Negar los derechos de las provincias es un error
El mes pasado, el Gobierno nacional transfirió a las provincias, en conjunto, apenas $ 71.331 millones bajo el rubro “envíos no automáticos”. Eso representa, respecto de mayo de 2023, una caída interanual nominal del 36%. Pero si se considera que en los últimos 12 meses la inflación fue superior al 280%, la caída real de estas transferencias superó el 80%.
Las transferencias no automáticas van por fuera de la coparticipación, pero no representan “envíos discrecionales”, como sería el caso de los aportes del Tesoro nacional (ATN).
La denominación “no automáticos” engloba partidas que se fijaron en leyes o en acuerdos fiscales y que estaban, hasta el año pasado, previstas en el Presupuesto nacional. Por ejemplo, el Fondo de Incentivo Docente (Fonid), suspendido por el presidente Javier Milei desde que asumió; fondos para salud y variadas actividades socioeducativas, y los giros a las cajas de jubilaciones no transferidas, entre las que se cuenta la de la provincia de Córdoba.
El recorte de los recursos no automáticos girados por la Nación a las provincias se inició en enero. El Gobierno nacional se justificó en que “no hay plata” y en la imperiosa necesidad de priorizar su objetivo de equilibrar las cuentas, al mismo tiempo que criticó a las provincias por no ajustar sus gastos y querer seguir derrochando a costa de la Nación.
El argumento resulta endeble. Por un lado, hay análisis que demuestran que las provincias, en general, concluyeron 2023 con un pequeño superávit primario. Aun si suponemos que ese resultado puede haber dependido en numerosas jurisdicciones de los ATN que repartieron Alberto Fernández y Sergio Massa en medio de la campaña electoral, la situación económica real de las provincias sería más positiva que la que presenta en su discurso el Gobierno nacional.
Por otro lado, las partidas no automáticas que se originan en leyes o en acuerdos fiscales no deben ser desconocidas por la Nación de manera unilateral. Las provincias afectadas podrían iniciar una demanda judicial que significaría, a futuro, una sentencia en contra de la Nación.
En otras palabras, se trata de montos que tarde o temprano el Gobierno nacional deberá transferir a cada jurisdicción. Por eso mismo, no son pocos los economistas que aseguran que es insostenible el superávit actual logrado en estos meses: si las provincias recibieran los dineros que se les adeudan, el excedente se esfumaría. El superávit actual se produce, entre otras cosas, por la generación de una deuda con las provincias.
De todos modos, mes a mes se torna más evidente que, a la hora de los recortes, el Gobierno establece diferencias entre las distintas jurisdicciones. En mayo, por ejemplo, la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y Salta apenas perdieron alrededor del 35% de los recursos de ese origen en comparación con igual período de 2023, pero Córdoba y otras 12 provincias perdieron entre el 92 y el 99% de lo que venían recibiendo.
Negar los derechos de las provincias es un error. Pero, si además se discrimina entre ellas para negárselos a algunas más que a otras, el cuadro empeora considerablemente. La Nación debe revertir esta situación a la brevedad.
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