Otra vez un pacto de acero para suprimir la república
Los gremios de trabajadores del transporte constituyeron, el pasado 19 de septiembre, la llamada “Mesa Nacional”. El propósito –según explicaron– es defender la soberanía de nuestra Patria ”por las rutas, los trenes, los mares y los cielos”. En simultáneo, anunciaron que “resistirán los intentos de limitar el derecho de huelga” y que promoverán un “paro general”.
En lenguaje coloquial, amenazaron con volver a extorsionar a la población privándola de servicios esenciales. Y se niegan a admitir que la huelga –como todos los derechos consagrados por la Constitución en su artículo 14– no reviste el carácter de “derecho absoluto”. Por el contrario, tanto el artículo 22 como el artículo 10 del Código Civil establecen que está prohibido el ejercicio abusivo de los derechos.
Jurídicamente, pues, una huelga no puede suprimir los derechos de terceros. Por eso, bajo los gobiernos de Juan Domingo Perón se estableció que los trabajadores de servicios públicos que participaban en huelgas cometían un delito.
La Constitución modificada en 1949 para permitirle su reelección no incluyó la huelga como un derecho de los trabajadores. Ni se otorgó estabilidad absoluta a los empleados administrativos ni se admitieron “paritarias” entre el Estado y los sindicatos. Las convenciones colectivas –habilitadas recién en 1953– sólo entraban en vigor cuando el Estado las homologaba. En una palabra: Perón jamás admitió que los sindicatos se transformaran en “un Estado dentro del Estado”.
Antes de declarar “el estado de alerta y movilización”, los actuales emperadores sindicales se reunieron con el papa Francisco, a quien pidieron apoyo para sus intenciones y la bendición para sus conciencias. ¿Celebraron un pacto? En su caso, ¿un pacto para impedir que el Estado argentino cumpla con su obligación de garantizar el Estado de derecho y la protección del interés general?
Prácticas extorsivas
Por los antecedentes históricos, es razonable que buena parte de la población tema que las prácticas extorsivas de los emperadores sindicales pongan en riesgo la salud de las instituciones republicanas.
Desde la segunda mitad del siglo anterior hasta que se restableció el sistema democrático en 1983, tres presidentes fueron destituidos por golpes militares que actuaron sobre terrenos abonados por los sindicatos.
En 1962 fue destituido el presidente Arturo Frondizi, víctima de los sabotajes y las acciones terroristas de los sindicatos agrupados tras la consigna de “Perón vuelve”; en 1966, fue desalojado a empujones de la Casa Rosada el presidente Arturo Umberto Illia, quien tuvo el valor de democratizar el funcionamiento de los sindicatos y proteger a la población estableciendo límites para las huelgas que afectaran los servicios públicos.
Para impedirlo, el sindicalismo sometido a la jefatura de Augusto Timoteo Vandor se sumó a la fracción del Ejército que conducía el general Juan Carlos Onganía, y entre ambos pusieron fin al gobierno de la ley para imponer una dictadura que se extendió hasta 1973.
En 1975, ya bajo la presidencia de Isabel Martínez de Perón, los sindicatos que se opusieron a sus medidas de gobierno se unieron a sectores militares que planeaban un golpe con la finalidad, según dijeron públicamente, de combatir las acciones de la guerrilla de Montoneros” y del Ejército del Pueblo. En marzo de 1976, en cumplimiento del plan militar-sindical, la presidenta fue detenida y privada de su cargo.
Los presidentes Raúl Alfonsín y Fernando de la Rúa no fueron destituidos, pero debieron renunciar antes del vencimiento de sus funciones para impedir que las huelgas sindicales provocaran el enorme daño de una crisis que afectaría a toda la población.
En la actualidad no hay fracciones del Ejército que puedan sumarse a los monarcas sindicales para destituir a los presidentes que no se someten a sus órdenes; ni “guerrilleros” dispuestos a empuñar de nuevo armas letales para imponer gobiernos semejantes a los de Cuba, Nicaragua o Venezuela. Queda el papa Francisco. Y a su autoridad religiosa han acudido.
¿Será suficiente para que el pacto tenga la fortaleza del acero? De cualquier manera, sea el pacto de acero o de papel, es necesario que el presidente Javier Milei entienda que para superar la crisis que somete a la pobreza a la mitad de los argentinos no basta con reducir la inflación al 20% anual y llevar a “cero” el “déficit fiscal”.
Sencillamente porque fue la crisis producida por los tres poderes que hace décadas sustituyeron las instituciones republicanas por un régimen corporativo de raíz fascista: el sindicalismo monárquico, las empresas que lucran con dádivas y subsidios del Estado y los regímenes feudales que gobiernan las llamadas “provincias” a través de clanes familiares que ejercen la suma del poder público.
Los partidos políticos actuales no están preparados para vencer la crisis enfrentando y poniendo límites a esos factores. Por ahora, deberemos confiar en que el Ministerio Público (órgano constitucional encargado de “preparar y promover la acción judicial en defensa del interés público y los derechos de las personas”) y las fuerzas de seguridad, sin apartarse de la ley, coordinen sus acciones para impedir que las patotas sindicales usurpen los espacios públicos, extorsionen al Estado y a los empleadores con violencia y sabotajes, e intimiden a los trabajadores que quieren honrar sus obligaciones.
Respetando la ley, protegiendo la independencia de los magistrados judiciales y no permitiendo que la impunidad proteja a los violentos evitaremos que Milei se vea forzado a renunciar anticipadamente a su mandato, como ocurrió con los precedentes históricos citados.
* Abogado
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