puntos del PIB entre 2000 y 2023 (la suba había sido de 12,5 puntos hasta 2015, luego retrocedió), no se produjeron mejoras económicas ni sociales significativas. Entre 2000 y 2023 la inflación anual pasó de 0% a 211%, la tasa de pobreza en el GBA pasó de 32% a casi 40% de la población (ahora podría estar en torno a 50%), no mejoró la calidad de la educación ni hacen falta estadísticas para afirmar que la inseguridad aumentó y el PIB sólo creció un 1,5% promedio anual, inclusive con decrecimiento del 0,04% anual entre 2011 y 2023, período de plena estanflación.
Ahora bien, con una mirada de economía política ¿por qué los gobiernos provinciales ajustarían en forma importante sus erogaciones, si se necesita principalmente para bajar el déficit fiscal nacional y con ello la inflación, siendo que la inflación causa costo político a quienes integran el Gobierno federal, y no a los gobernadores? Es más, los gobiernos provinciales a veces se han beneficiado con la inflación, pues les permitió subir la presión fiscal en el impuesto sobre los Ingresos Brutos, que como viene escondido en los precios, se confunde con el mismo proceso inflacionario.
En este contexto, siendo realistas, la única manera que las provincias también ajusten sus erogaciones, es que sus recursos decaigan en un marco de muy escaso acceso al endeudamiento. Y eso precisamente está ocurriendo este año, porque los ingresos de las provincias caen por varias razones en 2024:
1) Reciben menores transferencias discrecionales desde Nación (-80%).
2) Llegan menos recursos de coparticipación del impuesto a las Ganancias (-38% anual), por la reforma de Massa en el gobierno anterior.
3) La recesión económica genera menos recaudación nacional (19% de caída en coparticipación a provincias), y también menor recaudación provincial (cae aproximadamente 11% anual promedio).
Considerando todos los factores, la caída en recursos provinciales en lo que va del año es del 15% interanual, medido a valores constantes. Claro que la pérdida de ingresos no será pareja entre jurisdicciones, pues sería, por ejemplo, del 30% en La Rioja, 15% en Buenos Aires, 11% en Córdoba o 2% en Neuquén.
Si se aprueba el proyecto de ley de “Medidas fiscales paliativas y relevantes” que se discute actualmente en el Congreso de la Nación, la caída en los recursos provinciales este año será menor en $ 1,5 billones, respecto a la situación en que no se aprueba la reforma.
Ajustes en las provincias
Ante la reducción de ingresos, y aun cuando todas las provincias recorten un 50% su gasto de capital en 2024, existirían todavía 19 jurisdicciones que deberían reducir sus gastos corrientes para lograr el equilibrio financiero en 2024, mientras que 12 de ellas también deberían recortarlo si eliminan por completo los gastos de capital. En el primer caso, el esfuerzo de ajuste en las erogaciones corrientes llegaría hasta un 22% en Chaco, 19% en La Rioja, 18% en San Luis, 17% en Tucumán, Río Negro y Entre Ríos, y 15% en Buenos Aires y Salta.
A todo esto, ¿cómo están ejecutando realmente sus gastos las provincias en 2024? Para las provincias que han publicado datos, se observan importantes recortes en las erogaciones, en valores constantes, en la mayoría de ellas. Al tercer mes de 2024, la baja más importante en el gasto se da en La Rioja (-58,4%) y la menor en Entre Ríos (-9,6%), siempre en valores constantes.
El gasto en personal exhibe reducciones generalmente mayores que el propio gasto corriente. Mendoza muestra la baja más leve en 2024, con una disminución del 16,8%. En contraparte, Tucumán presenta una reducción del 47,3% en el mes de enero (último dato disponible). Cuando se analizan los datos trimestrales, La Rioja resulta la provincia con mayor caída en el gasto en personal (-68%), y el ajuste menos dramático se observa en Entre Ríos (-15%). Catamarca y Santa Fe acusan reducciones del 33% y 25%, respectivamente.
Respecto al gasto de capital, los cambios no resultan homogéneos, pues Mendoza y La Pampa muestran un crecimiento en 2024 (58% y 51,1% respectivamente), cuando las demás provincias con información exhiben fuertes reducciones: 91,1% en Tucumán (enero), 81,7% en Entre Ríos, 69,4% en La Rioja, 68,2% en Catamarca, y 63,8% en Santa Fe.
Con estos ajustes, si tanto Nación como provincias continúan en el esfuerzo y logran equilibrio financiero en 2024, ello podría facilitar el regreso a los mercados internacionales de deuda en 2025, ya sea tanto para lograr financiamiento para cancelar los servicios de deuda en dicho año como para incrementar la inversión pública, que en 2024 está siendo fuertemente recortada.
(*) Vicepresidente del Ieral – Docente de la UNC.
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