Presupuesto: en 2020, la Provincia ajustó 33% sus gastos estimados
La cuarentena decretada el 20 de marzo del año pasado afectó notablemente a la actividad económica, lo que puso contra las cuerdas a las finanzas provinciales. Los primeros números de la ejecución del presupuesto permiten tener una aproximación de cómo se priorizaron los fondos públicos y cuáles fueron los organismos que más se ajustaron para atravesar la crisis. Los datos, aún parciales, surgen del portal de transparencia del Gobierno provincial, una herramienta que permite realizar un seguimiento diario del gasto de las 26 jurisdicciones de la administración central.
El recorte general rondó el 33 por ciento: de los $ 407.465,1 millones previstos para el año que acaba de finalizar, el Gobierno efectivamente devengó en el ejercicio 271.985,5 millones; es decir 135.475,5 millones de pesos menos respecto del cálculo inicial.
Tomando ese 33 por ciento como punto medio del recorte, 18 jurisdicciones realizaron ajustes por debajo; mientras que el resto de los organismos estuvo por encima.
La cartera que más recursos perdió fue el Ministerio de Promoción del Empleo y Economía Familiar, que conduce Laura Jure; mientras que el Poder Judicial fue la jurisdicción que menos resignó: tenía previsto un gasto de $ 24.619 millones y comprometió pagos por 21.791 millones, resignando $ 2.828 millones, un ajuste del 11 por ciento.
En cambio, Promoción de Empleo resignó durante la crisis casi $ 6.000 millones, con un achique equivalente al 82 por ciento entre lo previsto y lo gastado: en marzo, calculaba utilizar $ 7.313,4 millones, pero cerró el año con gastos por $ 1.345,5 millones. La no ejecución del programa de viviendas sociales “Semilla” y la subejecución de los programas de inserción laboral fueron determinantes en el ajuste.
Con funciones recortadas desde el inicio del tercer mandato de Juan Schiaretti, el Ministerio de Gobierno había establecido para 2020 gastos por $ 1.640 millones para este año. La cartera que conduce Facundo Torres terminó el año con un gasto de 547 millones; un ajuste del 67 por ciento.
De los datos no surge que haya existido una mirada “preferencial” a la hora del recorte: Obras Públicas, la cartera que conduce Ricardo Sosa, muy cercano al gobernador, dejó de ejecutar $ 8.997,4 millones de los 14.270,5 millones que tenía a disposición a principio del año pasado.
El principal recorte ocurrió en los “gastos generales de la administración pública”, partida que tiene entre sus ítems a la coparticipación a los municipios, que tuvo una importante disminución: $ 19.000 millones menos.
Salud, Seguridad y Educación
El 2020 no fue un año más para el Ministerio de Seguridad: al principio de la cuarentena, la Policía debió garantizar el férreo control de las medidas sanitarias dispuestas, pero luego quedó sumergida en una crisis tras el caso de Blas Correas (y otros similares), al punto que debieron remover a las cúpulas de la departamental Capital, primero, y a la plana mayor de la fuerza, semanas después. En los números, en cambio, fue una de las carteras que menos sintió el estrés de las finanzas provinciales.
De los $ 34.118 millones que proyectó gastar este año, la cartera que conduce Alfonso Mosquera utilizó 29.872 millones, una merma de 4.245,8 millones; es decir un 12 por ciento menos.
Aun con los refuerzos a las partidas de Salud, este ministerio gastó 4.245,5 millones menos de lo proyectado a fines de 2019, cuando el coronavirus no asomaba en el horizonte. Finalmente, la ejecución 2020 se ubicó en $ 29.141 millones, frente a los 33.395 millones del cálculo inicial.
Durante este año, Salud recibió la inyección de 5.000 millones para constituir el fondo especial que se dispuso para la crisis sanitaria. El año contable terminó con la ejecución de $ 4.795 millones de este fondo, casi la totalidad de recursos. En el Presupuesto 2021, el Fondo Covid es de $ 3.500 millones, por impacto de la inflación representa la mitad de recursos que se destinaron en 2020.
La prioridad de recursos para atender a contagiados de coronavirus tiene su reflejo en la ejecución del gasto: mientras que Salud cerró el año con el 96 por ciento de sus facturas pagadas; en el caso de las que corresponden a proveedores del fondo específico el año cerró con 1,7 por ciento de facturas impagas, una demora ínfima en el esquema de la burocracia.
Educación había presupuestado 86.024 millones de pesos, aunque ejecutó 16.005 millones menos, lo que equivale a un recorte del 19 por ciento de acuerdo a la expectativa inicial. La no contratación de personal transitorio (docentes suplentes) a través del Fondo para el Financiamiento del Sistema Educativo fue la partida a través de la cual se ejecutó el recorte: el 43 por ciento de los fondos no ejecutados son de este ítem.
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