Omar Felix, sobre la ley de biocombustibles: “Se busca evitar los aumentos que se trasladar al surtidor”
En medio de las gestiones contrarreloj para tratar de reemplazar la ley de biocombustibles, que vence el próximo 12 de mayo, el presidente de la Comisión de Energía de la Cámara de Diputados, el mendocino Omar Félix, defendió la nueva propuesta que diseñaron en el Frente de Todos y que genera malestar entre los productores de maíz con presencia mayoritaria en Córdoba.
Felix dijo que el objetivo del nuevo proyecto es diferenciar la dimensión de los actores del sector y darle facultades a la Secretaría de Energía para que actúe ante fenómenos coyunturales que impacten en los precios. En otras palabras, la premisa es evitar presiones sobre el valor en los surtidores.
En una entrevista con La Voz, el diputado oficialista habló sobre la posibilidad de modificar el porcentaje del corte en los combustibles, con la que se reduciría la participación del sector maicero, y sobre otros cambios que generan malestar en el sector. Aseguró que la nueva ley se promulgará el 12 de mayo.
–¿Por qué se decidió avanzar con una nueva ley?
–La ley que está vigente, que se debería prorrogar, tiene algunas dificultades para su cumplimiento e incluso se ha judicializado. Es una ley que es de imposible cumplimiento, por lo menos por ahora, que fue muy buena para generar el mercado de biocombustible porque hay 55 plantas que existen gracias a ella, pero hoy hay realidades distintas. Una cosa es el bioetanol en base a maíz, otra el bioetanol en base a la caña de azúcar y después está todo lo que es biodiesel de la soja. Son todas realidades distintas, con actores grandes y chicos.
–¿Entonces cuál es el espíritu del proyecto que se impulsa ahora?
–Se necesita una nueva ley que contemple estas nuevas realidades y que permita controlar también las coyunturas, como la que tenemos hoy donde tenemos un escenario con valores muy altos de los commodities, sobre todo de soja y también de maíz. Y todos esos son aumentos que se trasladan al surtidor, al bolsillo de los argentinos en general. Entonces se necesita un marco regulatorio con nuevos elementos, no sólo de acá al futuro, porque la nueva ley está planteada hasta el 2030, y que permita que no tengamos impacto en el bolsillo de los argentinos y que las plantas puedan seguir funcionando y sostener la actividad.
–¿El objetivo central es contener el precio en los surtidores?
–Sí, desde luego. Eso coordinado con la necesidad de sostener a todas las plantas funcionando.
–¿Pero se contempla la posibilidad de reducir del 12% al 9% el porcentaje del corte en los combustibles y esa quita sería únicamente sobre el maíz?
–Esa es una facultad que se le otorga a la Secretaría de Energía, que actuará en función de la necesidad para poder regular el corte y el precio, tratando de no afectar la rentabilidad de las plantas ni el valor en surtidor. Esta es más o menos la idea. Como está hoy es incumplible. Córdoba pedía que el corte no se baje al 10% y se le dio el 12%, pero también la Secretaría tiene que tener algunas herramientas para actuar ante la coyuntura. Hoy tenemos dos situaciones que son muy difíciles para cualquier actividad económica: una es la pandemia y, en el caso de los biocombustibles, está el tema del alto valor de los commodities motivado por la demanda China y por la baja en la cosecha de los Estados Unidos. Entonces, hay una demanda importantísima de estos commodities y tal como está la ley se traslada a los precios de los surtidores. La prioridad es el interés general de todos los argentinos y evitar factores que contribuyan a la inflación y uno de ellos es el valor de la energía en general y de los combustibles.
–Otro elemento que generó malestar tiene que ver con los cupos para administrar las ventas de las empresas, que solamente se mantendrán para el caso del maíz.
–Cuando hablamos de maíz y de soja, hablamos de un mercado que tiene una alta demanda. Y cuando hablamos de azúcar, es la demanda nacional y es en pesos, no es en dólares. Entonces acá se ve afectada una economía regional, como es la de la azúcar, que no tiene otra salida. Entonces, desde el Estado tenemos que contemplar todas estas realidades y también darle prioridad a la defensa de las PyMEs sobre aquellas empresas que tienen la posibilidad de la exportación.
–¿Cómo será el tratamiento legislativo, dado que la ley vigente vence el 12 de mayo?
–La idea es trabajar esta semana en comisiones y que la próxima semana se trate en el recinto y vaya al Senado. Esta ley debería ser promulgada el día 12.
–¿Y creen que llegan con los tiempos?
–¿Por qué no llegaríamos? Tendría que darse una situación de una imposibilidad física o técnica, pero hoy tenemos todas las herramientas para poder hacerlo. No hay ningún inconveniente para que esto se pueda hacer.
–¿El proyecto nuevo contempla beneficios fiscales?
–Los beneficios fiscales están establecidos en la ley actual. Estos beneficios terminan.
–Ahora se busca crear un consejo asesor ¿Quiénes lo conformarán y cuál será su misión?
–Sí, lo prevé la ley. Conformar el Consejo con los diferentes actores de la actividad en el marco de la Secretaría de Energía, para poder hacer un seguimiento de la actividad. La Secretaría de Energía es la que se encargará de la convocatoria y de establecer cómo funcionará. Estará integrado por las provincias productoras. La idea es que sea una mesa amplia donde se de un ámbito de debate y discusión de todas las políticas a desarrollar y también en la que se reflejen las demandas y necesidades del sector.
–¿Cuál es el mensaje para los productores de etanol de maíz, que en su mayoría están en Córdoba y que se muestran molestos ante la nueva ley?
–Se respeta el pedido que hicieron los legisladores de Córdoba, sobre todo Eduardo Fernández. La posibilidad de conservar ese 12% de corte va a tener que ver con la coyuntura, pero siempre se tendrá en cuenta la posibilidad de que las plantas sigan trabajando, de que no haya un parate en el sector. Y se le dan herramientas a la Secretaría de Energía para que ocurra lo que ocurre hoy, que hay una incertidumbre muy grande y tampoco se puede cumplir con lo que dice la ley y se termina en la judicialización. Las situaciones cambian, tuvimos una ley que fue virtuosa para generar un mercado y una actividad, pero ahora hay que adecuar toda la actividad a la realidad que hoy tenemos. Eso es lo que busca esta ley.
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