Para un pacto, es necesario el diálogo
En su discurso por el Día de la Bandera, el presidente Javier Milei propuso que el “pacto de mayo” –que no pudo concretarse en Córdoba el 25 de mayo– se firme el próximo 9 de julio en Tucumán. Convocó a gobernadores, dirigentes de los principales partidos políticos, expresidentes y miembros de la Corte Suprema. Y también, con una fórmula demasiado genérica, a “empresarios, trabajadores y, por supuesto, a toda la ciudadanía”.
En este nuevo llamado, Milei pidió dejar de lado “las anteojeras partidarias” y los “intereses particulares”, para establecer en conjunto “el nuevo orden económico que la Argentina necesita”. Si se recuerda que al abrir las sesiones ordinarias del Poder Legislativo, cuando hizo su primera convocatoria al “pacto de mayo”, el Presidente afirmó que no confiaba en que la dirigencia política fuera capaz de acompañarlo, estamos ante un cambio significativo en su discurso.
No es una cuestión menor. Por el contrario, sería deseable que ese giro discursivo rigiera de aquí en más su relación con la oposición. Porque toda convocatoria al diálogo y el acuerdo resulta poco confiable si quien la propone humilla constantemente a los mismos que convoca, adjetivándolos con los términos más ofensivos imaginables.
El pacto sigue contemplando los 10 puntos que se establecieron en marzo: inviolabilidad de la propiedad privada; equilibrio fiscal; reducción del gasto público para que este se ubique en torno del 25% del producto interno bruto (PIB); reforma tributaria para reducir la carga impositiva; configuración de una nueva coparticipación federal; un plan de explotación de los recursos naturales de las distintas provincias; reforma laboral; reforma previsional; reforma política, y apertura al comercio internacional.
Si bien se mira, expresan temas generales sin especificar contenido. Algunos son indiscutibles, otros invitan al debate y en algún caso específico podrían merecer una reformulación, debido a las circunstancias presentes que vive el país.
Por ejemplo, nadie discute la necesidad de un equilibrio fiscal. Pero el Gobierno lo está logrando a costa de negarles fondos esenciales a las provincias. ¿La Nación espera que las provincias, que sin duda deben reducir gastos excesivos, acepten un ajuste en la coparticipación que las termine desfinanciando? A propósito, ¿en qué tiempo piensa el Gobierno que se debiera alcanzar el objetivo del 25% del PIB como límite para el gasto público? Porque hasta el año pasado orillaba el 45% y una caída tan pronunciada puede traducirse en paralización de servicios imprescindibles.
En otras palabras, el pacto requiere un programa de reuniones con todos los actores involucrados, a fin de discutir y acordar un plan para cada uno de los objetivos propuestos.
Milei no puede pretender que el arco político, económico e institucional del país firme sin opinar la declaración que él redacte con sus colaboradores más cercanos. Si esa es su pretensión, pues entonces no desea pactar nada con la oposición sino sólo exigir una adhesión incondicional a su Gobierno, lo que no es propio de un régimen democrático.
Quedan dos escasas semanas. Es responsabilidad del Gobierno construir el acuerdo necesario para que el pacto propuesto se haga realidad.
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