Promesas de Trump de deportar a millones se contradicen por su antecedente en la Casa Blanca
Noelia Sanchez nació en las onduladas tierras de cultivo del suroeste de Missouri, donde sus padres mexicanos laboraban como trabajadores agrícolas temporales en la década de 1950.
Cuando ella tenía 1 año, Noelia y su madre, Aurora, quien no tenía documentos de trabajo, fueron detenidas junto con decenas de otros inmigrantes en un pueblo de Texas cerca de la frontera. La niña nacida en Estados Unidos y su madre fueron obligadas a irse a México junto con cientos de miles de personas más.
Sus deportaciones fueron parte de un esfuerzo del gobierno de Estados Unidos que se conoció en los documentos oficiales y los medios de comunicación como “Operación Espaldas Mojadas”. El término “espalda mojada”, que se utilizó para describir a los mexicanos que cruzaban a nado o vadeaban el Río Bravo, se considera un insulto racial.
Donald Trump ha elogiado las redadas de la era Eisenhower sin usar su nombre desde que se postuló por primera vez para la presidencia y ahora promete a los votantes que iniciará la operación de deportación nacional más grande en la historia de Estados Unidos, incluso mayor a la de la década de 1950. Ha intensificado sus ataques verbales contra los inmigrantes mientras busca un segundo mandato y ha dicho a sus partidarios dos veces en las últimas semanas que los inmigrantes están “envenenando la sangre de nuestro país”.
Las personas afectadas por la “Operación Espaldas Mojadas” y los historiadores que estudian la inmigración argumentan que Trump utiliza fragmentos de la historia y la retórica por razones políticas y a la vez minimiza las fallas de su propio gobierno para llevar a cabo deportaciones masivas, incluso cuando separó a familias en la frontera entre Estados Unidos y México y promulgó amplias restricciones sobre el asilo.
“Las familias fueron separadas por políticas de inmigración mal aplicadas y políticas de inmigración discriminatorias dirigidas específicamente a la gente indígena, los mexicoestadounidenses, los latinos”, dijo Joaquín Sánchez, hijo de Noelia, quien es ahora abogado de inmigración en Chicago. “Estos son los tipos de políticas de las que mi familia ha sido testigo durante generaciones”.
La “Operación Espaldas Mojadas” coincidió con un programa de trabajadores invitados que proporcionó estatus legal a cientos de miles de trabajadores agrícolas, en su mayoría mexicanos. Noelia Sanchez, nacida en Missouri, y su madre lograron obtener sus papeles en aproximadamente un año y regresaron para establecerse en Chicago.
El gobierno del presidente Dwight D. Eisenhower lanzó una campaña de estilo militar en el verano de 1954 para expulsar a los inmigrantes mexicanos que se encontraban en el país ilegalmente. La operación recibió su nombre del término “espalda mojada”, que se utilizaba para describir a los mexicanos que cruzaban a nado o vadeando el Río Bravo, y siguió a varios otros esfuerzos de deportación de las décadas de 1940 y 1950.
Los académicos han cuestionado la cifra de 1 millón de arrestos reportados durante esa operación de verano, y dijeron que ellos habían incluido cifras de años anteriores y que el número de todo ese año fue en realidad mucho menor: alrededor de 250.000.
El gobierno confió en tácticas de intimidación para incitar a las personas a autodeportarse para que pudieran tener otra oportunidad de regresar a Estados Unidos.
Los expertos han destacado que no fue una coincidencia que la campaña de deportación ocurriera cuando los agricultores buscaban trabajadores invitados bajo el programa Bracero que comenzó en la década de 1940, cuyo objetivo era permitir que los trabajadores agrícolas mexicanos ingresaran al país y trabajaran en Estados Unidos legalmente. El programa excluyó a las mujeres y los niños, lo que llevó a algunas familias a ingresar ilegalmente al país para permanecer juntas.
Adam Goodman, profesor de Estudios Latinoamericanos y de Latinos en la Universidad de Illinois, en Chicago, escribió en su libro “The Deportation Machine” (La maquinaria de deportación) que organizaciones como la American Civil Liberties Union (Unión Estadounidense de Libertades Civiles) contactaron a las autoridades de inmigración en Chicago y al final aconsejaron a los inmigrantes que se encontraban en el país ilegalmente que regresaran a México. Esos grupos enviaron un comunicado de prensa con un folleto a todos los periódicos de Illinois para dar más publicidad a la campaña de deportación.
