Potrero del Estado: robos sospechosos
Si los organismos del Estado fallan en la misión de cuidar bienes particulares que fueron incautados por diferentes motivos, estamos en serios problemas.
Pero si esas pertenencias son objeto de robos frecuentes, pese a que están bajo custodia policial las 24 horas del día, el asunto ingresa en un terreno fangoso de dudas y de sospechas.
Es la historia repetida y muchas veces visibilizada por informes de La Voz, respecto de lo que ocurre en el predio provincial de Potrero del Estado, ubicado en jurisdicción de la comuna de Bouwer.
En ese depósito a cielo abierto, se amontonan automóviles, motocicletas y otros rodados de distinto porte que quedan en guarda judicial luego de ser retirados de la vía pública por infracciones diversas.
Lo concreto es que se incrementan las denuncias de particulares en las barandillas de los Tribunales II de la provincia. Cuando no es por la desaparición lisa y llana de un vehículo, es por el desmantelamiento de piezas que, se presume, irían a engrosar el stock de algún mercado negro.
El episodio más reciente tuvo como protagonista a un vecino que denunció en la Justicia que su moto había “desaparecido” del depósito en cuestión. Y adelantó que su reclamo no se agotará en el robo, sino que pedirá también que la Justicia investigue el accionar de la Policía como vigilantes del predio.
Es oportuno reiterar que los usuarios están obligados por normativas municipales y provinciales a circular con la documentación de dominio en regla.
Sin embargo, una vez constatada la infracción, no se los puede someter a un peregrinaje burocrático con interferencias de procedimientos entre los organismos públicos que deben dirimir cada caso.
Sin contar, claro está, que una vez superado ese trajín de oficinas abarrotadas de expedientes, el infractor se entera de que su vehículo ha sido sustraído o desmantelado por manos anónimas que, sugestivamente, la Policía no pudo identificar.
Es inadmisible que el depósito de Potrero del Estado haya entrado en una suerte de espiral delictiva que ni la Justicia ni la Policía pueden desbaratar.
¿Habrá algún resarcimiento dinerario a las víctimas de estas sustracciones? ¿O acaso el Estado no se hace responsable del pillaje sobre bienes ajenos que le fueron encomendados en función de la dudosa guarda?
Habrá que reformular cuestiones de organización y de control, de tal modo que las denuncias no se sigan acumulando sin destino. En materia de inseguridad, Potrero del Estado ha pasado a ocupar un lugar común en la compleja misión de poner en regla a los malvivientes que operan con pasmosa impunidad. Mientras la vigilancia sea sobrepasada por estos hechos, las sospechas de complicidad o de connivencias agitarán ese entramado difuso.
Entre la seguidilla de denuncias por robos en Potrero del Estado y la posible comisión de incumplimiento de los deberes de funcionario público, hay un corto trecho. Alguien debe dar respuestas, en bien de mejorar un servicio embarrado por las sospechas.
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