Salud: conflictos que pagan los pacientes
La escalada inflacionaria y la incertidumbre que generan los indicadores económicos han puesto en grado de crisis impensada la atención de la salud, uno de los derechos fundamentales de la población.
La situación entraña serios riesgos en el sistema sanitario de gestión privada, cuyos prestadores en Córdoba tomaron la decisión de cobrar coseguros a los afiliados de las obras sociales, lo cual abrió un nuevo frente de conflicto.
Lo más problemático de estas desavenencias (y para nada novedoso) radica en que quienes pagan los platos rotos son los pacientes.
Las desconsideraciones no sólo se observan en las prestaciones médicas privadas, sino también en los hospitales de administración estatal. El cuadro de carencias se agrava por la falta de insumos médicos en varias instituciones, según plantean los profesionales, con lógica preocupación.
Dificultades espoleadas por una situación económica en declive que fue profundizada por la incapacidad de gestión del Gobierno nacional, en el marco de una función continuada de trifulcas políticas electorales.
Como informamos días atrás, continúan las tratativas en vías de desactivar el conflicto que sostienen las clínicas privadas de Córdoba con las obras sociales, sobre todo con las de mayor volumen de afiliados, como la Administración Provincial del Seguro de Salud (Apross) y la nacional de jubilados, Pami.
Si bien se trata de un problema de viejo arrastre, el diferendo tomó otros costados controversiales luego de la devaluación del peso que aplicó el poder central tras las elecciones Paso del 13 de agosto.
Siempre con los pacientes como víctimas del ajuste, los protagonistas hacen valer sus intereses. La Asociación de Clínicas, Sanatorios y Hospitales Privados de la provincia de Córdoba esgrime que la decisión de cobrar el referido “plus” obedece en parte a que las obras sociales pagan las prestaciones con demoras que llegan a 90 días.
La ecuación es sencilla: como en la mayoría de los rubros, la inflación licúa las acreencias y por ello muchas entidades privadas han echado mano al cobro de coseguros, cuyo valor monetario se estima conforme a la complejidad de la prestación.
Además, solicitan una actualización de costos, ya que, alegan, lo que perciben por diversas prácticas ha quedado muy atrasado respecto del valor real.
En un contexto que amerita urgentes remediaciones en bien de la atención de la salud pública, las obras sociales amenazan con sanciones a los centros privados que adhirieron al cobro de extras, si bien se avienen al acuerdo para aplacar un conflicto que se replica en casi todas las especialidades y también en las farmacias.
No es un dato menor que estas pujas de intereses afectan a obras sociales de mediana capacidad operativa y económica, que no pueden auxiliar a sus adherentes ante los sobrecostos que se exigen en clínicas y sanatorios, aun en casos de mínima complejidad. Son los coletazos de una inflación que, como siempre, castiga a los sectores más empobrecidos.
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