La Voz del Interior @lavozcomar: San Luis: condenaron a cordobeses por integrar usinas de facturas truchas que evadieron mil millones de pesos

San Luis: condenaron a cordobeses por integrar usinas de facturas truchas que evadieron mil millones de pesos

Tribunal Oral en lo Criminal Federal de San Luis condenó a 25 personas, entre ellas tres cordobeses, acusadas de conformar una asociación ilícita fiscal que montó una red de 65 usinas de comprobantes apócrifos destinadas a cometer, coadyuvar y colaborar en delitos de evasión tributaria, según informó el Ministerio Público Fiscal.

La Administración Federal de Ingresos Públicos (Afip) calculó que entre 2015 y 2018 emitieron facturas por más de dos mil millones de pesos, con un monto evadido superior a mil millones de pesos entre la evasión de los impuestos al Valor Agregado (IVA) y a las Ganancias. En el juicio intervinieron los fiscales generales subrogantes Mónica Spagnuolo y Cristian Rachid.

Cordobeses entre los condenados

César Ariel Balmaceda fue condenado a seis años de prisión como autor y organizador de una asociación ilícita fiscal, mientras que Lucas Exequiel Laureano Baldez, Flavio Rubén Cabrera, Oscar Gabriel Muñoz Oviedo, Raúl Gonzalo Saá y Juan Cruz Borra fueron sentenciados a 3 años y medio como integrantes.

El resto de los imputados recibieron penas de tres años de prisión en suspenso: Diego Ho, María Laura Limina, Lorena Ramírez, Yamila Ochoa, Romina Fernández, María Rosa Lucero y Natalia Balmaceda fueron condenadas y condenados en calidad de integrantes, mientras que Fernando Iglesias, Enrique Abdallah y Cristian y Oscar Giuliano (hijo y padres, cordobeses) fueron considerados partícipes necesarios.

En tanto, Julián Rolandi, Diego Eduardo Minudri (también cordobés), Norberto Royón Blanco, Pablo Mauri, Marco Naldini, Daniel Escalante, José Sosa y Jorge Pereira recibieron la misma pena como partícipes secundarios.

El tribunal ordenó además el decomiso de tres autos y bienes personales de César Balmaceda por un monto de 20,8 millones de pesos, una medida que también se fijó en los casos de Fernández, Lucero, Natalia Balmaceda, Oviedo, Ramírez, Saá, Ho, Borra, Cristian y Oscar Giuliano, Abdallah, Pereira, Sosa, Escalante, Naldini, Mauri, Royón Blanco, Minudri, Iglesias y Rolandi hasta cubrir montos que van desde los 120.563 pesos hasta los 3.075.162 de pesos.

Rachid y Spagnuolo consideraron probada la existencia de la banda de al menos 25 personas, que cumplieron distintos roles en función del desarrollo del plan criminal, destinado a la provisión de facturas apócrifas con el objeto de cometer, coadyuvar y colaborar en evasión tributaria.

De acuerdo con la fiscalía, en la causa se probó una estructura formada por un jefe y organizador, un grupo de cuatro personas subordinadas con desempeño diario en la oficina sede de la organización y encargadas de los procesos administrativos indispensables para su funcionamiento habitual, y un nutrido grupo de personas que actuaron como intermediarias que, con permanencia y habitualidad, intervenía en la comercialización de las facturas apócrifas generadas por la organización. El producto criminal se extendió por todo el país, indicaron los fiscales.

Dentro de este último grupo se identificó también a cuatro personas integrantes del entorno íntimo del jefe y a miembros fundacionales de la asociación, que, además de intermediar en la comercialización del producto ilícito, actuaron personalmente como contribuyentes apócrifos y/o vinculados con sociedades apócrifas utilizadas para su cometido delictivo por la organización.

Además, se identificó a un contador y una contadora que, según la acusación, junto con el rol de intermediación en la comercialización de facturación apócrifa, brindaron el soporte contable indispensable para el funcionamiento habitual de la organización.

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