Masacre: Verónica lleva 15 años esperando justicia
Muchos celebran el Día de los Enamorados; otros, lo consideran algo fútil. Pero para Verónica Ramírez, desde hace 15 años el almanaque le recuerda que el 14 de febrero fue el día que asesinaron a sus hijos en un acto de venganza hacia ella.
Conocida como “La masacre de barrio Cerveceros”, la matanza fue protagonizada por Rosario Cándido González (58), el policía retirado que, resentido con ella, mató a los hijos de ambos en su departamento de separado. Allí, uno a uno, los ejecutó con su arma reglamentaria.
La “víctima colateral” o la “sobreviviente”, como se le llama en los expedientes a Verónica, venía peregrinando desde hacía años por numerosas dependencias policiales y judiciales para evitar que González la agrediera y llegara a matarla, sin acaso imaginar que el embate sería mucho más cruel.
Sus reclamos desesperados a las autoridades fueron tan desoídos que jamás logró que al policía le quitaran su arma reglamentaria, a pesar de las agresiones físicas (aun con abuso de la 9 milímetros) y amenazas de todo tipo que sufrió a lo largo de años.
Al final, aquel 14 de febrero de 2006 Córdoba amaneció con el drama de cuatro niños asesinados y su padre suicidado. Verónica perdió para siempre a María (14), Florencia (9), Narella (8) y Enzo (6).
La Justicia y la Policía de la Provincia desatendieron tantas advertencias que, frente a semejante resultado, el caso de Verónica dio lugar un mes después al fuero de Violencia Familiar. Su creación fue por una ley votada en la Legislatura, ya con celeridad expedita.
A nivel nacional también hubo avances legislativos como la creación de la figura penal del homicidio en un marco de violencia de género, como el femicidio, cuya pena es de prisión perpetua.
A partir de este crudo episodio de muerte, en los tres poderes del Estado comenzaron a germinar semillas en defensa de las mujeres con diversas iniciativas para combatir la violencia machista y la discriminación. Puede decirse que la catástrofe que sufrió Verónica sirvió como hecho germinal del reconocimiento de situaciones de adversidad social para las mujeres y de creación de políticas para revertirlas.
Sin embargo, la deuda del Estado con la víctima colateral, aún no ha sido reconocida. Desde aquel oscuro verano de 2006, Verónica viene reclamando un resarcimiento económico por la inacción de la Provincia para prevenir lo que terminó sucediendo. Desde esos primeros días en que inició su duelo, es asistida por el abogado Oscar Romano, si bien en los últimos años se han sumado sus hijos Martín y Marina Romano.
Nueva instancia
El dilatado proceso judicial atraviesa una nueva etapa recursiva que hasta hace poco dirimía qué cámara civil debía entender en lo que sería la última etapa del reclamo de resarcimiento. El año pasado, el Tribunal Superior de Justicia (TSJ) salvó el diferendo y señaló que es la Cámara 8ª Civil y Comercial la que debe entender en las apelaciones de las partes: al reclamo de los demandantes, se oponen las posturas de la Provincia.
Oscar Romano presentó recientemente ante la cámara su escrito en el que expresa los agravios que sustentan el pedido para que el Estado reconozca un resarcimiento por el daño provocado por el funcionario público en uso de su arma reglamentaria. Entre otros rubros, se pide el reconocimiento de chance perdida, lucro cesante pasado y futuro y daño moral.
Como antecedente reciente, a mediados de 2019 una jueza reconoció un monto millonario en pesos para Verónica, pero las dos partes apelaron al considerar que el monto es “excesivo” para unos o “insuficiente” para los otros. Luego vino el diferendo entre dos cámaras que no admitían entender en el caso por diferentes criterios, más tarde el receso por la pandemia y finalmente el TSJ salió para zanjar las diferencias.
Ahora, se espera en la Cámara 8ª que se resuelva un reclamo que ya suma 15 años sin ser atendido. Al iniciarse febrero, ambas partes litigantes formularon sus presentaciones para que comience el análisis final del tribunal.
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