Rasgos perversos de una elección con impacto regional
El domingo próximo Nicaragua celebrará elecciones generales en comicios que muestran rasgos perversos.
Mientras las compulsas democráticas se caracterizan por la certeza en las reglas de juego y la incertidumbre de los resultados, en este proceso ocurre todo lo contrario, con la consecuente reelección fraudulenta de Daniel Ortega y su intención de perpetuarse en el poder.
La dictadura de Ortega es el producto de la aplicación rigurosa durante 15 años del manual del nuevo autoritarismo que enseña cómo asesinar gradualmente la democracia desde el poder.
Esta comienza a ser socavada desde adentro por líderes elegidos quienes van acomodando a su conveniencia las normas de competencia. Luego acaparan y partidizan los pilares institucionales de la democracia –Poder Judicial, órganos de control, fuerzas de seguridad–, todo ello acompañado de ataques contra los partidos opositores y la libertad de expresión, acoso a los empresarios y grupos de la sociedad civil que no son afines al régimen. Finalmente, establecen organismos parapoliciales de represión y un creciente cercenamiento de las libertades civiles y políticas.
Los tres Gobiernos que sucedieron a Daniel Ortega después de su derrota en febrero de 1990 –Violeta Barrios de Chamorro, Arnoldo Alemán y Enrique Bolaños– no lograron consolidar una democracia inclusiva, competitiva y de calidad. Desde el regreso de Ortega al poder, en 2006, la situación se fue deteriorando hasta que se produjo el estallido social de 2018.
La dictadura, reaccionó con especial ferocidad y cometió violaciones graves a los derechos humanos y el asesinato de 328 personas; crímenes de lesa humanidad que continúan impunes.
Aquella crisis debilitó al régimen y lo obligó a entrar en un proceso de diálogo que luego manipuló a su favor. Por otra parte, a mediados de 2020, debido a la presión nacional e internacional, el régimen accedió a reformar la Ley Electoral, que también manipuló a su favor, acentuando la hegemonía del oficialismo y reduciendo las garantías de la oposición para participar en elecciones libres y transparentes.
Cuesta abajo
Desde entonces, todo ha sido cuesta abajo. El reciente informe elaborado por Idea Internacional, Urnas Abiertas y la Universidad Católica Andrés Bello de Venezuela: Nicaragua elecciones 2021: un plan doloso para acabar con la democracia analiza el proceso continuo de erosión de las garantías democráticas y de las violaciones a los derechos humanos que tuvieron lugar entre octubre de 2020 y setiembre de 2021. Explica, además, por qué estas elecciones son ilegítimas y sus resultados no deben ser reconocidos.
En efecto, Ortega ha ido intensificando la ofensiva autoritaria y represora camino a las urnas, deteniendo ilegalmente, en los últimos meses, a más de 30 líderes de diversos sectores, incluidos siete aspirantes presidenciales de oposición –quienes permanecen privados de libertad–, y cancelándoles la personería a los tres principales partidos de oposición.
A lo anterior se suman medidas arbitrarias adoptadas por un Consejo Supremo Electoral que está bajo control absoluto del oficialismo, entre las que destacan la eliminación del padrón electoral de aproximadamente un millón de electores y la cancelación de unos 1.100 centros de votación.
El informe da cuenta, asimismo, de la dramática situación en materia de derechos humanos, con recurrentes actos de violencia y acoso contra defensores de derechos humanos; ataques a la libertad de expresión, medios y periodistas, y a la libertad de asociación y de manifestación. Actos agravados por un estado policial, la marcada debilidad del Estado de derecho, la falta de independencia del Poder Judicial y la corrupción e impunidad estructurales que persisten en el Estado.
Estos comicios, en los cuales Daniel Ortega pretende su cuarto mandato consecutivo, tienen lugar en un clima de fuerte represión, con los espacios de oposición democrática cerrados y sin las garantías básicas de integridad electoral. Por todo ello, carecen de legitimidad y credibilidad y sus resultados deben ser desconocidos.
Farsa electoral
¿Qué hacer después del 7 de noviembre? La responsabilidad principal en la lucha por la recuperación de la democracia recae en los actores nacionales, pero, dadas las brutales acciones represivas, el papel de la comunidad internacional es crítico.
Estados Unidos, Europa, Canadá y los países latinoamericanos deben denunciar con firmeza la farsa electoral, desconocer los resultados y trabajar, de manera coordinada, con los sectores democráticos nicaragüenses con el objetivo de aumentar la presión sobre el régimen y exigir la inmediata liberación de los presos políticos, la plena vigencia de los derechos humanos, el fin del estado policial, el restablecimiento del orden constitucional y la urgente reapertura del proceso de negociación para hallar una salida negociada y pacífica que incluya repetir las elecciones en condiciones de competencia y transparencia, y en presencia de observación electoral internacional calificada.
(*) Director regional de IDEA Internacional CID
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