Presupuesto 2022, otra muestra de la imprevisibilidad
El debate sobre el Presupuesto 2022, que finalmente fue rechazado el viernes en el Congreso nacional, dominó la agenda económica de la semana.
La implicancia de esta decisión legislativa es que se prorroga el Presupuesto 2021 por tiempo indeterminado, mientras avanza la negociación con el Fondo Monetario Internacional (FMI). Lo que abre un espacio para mayor discrecionalidad en el manejo de las cuentas públicas, que pasarán a gestionarse por Decretos de Necesidad y Urgencia (DNU) y decisiones administrativas.
Los motivos técnicos para el rechazo son bien fundados: el Presupuesto fue construido sobre la base de proyecciones de las principales variables macroeconómicas imposibles de cumplir, lo cual incluso fue admitido por el oficialismo. La inflación se estima en 33 por ciento, cuando las proyecciones de especialistas están en el rango de entre 50 y 60 por ciento; se asume un dólar oficial, a fin de año, de 131 pesos, muy inferior a las expectativas del mercado en torno a los 160 pesos. Además, la pauta de crecimiento económico de cuatro por ciento luce sobreoptimista frente al 2,5 por ciento esperado, según los relevamientos del propio Banco Central.
El problema es que, al construirse sobre la base de estos supuestos irrealistas, el Presupuesto también lo es, haciendo difícil entender la política fiscal que planea el Gobierno para el año próximo.
Más allá de lo anterior, el Presupuesto anticipa un déficit primario, antes del pago de intereses, de 3,3 por ciento del producto interno bruto (PIB) en 2022.
Si a esta meta se la compara con el resultado deficitario de 3,5 por ciento del PIB con que finalizaría el corriente año, y además se le restan los gastos extraordinarios para enfrentar el Covid-19, que no están contemplados en el Presupuesto, el déficit proyectado por el Gobierno para el año entrante está en un nivel similar al actual con relación al PIB; y la mitad de esa necesidad financiera se cubrirá con emisión monetaria.
Por tanto, el esfuerzo fiscal será prácticamente nulo y persistirán las presiones inflacionarias.
Una de las implicancias de la subestimación de la inflación es que los recursos públicos crecerán por encima de los valores proyectados en el Presupuesto, en un valor estimado en un billón de pesos (lo que equivale a aproximadamente un 10 por ciento de aumento de los ingresos), que podrán ser gastados de forma discrecional.
Además, en los últimos días se introdujeron cambios en el texto del Presupuesto que aumentan el gasto aún más: en 180 mil millones de pesos para las provincias, sin especificar los recursos que lo solventarán.
Más preocupante es que dentro de esas modificaciones propuestas también se faculta al Poder Ejecutivo a aumentar alícuotas impositivas, como las de las retenciones a las exportaciones, lo que abre la puerta para seguir elevando la carga del Estado sobre el sector privado.
Acuerdo con el FMI
En el Presupuesto tampoco hay pistas sobre cómo será el acuerdo de reestructuración de la deuda con el FMI, al que se debiera llegar a más tardar en marzo. Ese mes habrá un vencimiento de 2.900 millones de dólares con el organismo que no se podrá afrontar con las reservas disponibles.
En principio, se trataría de un acuerdo de corto alcance, por el que se postergarían pagos para después de 2023, es decir, al próximo gobierno. Las exigencias del organismo apuntarán a bajar el financiamiento con emisión del déficit fiscal y corregir distorsiones de precios clave, incluyendo una actualización de tarifas de servicios públicos, corregir el atraso cambiario y que las tasas de interés nominal le ganen a la inflación, para hacer más atractivo tener pesos.
Respecto a tarifas, en comparación a diciembre de 2019 actualmente el atraso sería del 38 por ciento; si a finales del año que viene se logra haber corregido la demora, la inflación anual se habrá incrementado en más de nueve puntos porcentuales.
En este punto, el Presupuesto contempla una reducción importante del gasto en subsidios económicos y un esquema de tarifas segmentadas por nivel de ingreso, aunque sin dar mayores precisiones.
Por su parte, sería necesario que el dólar oficial subiera en poco más de 20 por ciento para recuperar el terreno perdido frente a la inflación en los últimos dos años.
Para evitar una devaluación brusca, el ritmo al que se viene apreciando el dólar día a día tendría que acelerarse sustancialmente; así, para compensar el atraso y el efecto de la inflación esperada, el tipo de cambio oficial debiera incrementarse de manera continua en más de 20 centavos por día durante todo 2022.
En este proceso de realineamiento de precios relativos también habría que contemplar que el ajuste tarifario sea a mayor velocidad que el del tipo de cambio oficial; esto es porque en gran medida los subsidios a la generación de energía para mantener las tarifas congeladas están atados al dólar; y si aumenta el dólar, sin levantar ese congelamiento, el gasto en subsidios y el déficit fiscal se incrementarían.
Dada la magnitud de las correcciones requeridas, tanto en tarifas como en tipo de cambio, es probable que se observe una salida intermedia que, no obstante, tendrá un impacto inflacionario considerable.
Finalmente, subir las tasas de interés también será complicado.
Si la tasa de interés de política monetaria, actualmente en 38 por ciento nominal anual, se incrementara para igualar la inflación, habría que aumentar en 70 por ciento anual la emisión sólo para afrontar el pago de intereses de deuda del Banco Central, lo cual presionaría la inflación.
Ante esto, la salida menos deseable sería seguir aumentando el stock de Leliq y de Pases para absorber ese exceso de emisión, lo cual es insostenible. Sería mejor, en cambio, compensar ese mayor déficit cuasifiscal con menor financiamiento con emisión al Tesoro, otro motivo por el que será esencial reducir el déficit primario del sector público.
En síntesis, aun cuando se llegaría a un acuerdo light con el FMI, que contribuirá a reducir desequilibrios macroeconómicos importantes, poder cumplirlo no será nada fácil.
Los desafíos son enormes, en un contexto en que las señales de política pública, como las que se desprenden del Presupuesto que acaba de ser rechazado, no trasmiten credibilidad.
* Director del Instituto de Investigaciones Económicas de la Bolsa de Comercio de Córdoba
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