Los sospechosos manejos del jefe de la DGI
Andrés Vázquez, designado por el presidente Javier Milei como jefe de la Dirección General Impositiva en octubre, estaría involucrado en operaciones inmobiliarias millonarias realizadas por sociedades offshore.
Una investigación del diario La Nación publicó esta semana sus primeros informes, respaldados en numerosos documentos probatorios. Todo ciudadano argentino tiene derecho a comprar propiedades en el lugar del mundo que prefiera. Pero está obligado a incluirlas en sus declaraciones juradas ante el fisco. Más aún si es funcionario estatal, ya que debe cumplir con la Ley de Ética Pública.
Vázquez no cumplió con estas obligaciones. Compró tres inmuebles por más de U$S 2 millones en total en distintos condominios de Miami que no figuran en sus declaraciones juradas ante la Oficina Anticorrupción.
Vázquez es funcionario de la ex Administración Federal de Ingresos Públicos (Afip) desde 1990. Conoce perfectamente la legislación argentina, que lo encuadra como una “persona políticamente expuesta”.
Su primera esposa también era funcionaria de Afip y figura junto con él en las sociedades creadas para administrar los inmuebles que adquirieron en Miami. ¿Cómo hicieron dos empleados públicos, aun cuando ocupasen cargos jerárquicos, para comprar tres departamentos por U$S 2 millones en poco tiempo?
En la actualidad, Vázquez administra dos de esas propiedades, ya que vendió una. Desde hace 12 años, al menos, tiene participación accionaria en las empresas intervinientes en esas transacciones: una sociedad constituida en Islas Vírgenes Británicas, un paraíso fiscal, que controla dos compañías radicadas en Panamá.
Por no informar parte de su patrimonio, Vázquez habría violado el artículo 268 del Código Penal, que define el delito de “omisión maliciosa”. Por ello, podría ser condenado a una inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos y, además, quedar a merced de una segunda causa judicial por presunto enriquecimiento ilícito.
Sin embargo, el vocero presidencial, Manuel Adorni, aseguró que el Gobierno no tiene previsto pedirle explicaciones, y afirmó: “No hay nada que nos resulte inconsistente”. En otros términos, para el Gobierno no hay irregularidad alguna, de lo que puede deducirse que la Oficina Anticorrupción no hará ninguna investigación propia ni presentará una denuncia ante la Justicia.
Adorni agregó que Vázquez ya habría sido sobreseído por esos departamentos, pero no hay constancia judicial alguna que lo demuestre. Vázquez, en realidad, fue sobreseído en 2022, nada menos que por el juez Ariel Lijo, en una causa que procuraba investigar un movimiento bancario por más de U$S 400 mil entre una cuenta radicada en Luxemburgo y otra en la isla de Curazao, en 2006. Como Lijo no obtuvo respuesta a su pedido de certificación de la existencia de esas cuentas en los correspondientes países, optó por cerrar la causa. O sea que Vázquez no fue declarado inocente, sino que el juez desistió de la acción argumentando falta de pruebas.
En apenas un par de semanas, el Gobierno nacional ha quedado mal parado frente al proyecto legislativo de “ficha limpia”, con la expulsión del senador Kueider por su mochila con U$S 200 mil no declarados y ahora con la investigación sobre Vázquez. Tres casos que remiten por diferentes vías a las sospechas de corrupción.
¿Cómo puede ser que un gobierno que se jacta de organizarse bajo estrictos principios morales no tenga una política clara sobre el tema?
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