Motín policial: el hito que marcó el quiebre definitivo en la relación de los K con Córdoba
La enorme grieta política que separa a Córdoba de los gobiernos kirchneristas, y que explica en buena medida la repetida conducta electoral refractaria de los cordobeses a cualquier cosa que huela a K, se consolidó hace exactamente 10 años.
Aquellos días oscuros y violentos de inicios de diciembre de 2013 de los que se están cumpliendo ahora una década marcaron para siempre el divorcio entre una mayoría de habitantes de la provincia y el poder kirchnerista. Si Córdoba fue primero macrista y ahora es mileísta, es porque, antes que nada, es profundamente anti-K.
Ese rechazo tiene una explicación bastante lineal, que fue negada por las autoridades kirchneristas del momento, aunque repetida y denunciada hasta el hartazgo por los funcionarios cordobeses, algunos de los cuales todavía están en el gobierno provincial: la Nación –o, lo que es lo mismo, Cristina Kirchner– “abandonó a los cordobeses”.
Hay un consenso extendido acerca de que los sucesos que se vivieron en las largas horas de desidia del 3 y 4 de diciembre de aquel año signaron, sin que mediara pausa alguna hasta hoy, la distancia sideral que existe entre buena parte de los cordobeses y cualquiera de las formas en las que se envasó el kirchnerismo a nivel nacional y provincial.
Esos días, además de la reconstrucción posterior que realizó el peronismo provincial de aquella crisis, terminaron de consolidar el “no” rotundo hacia los K.
El primer round de la separación entre Córdoba y el kirchnerismo tuvo como telón de fondo el largo conflicto con el sector rural disparado por la polémica resolución 125, de 2008, sobre retenciones móviles a las exportaciones de soja, trigo y maíz.
El resultado del reciente balotaje volvió a evidenciar esa fractura expuesta, que se fue consolidando con el paso del tiempo. Córdoba sigue siendo la capital nacional del antikirchnerismo. Sin saberlo, lo que hoy se corporiza bajo la categoría “cordobesismo” nació en aquellas jornadas tenebrosas de diciembre de 2013.
“Córdoba ha peleado muchas veces sintiendo que desde el poder central se le dio la espalda”, afirmó Sergio Massa, en modo perdón, hace apenas unas semanas en Río Cuarto. El pedido de disculpas del ministro de Economía de la Nación y por entonces candidato a la presidencia, no hizo mella ni influyó electoralmente. Por más que su origen sea otro, para Córdoba Massa es K. Punto.
Responsabilidad cordobesa
El abandono que la Policía ejerció sobre los cordobeses fue la consecuencia del amotinamiento que la fuerza de seguridad provincial ejecutó para protestar por malos salarios.
Esa ventana de desprotección activó la ráfaga de saqueos al por mayor que tuvo en vilo a la ciudad de Córdoba (con episodios aislados en ciudades del interior) y que terminó con el trágico saldo de dos muertos, decenas de heridos y una secuela de vulnerabilidad que, cada vez que la tensión social escala, demuestra que no terminó de disiparse por completo.
La chispa que encendió la desidia fue responsabilidad plena del gobierno del luego fallecido gobernador José Manuel de la Sota, quien durante meses desoyó señales de alarma que tenían como origen el malestar de los uniformados de azul.
La crisis policial, que luego derivó en política por la magnitud de su profundidad, encontró a De la Sota fuera del país. La imagen del exgobernador y exlíder del peronismo en el aeropuerto de Panamá, esperando por un vuelo de regreso y sólo en compañía de una bolsa con compras del free shop, es una de las postales negras del delasotismo.
Desde un primer momento, pero también con esmero años más tarde y hasta la actualidad, tanto De la Sota como Juan Schiaretti reforzaron la idea del “abandono” K a Córdoba, una construcción identitaria que el cordobesismo se encargó de propagar cada vez que el PJ local vio una amenaza política u electoral en contra suyo.
Una frase hecha puñalada
“Que los cordobeses se cocinen en su propia salsa”. La frase que había usado en el pasado Juan Domingo Perón se le atribuye a Jorge “Coqui” Capitanich, en aquel momento jefe de Gabinete de Cristina Kirchner.
El chaqueño fue señalado por las autoridades cordobesas por no haber atendido los llamados insistentes que partían desde los principales despachos del Panal.
Oscar González, hombre fuerte de aquella última gestión de De la Sota y por entonces a cargo del Ministerio de Gobierno, declaró años después en la Justicia no sólo que la administración kirchnerista negó la asistencia de la Gendarmería para ayudar a controlar la revuelta, sino que el acuartelamiento había sido promovido desde la esfera nacional con el objetivo de desestabilizar al gobierno cordobés.
A pesar de que Capitanich nunca reconoció haber pronunciado aquellas palabras que se le adjudican, en la memoria de los cordobeses el chaqueño quedó marcado para siempre por ese episodio.
En 2021, la Justicia federal determinó que ni Capitanich ni Sergio Berni –en aquel tiempo secretario de Seguridad de la Nación–, ni María Cecilia Rodríguez –al frente de la Unidad Gabinete de Asesores en el Ministerio de Seguridad de la Nación– incumplieron sus deberes de funcionario público ante la supuesta falta de respuesta al llamado de las autoridades provinciales. Fueron sobreseídos.
Esa investigación federal se había iniciado como derivación del juicio en el que terminaron condenados, con penas de prisión en suspenso, 52 policías que se habían acuartelado.
La Justicia no logró probar el “abandono” del gobierno K. Para los cordobeses, no fue necesario. El veredicto sigue siendo uno solo: culpables.
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