Respetar los derechos de las personas con discapacidad
En la ciudad de Córdoba, las personas con discapacidad enfrentan incomprensibles dificultades cada vez que quieren subir a un colectivo, aun cuando existe una ordenanza que les garantiza su derecho a la accesibilidad al transporte público de pasajeros.
Tal contradictoria situación fue expuesta por Celeste Maldonado en su cuenta de Instagram y su video se viralizó. Un chofer de la línea 53 le negó el acceso alegando que el coche estaba lleno. Ella decidió colocarse en medio de la calle y no dejarlo avanzar. Aun así no logró viajar.
El razonamiento de Maldonado es correcto: “Me dijo que venía lleno, pero nuestro asiento está reservado, no lo tiene que ocupar otra persona. No había alguien con silla de ruedas ocupándolo”. Por lo tanto, ella debía poder subir y ocupar el asiento reservado para discapacitados. No fue eso lo que ocurrió.
Según la ordenanza 12.728, las empresas concesionarias del transporte público deben asegurar que el 70% de la flota de cada línea sean unidades adaptadas para personas con discapacidad o movilidad reducida –dos espacios como mínimo– y contar con los accesorios necesarios para el ascenso y el descenso, así como para la sujeción.
Maldonado utiliza colectivos para ir a trabajar o ir al médico. Siempre tiene problemas, no importa de qué empresa se trate. “Todos los días reniego con alguien. Es indistinto que tengan o no rampa, a veces la tienen y lo mismo buscan excusas para no subirme”, explicó.
Por si no queda claro, cada empresa tiene una importante flota de colectivos con rampas de acceso para discapacitados, pero la inaccesibilidad sigue siendo la norma. Maldonado ha comprobado, por experiencia propia, que varias líneas tienen coches con “unas rampas que necesitan que el chofer accione un botón porque son como un ascensor, se manejan con control. Ni siquiera tienen que bajarse, pero como demora más, algunos me dicen que no les funciona y que espere al próximo colectivo de piso bajo”.
Los padecimientos de Maldonado son demasiado comunes. Este diario pudo recoger numerosos testimonios que lo certifican. Es una dolorosa constante que las personas con discapacidad sean interpeladas por los choferes, que les manifiestan que deben viajar acompañadas, o que esperen el próximo coche, o que no hay lugar o incluso llegan a demandarles el certificado de discapacidad.
En consecuencia, la mayoría termina optando por usar otro medio de transporte. A propósito, también hemos recogido algunas quejas contra los choferes de taxis y remises, que suelen ignorar a las personas con sillas de ruedas que solicitan sus servicios.
Empresas como Coniferal y Tamse, ante el requerimiento de La Voz, coincidieron en repudiar estas conductas “injustificadas” de los conductores, que no reflejarían, dijeron, lo que como empresas intentan transmitir.
En el caso de Coniferal, si bien sus choferes se capacitan sobre accesibilidad, admitieron que quizá “no están haciendo efecto” sus procedimientos.
Las normas deben cumplirse. Y quien las transgrede, debe ser sancionado. Los choferes del transporte público deben aceptar esta regla básica del funcionamiento social. Le corresponde al Estado, junto con las empresas, establecer un mecanismo para hacerla efectiva.
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