Se nacionaliza el conflicto entre los médicos y las obras sociales: cómo sigue en Córdoba
Un grupo de médicos especialistas del país comenzará a cobrar, a partir del 1° de octubre, copagos para las consultas ambulatorias. Así lo informaron más de 30 instituciones que los nuclean en un comunicado de prensa difundido el jueves pasado, en la conmemoración del Día de la Sanidad.
La medida implica el cobro de un adicional a los afiliados de todas las obras sociales y prepagas. Los montos dependerán de la diferencia que exista entre el valor ético establecido por consulta y lo que efectivamente paga ese sistema de seguridad social.
Por el momento no se cobrarán adicionales por prestaciones más complejas, como cirugías. Y la implementación de la medida correrá por cuenta de cada clínica, sanatorio o profesional que se encuentre en ejercicio en las distintas provincias del país.
Representantes de esas entidades aseguraron que este nuevo reclamo fue inspirado a raíz de la experiencia de los profesionales de Córdoba y de Mendoza, que comenzaron a solicitar montos extra por consultas. Esas dos provincias “hicieron punta” en el reclamo para visibilizar el escaso margen de ganancias que perciben los profesionales de la salud hoy, a criterio de esas entidades.
El comunicado fue firmado por 33 asociaciones y sociedades científicas que nuclean a especialistas de distintas áreas de la medicina. Además, contó con el apoyo de otras disciplinas de la salud (como los técnicos y licenciados en diagnóstico por imágenes y kinesiólogos), que adhirieron con sus firmas.
Cómo se implementará en la práctica
Las instituciones informaron que, a partir del 1° de octubre, comenzarán a cobrar un “bono complementario no reintegrable” por cada consulta ambulatoria.
El total que deberá pagar cada afiliado depende de varios aspectos. Para empezar, los profesionales fijaron en 6.000 el valor ético de cada consulta. El paciente deberá afrontar la diferencia comprendida entre lo que paga su obra social o privada y lo que efectivamente cobre ese agente de salud.
Por ejemplo, si su plan de cobertura establece en 3.000 pesos el valor de cada consulta, el afiliado deberá pagar los 3.000 restantes para llegar al total del “valor ético”.
Se entregarán comprobantes y no se cobrará a los afiliados que no estén en condiciones de pagar por esos montos diferenciados, según explicó Claudio Majul, presidente de la Sociedad Argentina de Cardiología (SAC), y uno de los referentes del movimiento conformado esta semana en forma autoconvocada.
“De alguna manera, en Córdoba y Mendoza fueron pioneros en esto. Ambas hicieron punta. Nosotros nos fijamos en esa experiencia para comenzar y eso fue el puntapié para movilizar a todas las asociaciones del país”, explicó Majul a La Voz.
El presidente de la entidad agregó que cada médico y cada centro de salud decidirá si implementa la medida, a partir del primero de octubre. “Creemos que de esta manera vamos a favorecer el manejo del paciente porque vamos a brindar mejor calidad”, dijo.
Majul reconoció que la medida no será fácil de implementar. “Las prepagas ya comenzaron a mandar cartas a sus afiliados pidiendo que no paguen o que denuncien. Amenazan con acciones judiciales. La puja es realmente difícil porque los médicos y las prepagas no nos encontramos a la misma altura a la hora de negociar. Los profesionales estamos en inferioridad de condiciones”, señaló.
El directivo expresó que no se cobrarán prestaciones de mayor complejidad y que nadie se quedará sin atención. Aseguró que se entregarán comprobantes.
El monto extra se llamará “bono complementario no reintegrable” para diferenciarse de los copagos o coseguros que son cifras acordadas y pactadas previamente entre la obra social y la clínica.
Insistió en que esta situación es límite y reconoció: “Sabemos que esta medida es injusta para el paciente. Pero realmente no podemos vivir así”.
Informó que, dependiendo de la obra social o prepaga, el valor de la consulta que reciben ronda desde los 1.500 a los 3.800 pesos. Entre el 40% y el 45% de ese monto se le descuenta al profesional, que además cobra entre tres y seis meses después de realizada la prestación.
Por su parte, Mariano Boglione, médico cirujano pediátrico y presidente de la Asociación Argentina de Cirugía Pediátrica, coincidió en la explicación del mecanismo a adoptar. “No es algo obligatorio para los profesionales. No es que todos los médicos estén obligados a hacerlo. Pero hay un consenso sobre lo que debería valer una consulta de entre 30 y 45 minutos. Ese sería el valor mínimo que le represente a fin de mes un dinero que le permita vivir”, opinó.
En Córdoba
En la provincia de Córdoba, el vicepresidente del Consejo de Médicos, Diego Bernard, informó que el acatamiento a la medida será heterogéneo, como viene sucediendo hasta ahora. Cada profesional decide si la aplica, así como cada centro de salud.
El tema será tratado este viernes en una reunión de la Confederación de Consejos Médicos de Argentina (Confemeco), a realizarse en Santa Fe.
Dónde reclamar
En Argentina, la Superintendencia de Servicios de Salud es un organismo oficial que garantiza los derechos de los afiliados y controla las obras sociales.
Fuentes del área informaron que no intervendrán en el conflicto, por tratarse de un problema entre privados. Pero pusieron las delegaciones a disposición para que las personas puedan efectuar sus reclamos. En la ciudad de Córdoba, la oficia funciona en calle Deán Funes 769.
En el caso de la Administración Provincial del Seguro de Salud (Apross), al ser provincial y tratarse de una administradora de fondos (que no está regulada por la Superintendencia), los reclamos son receptados por la Defensoría del Pueblo.
La Voz consultó con los ministerios de Salud de la Nación y de Córdoba para saber si intervendrán para resolver el conflicto que afecta la prestación de salud de buena parte de la población. En el primer caso, no obtuvo respuestas. En el caso de la cartera provincial, sus voceros informaron que no intervendrán por tratarse de un asunto entre privados.
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