Para la titular de la Cidh, en Nicaragua rige el estado de excepción de facto

La presidenta de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Antonia Urrejola, denunció ayer que la “prolongación del estado de excepción de facto en Nicaragua” busca inhibir la disidencia en un año en el que el presidente Daniel Ortega pondrá su poder en juego en elecciones presidenciales.

Urrejola presentó un informe durante una sesión del Consejo Permanente de la Organización de los Estados Americanos (OEA) en el que reportó la detención de al menos 20 opositores en las últimas semanas, entre ellos los aspirantes a la presidencia Cristiana Chamorro –bajo arresto domiciliario–, Arturo Cruz, Félix Maradiaga, Juan Sebastián Chamorro y Miguel Mora.

Existe “un contexto de impunidad generalizada y constantes violaciones a derechos humanos como parte de una nueva fase de represión’’ que obedece a “la negativa del Estado nicaragüense a realizar elecciones justas, libres y transparentes’’, afirmó la también relatora especial de la Cidh para Nicaragua.

Agregó que en el último mes la Cidh recibió 27 solicitudes de medidas cautelares para personas perseguidas o amenazadas en Nicaragua, casi la misma cantidad recibida en todo el año 2020.

Urrejola rechazó “la persecución a líderes políticos, periodistas y defensores de derechos humanos’’ y dijo que durante los recientes arrestos de opositores en muchos casos hubo uso de fuerza y allanamiento de viviendas sin orden judicial.

Dijo que varios de los detenidos fueron llevados a “audiencias secretas y sin representación legal’’. Las autoridades también rechazaron los recursos de exhibición personal presentados por familiares y no han brindado información sobre el lugar donde se encuentran los detenidos.

Reiteró que la represión de las protestas sociales en 2018 dejó al menos 328 muertos, más de 2.000 heridos, más de 100 mil emigrados y más de 1.600 detenidos en distintos momentos de la crisis. “Actualmente más de 124 personas permanecen privadas de libertad de manera arbitraria’’, advirtió.

El embajador de Nicaragua en la OEA, Ricardo Alvarado, calificó el informe de “falaz y malintencionado’’ y dijo que la CIDH es “utilizada como punta de lanza por Estados Unidos contra Nicaragua’’. También acusó al gobierno de Joe Biden y de otros países de ejercer una “descarada injerencia en el proceso electoral nicaragüense’’ y sostuvo que los opositores a Ortega son “grupos terroristas, mercenarios y vendepatrias dirigidos y financiados por el gobierno norteamericano’’. “Intentan reeditar el fallido golpe de Estado en el marco del proceso electoral’’, sostuvo Alvarado en alusión a las protestas de 2018. Añadió que todo es parte de una “campaña de desprestigio contra el Gobierno de Nicaragua’’.

El Gobierno justifica las detenciones

Dice que los opositores presos planeaban un golpe de Estado.

El Gobierno de Nicaragua justificó la detención de opositores y aspirantes a la presidencia a los que acusa de tramar un golpe de Estado contra el presidente Daniel Ortega, a quien la comunidad internacional acusa de querer garantizarse un cuarto mandato consecutivo. El canciller Denis Moncada dijo a la cadena Telesur que los delitos que les imputan a los detenidos están relacionados “con el encabezamiento y la dirección de golpes de Estado (…), y actividades vinculadas con terrorismo, que menoscaban la independencia y la soberanía del Estado nicaragüense”.

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