Mendiolaza adeuda de $ 1.500 millones y no le pagó a Epec en 24 años
La gestión de la intendenta Adela Arning completó las auditorías de las cuentas municipales heredadas de la gestión de Daniel Salibi. El intendente radical tuvo seis gestiones consecutivas y según el resultado de esas auditorías, dejó una deuda de 1.500 millones de pesos y una situación de desfinanciamiento que se agravó por la caída de coparticipación, por lo que el municipio afronta una severa crisis.
“Sabíamos que el estado era delicado, y por eso se dispusieron auditorías contables que recién arrojan los primeros resultados y son mucho peores que lo que la administración anterior nos mostró en el Acta de Transferencia. Triste realidad que pagamos todos”, indica el comunicado de prensa que anunciaba el envío al Concejo Deliberante del proyecto de ordenanza que ya declaró la emergencia económica, financiera y administrativa del municipio por el lapso de un año.
La norma fue aprobada por los cuatro concejales del PRO, con la negativa de los tres ediles opositores. “Lamento que la oposición no acompañe este intento de ordenar las cuentas del municipio, pese a la cantidad de argumentos que hemos expuesto”, indicó la intendenta Arning, que remarcó que se reunió con el gobernador Martín Llaryora para exponer la gravedad de la situación y que cuenta con apoyo de varias áreas técnicas de la Provincia para este ordenamiento.
Uno de los detalles más llamativos del cuadro se situación que hizo público el municipio es el “sobreendeudamiento que compromete la coparticipación futura”. Por ejemplo, la decisión de no pagarle a Epec el alumbrado público desde hace más de 20 años, por lo que la empresa provincial envió una carta documento con una intimación por una deuda de 398 millones de pesos. No se conoce por qué razón pasaron dos décadas sin reclamos por ese atraso.
Arning mencionó también el incumplimiento de obligaciones tales como la ejecución de los Programas de Vivienda Semilla (se hizo solo una de un total de 10 que financió la Provincia) y o el Plan Aurora (se adeudan 2 aulas al IPEM 317).
“Además, nos encontramos con contratos y acuerdos perjudiciales para la Municipalidad con, por ejemplo, quien fuera la Procuradora Municipal y Asesora Letrada (que inmediatamente luego del 10 de diciembre pidió regulación de sus millonarios honorarios en contra del municipio), sumado a una obra de gas que los vecinos abonaron y nunca les llegó, lo que acrecienta la deuda”, indica el comunicado oficial.
El total del monto de deuda heredado asciende a unos 1.500 millones de pesos, en un municipio que cuenta con un presupuesto anual del orden de los 7.500 millones. “Urge renegociar y reestructurar ese pasivo, de modo que el municipio pueda hacer frente a esa deuda sin incumplir con sus obligaciones básicas”, indicó Arning, quien recalcó que la situación se agravó con el pago del medio aguinaldo, la caída de la coparticipación y la baja recaudación propia, que mayoritamente proviene de las tasas inmobiliaria y automotor. Se priorizaron los salarios de julio de los empleados, y la mitad de los sueldos de la planta política todavía no se abonaron.
“Tenemos reclamos de todo tipo, en especial de proveedores, y urge un acuerdo de pago con Epec”, indicó la intendenta, que describió la situación heredada como un “campo minado”. El exintendente Salibi integra la planta de empleados del municipio, aunque solicitó licencia por dos años tras dejar su cargo.
Emergencia
Según lo que consigna el texto de la ordenanza, con la emergencia el Ejecutivo municipal apunta a cinco medidas principales:
1. Reevaluación y priorización del gasto público, para focalizar en áreas estratégicas y reducir o postergar gastos no esenciales.
2. Optimización de la recaudación fiscal, para fortalecer las acciones de cobro y modernizar los sistemas de recaudación para mejorar los ingresos.
3. Control de precios y costos, que se intentará a través de regociaciones con proveedores para obtener mejores condiciones en las compras.
4. Suspensión temporal de proyectos no urgentes y la postergación de proyectos que no sean esenciales para redirigir esos recursos a áreas críticas.
5. Monitoreo continuo de la situación financiera y seguimiento constante para evaluar la efectividad de las medidas adoptadas.
La emergencia regirá por un año, prorrogable por un año más. Entre muchas otras facultades, permite que el Ejecutivo ponga en venta bienes muebles e inmuebles y ordena la “verificación obligatoria de los créditos originados de causa o título anterior al 10 de Diciembre de 2023, vencidos o no, en contra de la Municipalidad de Mendiolaza”.
El procedimiento de verificación de deudas será reglamentado luego, así como los mecanismos de pago que adopte el municipio.
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