No avalar el uso político de la violencia
Una vez más, la sociedad argentina tuvo que presenciar actos de violencia en las inmediaciones del Congreso Nacional, mientras una de las cámaras debatía un proyecto de ley.
Abstraigámonos de los detalles circunstanciales. No importa demasiado, a la hora de evaluar los sucesos, quién gobierna y qué propone, quién se opone y qué objeta.
Lo esencial es que el uso político de la violencia debe ser considerado como un ataque a las instituciones democráticas, por lo que ningún grupo político que pretenda participar en el juego democrático puede avalarla de manera directa o indirecta, por acción u omisión.
Una cosa es la organización y la realización de una manifestación de protesta que intente hacerles sentir a los legisladores que un sector de la sociedad se opone a lo que están por votar. Esa dinámica no afecta las prácticas democráticas mientras los manifestantes, sobre todo quienes convocan, expresen su oposición de manera pacífica.
No fue eso lo que ocurrió el pasado miércoles. Como en diciembre de 2017, por poner un ejemplo que perdura en la memoria colectiva, un sector político avaló el uso de la violencia como instrumento de presión. Si entonces se arrojaron varias toneladas de piedras contra las fuerzas de seguridad que custodiaban el Congreso y quedó registrado el uso de al menos un mortero, pues en esta ocasión se observó el uso de bombas molotov y al menos un detenido portaba una granada de gas.
La rotura de baldosas y bancos de hormigón, entre otros elementos, aportaron las piedras que cientos de manifestantes arrojaron contra las fuerzas de seguridad.
La zona, además, terminó con gran parte de su mobiliario urbano seriamente dañado. Se rompieron canteros ornamentales y la reja de ingreso al Monumento de los Dos Congresos; se quemaron panes de césped, cestos y contenedores de basura; y una manifestante fue detenida cuando les prendía fuego a dos bicicletas del Gobierno de la Ciudad.
Párrafo aparte merece la acción de un grupo de piqueteros que atacó el móvil de Cadena 3. Luego de agredir al periodista Orlando Morales y de sacarlo a empellones del vehículo, tumbaron el vehículo y lo incendiaron. Puede pensarse que fue un acto más de violencia, al azar. Pero el automóvil estaba claramente identificado como móvil de la emisora, por lo que también cabe pensar que fue un claro intento de amedrentar para condicionar el trabajo periodístico.
Los máximos dirigentes del peronismo cordobés –Juan Schiaretti, Martín Llaryora, Daniel Passerini y Alejandra Vigo– no dudaron en repudiar la violencia y destacaron que no es este el camino apropiado para plantear ningún tipo de discrepancia política. El mismo mensaje emitieron dirigentes de la oposición, como los radicales Soledad Carrizo y Rodrigo de Loredo, y el macrista Oscar Agost Carreño.
Las diferencias políticas deben dirimirse, en primera instancia, mediante el diálogo. En ese momento, todos los interesados tienen la posibilidad de expresar su posición. Y en segunda instancia, cuando se trata de un proyecto legislativo, está la votación de los representantes del pueblo, sean diputados o senadores. Allí siempre habrá distintos sectores en pugna intentando establecer una mayoría, aunque sea circunstancial. Y a quienes la relación de fuerzas les indique que no pueden triunfar deberán reconocer que otro sector político logró imponerse. En ambos momentos, el uso de la violencia está vedado para unos y otros. No es con palos y piedras que construiremos un país mejor, sino con argumentos e institucionalidad.
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