Neonatal: elevan a juicio la causa contra el exministro Diego Cardozo y los exfuncionarios por “encubrimiento”
El fiscal Raúl Garzón dio el paso que faltaba y decidió elevar a juicio las responsabilidades funcionales por las muertes de bebés en el Hospital Materno Neonatal de Córdoba. Con el exministro de Salud provincial, Diego Cardozo, a la cabeza, Garzón cerró la investigación y notificó este miércoles a las partes. Las primeras informadas fueron las familias de los bebés muertos y atacados en el hospital, a quienes el fiscal recibió en su despacho para explicarles qué significa este paso judicial. Vendrá, ahora, la etapa de las apelaciones y las oposiciones.
Antes, el fiscal ya había elevado a juicio a la enfermera Brenda Agüero, a quien le atribuye los asesinatos en serie en el Neonatal. La figura penal por la que irá a juicio Agüero es la de homicidio calificado por procedimiento insidioso reiterado, en contexto de serialidad criminal (5 hechos) y homicidio calificado por procedimiento insidioso reiterado, en contexto de serialidad criminal en grado de tentativa (8 hechos).
Con esta nueva decisión, si los recursos defensivos no meten a la investigación en un laberinto judicial, se estará en condiciones de celebrar en un mismo juicio el debate por la autoría material y por las responsabilidades funcionales. Dicho de otro modo: estarían sentados entre los acusados, en la misma audiencia, Agüero y Cardozo.
Las responsabilidades funcionales que atribuye Garzón son las siguientes:
- Diego Cardozo, exministro de Salud. Se lo acusa de omisión de deberes de funcionario público y encubrimiento doblemente calificado por la gravedad del hecho precedente y por su calidad de funcionario público.
- Liliana Asís, exdirectora del Neonatal. Se la acusa de omisión de los deberes de funcionaria pública, encubrimiento doblemente calificado por la gravedad del hecho precedente y por la calidad de funcionario público y encubrimiento por ocultamiento y destrucción de pruebas agravado por la calidad de funcionario público. Está detenida con prisión domiciliaria.
- Claudia Ringelheim, exsubdirectora médica del Neonatal. Se la acusa de omisión de deberes de funcionaria pública y encubrimiento doblemente calificado por la gravedad del hecho precedente y por su calidad de funcionario público.
- Marta Gómez Flores, exjefa de Neonatología del Neonatal. Se la acusa de omisión de deberes de funcionaria pública y encubrimiento doblemente calificado por la gravedad del hecho precedente y por su calidad de funcionario público. También se le atribuye falsedad ideológica.
- Adriana Moralez, médica del Neonatal. Se le atribuye omisión de deberes de funcionaria pública y encubrimiento doblemente calificado por la gravedad del hecho precedente y por su calidad de funcionario público.
- Alicia Ariza, exjefa de Enfermería del Neonatal. Se la acusa de omisión de deberes de funcionaria pública.
- Alejando Escudero Salama, exsubdirector administrativo del Neonatal. Se lo acusa de omisión de deberes de funcionario público y encubrimiento doblemente calificado por la gravedad del hecho precedente y por su calidad de funcionario público. Tiene otra causa abierta por la reunión secreta con el fiscal Guillermo González y el jefe de la morgue judicial Moisés David Dib que está bajo análisis del fiscal de Cámara Julio Leiva, tras la oposición de la jueza de control Anahí Hampzadourian al desglose de la parte en la que está involucrado Escudero Salama y el archivo en favor de los dos funcionarios judiciales decidido por el fiscal Iván Rodríguez.
- María Alejandra Luján, médica del Neonatal. Se le atribuye omisión de deberes de funcionaria pública y falsedad ideológica.
- Alejando Gauto, exdirector de Legales del Ministerio de Salud. Se lo acusa de omisión de deberes de funcionario público y encubrimiento doblemente calificado por la gravedad del hecho precedente y por su calidad de funcionario público.
Para el abogado querellante que representa a las familias de tres bebés muertos y uno que sufrió ataques en el Neonatal, Carlos Nayi, lo que está en juego en estas acusaciones es “la responsabilidad funcional indelegable e intransferible de quienes no denunciaron lo que desde el imperio de la ley tenían la obligación de hacerlo, de quienes falsearon documentos públicos y encubrieron eventos criminales despiadados”.
El reproche central a los funcionarios es no haber dado participación a la Justicia desde el momento en que se registró que había algo extraño en las muertes y se sospechó, en primera instancia, de la vitamina K. “La no adopción de medidas temporáneas como dar intervención inmediata a la Justicia no solamente terminó frustrando la obtención de pruebas de singular importancia para el descubrimiento de la verdad real, sino que contribuyó de manera peligrosa a sincerar el camino que condujo a la muerte a otros neonatos y comprometió la vida de distintos recién nacidos”, acusó Nayi.
La situación del exsecretario de Salud Pablo Carvajal
El fiscal Garzón dejó en suspenso la elevación a juicio contra el exsecretario de Salud provincial, Pablo Carvajal, a quien tiene acusado bajo las mismas figuras que su jefe directo, el exministro Diego Cardozo: encubrimiento agravado y omisión de deberes de funcionario público.
Carvajal tiene aún pendiente un recurso de casación al Tribunal Superior de Justicia por su intención de sumar como codefensor al penalista Justiniano Martínez, un hecho que fue resistido por el fiscal Garzón porque por existir una amistad previa el ingreso a la causa de Martínez obligaría a su apartamiento.
De este modo, Garzón inadmitió el nombramiento. Con el patrocinio del abogado Joaquín Nores –desde el inicio, defensor de Carvajal y socio en el estudio jurídico de Martínez–, el planteo fue al Juzgado de Control y a la Cámara de Acusación, recibiendo sendos reveses. Pero como no está agotada la última instancia y para no caer en un incidente de nulidad, Garzón dejó pendiente la resolución de la situación procesal de Carvajal, explicaron fuentes de la fiscalía.
La otra causa, que involucra a otro fiscal
En paralelo, se espera que el fiscal de Cámara Julio Leiva decida si le otorga razón o no al criterio que expresó la jueza de control Anahí Hampzadourian que discrepó con el archivo que dispuso el fiscal Iván Rodríguez de la investigación contra su par Guillermo González y contra el jefe del Instituto de Medicina Forense Moisés Dib. Rodríguez, a su vez, decidió reenviar a Garzón la investigación contra Alejandro Escudero Salama, el exsubdirector administrativo involucrado en este desprendimiento de la causa Neonatal que busca establecer si hubo omisión de deberes de denunciar (o un encubrimiento, en este caso judicial) en la reunión que tuvieron en el despacho de González el fiscal, Dib y Escudero Salama en mayo, cuando en el Neonatal ya se habían producido dos muertes y cinco ataques contra recién nacidos, sin explicación clínica o médica.
La decisión de Leiva puede confirmar el archivo o bien, como opinó la jueza de control, completar la investigación y esperar que concluya la instrucción que lleva adelante en la causa principal Garzón antes de decidir darla por cerrada. Si va por este camino Leiva, la causa tendría que volver a un fiscal: el mismo Rodríguez, otro que se defina por sorteo o, incluso, el propio Garzón. De darse este último caso, podría reabrirse la discusión por el apartamiento del fiscal principal, puesto que su enemistad con su par González es manifiesta.
Nayi, en representación de las madres del Neonatal, pidió ser admitido como querellante particular, también, en esta causa.
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