Revertir la caída del alquiler de casas
El sueño imposible de la casa propia ha empujado a gran parte de la sociedad a echar manos al recurso del alquiler. El pago de una renta para procurarse un techo es una solución antiquísima, pero se ha complicado hasta extremos prohibitivos en estos tiempos de crisis económica y de una escalada inflacionaria que, en muchos casos, han puesto en riesgo hasta el derecho a una alimentación digna.
Si se toma como parámetro la ciudad de Córdoba, la situación se complica aún más por la escasa oferta en el mercado inmobiliario, como también por los costos siderales que debe abonar una familia de clase media para alquilar una casa.
No parece factible, por ahora, congeniar posiciones entre inquilinos y propietarios. Tampoco fue de utilidad la intervención parlamentaria, pues la Ley de Alquileres que sancionó el Congreso de la Nación no conformó a las partes y tuvo que ser revisada.
Todo en un marco de intereses cruzados y de improvisaciones que contribuyen a agravar el déficit habitacional, el cual afecta sobre todo a las clases más castigadas por un modelo económico inequitativo y en caída libre.
En diferentes informes que publicamos sobre esta problemática, los agentes inmobiliarios coinciden en que es notoria la falta de desarrollos inmobiliarios específicos para casas (lo cual movilizaría el mercado en modo renta) y que, en cambio, ha sido exponencial la construcción de edificios de departamentos. En estos casos, se trata de unidades habitacionales que no encuadran en las necesidades de una familia de clase media y que, además, tienen precios de alquiler casi siempre por encima de los 100 mil pesos mensuales, a lo que hay que agregar los costos por las expensas.
Lo cierto es que tanto los operadores inmobiliarios como las asociaciones que defienden a los inquilinos plantean las dificultades que se presentan en tiempos de crisis económica para encarrilar un sistema que contemple tanto a los oferentes de mayor poder adquisitivo como a los grupos familiares imposibilitados de afrontar rentas superiores a los ingresos hogareños.
En este contexto, no es casual el éxodo de familias hacia las zonas periféricas de la ciudad, en busca de precios acordes con sus presupuestos. Un cambio rotundo de hábitos entroncado en una suerte de derrumbe de la clase media; de familias que no podrían pagar un alquiler de hasta $ 200 mil mensuales por una vivienda ubicada en un barrio cerrado, según cálculos de los propios operadores.
Se insiste en que la responsabilidad por la falta de oferta obedece a la ley vigente, que logró un “retiro histórico” de inmuebles disponibles en alquiler.
Vale insistir: la cuestión radica en los costos y en las condiciones para firmar un contrato de locación, como la que fija la rúbrica de hasta cinco garantes.
Se impone un nuevo encuadre legal que proteja tanto a arrendadores como a arrendatarios. Por lógica derivación, nada de esto será factible mientras el Estado siga ausente en la proyección de un esquema que ponga fin al déficit habitacional.
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