La Voz del Interior @lavozcomar: Ministerio Público de la Defensa: los asesores letrados apoyan y piden “conducción técnica”

Ministerio Público de la Defensa: los asesores letrados apoyan y piden “conducción técnica”

El Ministerio Público de la Defensa que acaba de crear la Legislatura de Córdoba es un viejo reclamo de los defensores oficiales de la provincia. Se trata de 86 funcionarios judiciales concursados que ejercen la defensa pública de las personas vulnerables, mayoritariamente de quienes no cuentan con medios económicos para solventar su representación jurídica.

Hasta ahora, los defensores públicos –que tienen un rango similar al de un fiscal y equipo a su cargo– dependieron directamente del Tribunal Superior de Justicia. Reclamaban desde hace años una estructura jerárquica que fije los lineamientos y estándares del trabajo de los defensores, y por esa razón apoyaron a través de una carta del Foro de Defensores Públicos de la Asociación de Magistrados y Funcionarios Judiciales de la provincia de Córdoba la iniciativa que se aprobó en la Unicameral.

No obstante, la misma nota plantea la necesidad de que “quienes ocupen los lugares de dirección del futuro Ministerio Público de la Defensa, posean un perfil personal afín a esta tarea y, por sobre todo, cuenten con experiencia profesional en la defensa de estos sectores, tal como lo son las Asesoras y Asesores Letrados que hoy integran la Defensa Pública en el Poder Judicial de Córdoba, quienes incluso han legitimado este rol por concurso”. Hasta ahora, no se conocen los nombres de los aspirantes a esos cargos, que serán vitalicios y tendrán una remuneración similar a la de un vocal del Tribunal Superior, pero los asesores reiteran la necesidad de que se constituya una “conducción técnica” y no política.

“Consideramos que la creación del Ministerio Público representa una jerarquización que fortalece la defensa pública y beneficia el acceso a la Justicia de los más vulnerables”, indicó Pablo Pupich, defensor público del Fuero Penal.

El asesor letrado indicó que con sus pares reclaman coordinación y lineamientos generales en el ejercicio de la tarea. “La defensa supone un acuerdo individual entre el abogado y su defendido, pero consideramos necesarios unos criterios mínimos y un protocolo general de actuación, como ya tienen casi todas las provincias argentinas y también la Defensoría General de la Nación”, explicó Pupich.

Las función más importante que la ley aprobada establece para la nueva estructura jerárquica del Ministerio Público de la Defensa es “promover la actuación de la Justicia en defensa de los intereses particulares de sus representados o asistidos”. También establece que deben instituir “mecanismos de verificación de las vulnerabilidades” de las personas que solicitan defensa oficial, procurar la conciliación y “establecer un modelo de gestión basado en datos y fijar estándares de calidad para la mejora del servicio”.

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