“Fue una campaña de terror diseñada para asustar a la gente y que se fuera del país”, dijo Kelly Lytle Hernández, profesora de historia de la Universidad de California, en Los Ángeles.
“Fue en realidad una campaña de relaciones públicas diseñada para aterrorizar a las comunidades para que se autodeportaran”.
Hernández dijo que el gobierno reunía a un número considerable de personas, lo transmitía en radio y televisión y anunciaba que viajarían a otras ciudades. “No hay manera de que Estados Unidos tuviera esa fuerza para afectar ese número de deportaciones”.
Trump suele etiquetar la inmigración como peligrosa en sus discursos, y sugiere que las personas que cruzan la frontera son criminales que intentan invadir Estados Unidos y traer enfermedades.
Cuando habló en Ankeny, Iowa, en septiembre, dijo: “Siguiendo el modelo de Eisenhower, llevaremos a cabo la mayor operación de deportación interna en la historia de Estados Unidos”.
Invocó la misma operación en 2015, cuando contendió por primera vez a la presidencia.
Pero su gobierno no deportó a millones durante sus cuatro años en la presidencia, como prometió antes y después de asumirla. Al igual que en la década de 1950, el gobierno de Estados Unidos estaba limitado en cuanto al número de deportaciones que podía llevar a cabo al mismo tiempo.
Según el Migration Policy Institute (Instituto de Política Migratoria), un grupo apartidista de expertos que busca mejorar las políticas de inmigración e integración, el gobierno de Trump deportó aproximadamente a un tercio de los inmigrantes no autorizados que se encontraban en el interior del país durante sus primeros cuatro años fiscales que el gobierno del presidente Barack Obama durante el mismo intervalo.
Las redadas requieren meses de planificación y arrestar a un inmigrante a menudo puede tomar días de vigilancia. Los agentes no suelen llevar órdenes de allanamiento y los defensores advierten a los inmigrantes que no abran sus puertas. El Servicio de Inmigración y Control de Aduanas a menudo tuvo dificultades para encontrar un espacio de detención adecuado durante el gobierno de Trump, y las personas pueden luchar contra sus casos de deportación durante meses o años.
La campaña de Trump no respondió a una solicitud de información sobre por qué su gobierno no estuvo cerca de deportar a millones y cómo en un segundo mandato realizaría un esfuerzo de tan gran escala.
El gobierno de Trump fue más hostil a la inmigración que cualquier otro en décadas. Trump impidió que la gente solicitara asilo en la frontera suroeste, separó a los niños de sus familias y construyó un muro fronterizo en zonas delicadas ambientalmente.
Los defensores y expertos en extremismo han notado que su lenguaje hace eco de los escritos de Hitler sobre la “pureza” de la sangre aria que la Alemania nazi utilizó para justificar el asesinato de millones de judíos durante la Segunda Guerra Mundial.
Ya bien entrado en su mandato en 2019, Trump anunció en Twitter que deportaría a millones de personas el día antes de lanzar su candidatura para la reelección.
El gobernador de Florida, Ron DeSantis, quien compite contra Trump por la nominación presidencial republicana, criticó a Trump por su historial de inmigración en el último debate del Partido Republicano.
“Dijo en 2016 que tendría el programa de deportación más grande de la historia. Deportó a menos que Barack Obama cuando Barack Obama era presidente”, expuso. “Algunas de esas políticas que impulsó en 2016, yo lo alentaba entonces, pero no las cumplió”.
Tanto DeSantis como Trump han ofrecido el programa de Eisenhower como modelo. Varios candidatos han hablado en sus campañas sobre el uso de fuerza letal en la frontera o el envío de militares estadounidenses a México.
La abuela de Joaquín Sánchez, quien ahora tiene 92 años, todavía vive en Chicago en una casa de su propiedad, a pocas cuadras de un refugio temporal propuesto para inmigrantes recién llegados.
“La abuela se ríe de su propia experiencia porque ella pudo volver, y mírala ahora y mira a sus hijos”, dijo. “Ella ha tenido una trayectoria increíble”.
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