Los registros automotor salieron a responderle al Gobierno y le pidieron actualizar aranceles
Los Registros de propiedad automotor salieron a responderle al Gobierno por la decisión de este de cerrar de inmediato 130 oficinas registrales que están en condición de intervenidas, 11 de ellas en el territorio de la provincia de Córdoba.
A través de la Asociación Argentina de Encargados de Registros de la Propiedad Automotor (AAERPA), rechazó la medida al tiempo que la entidad recordó que cualquier modificación “debe ir acompañada de una readecuación de los ingresos de los Registros, que desde octubre del año pasado no se les actualiza sus emolumentos”.
Más allá de la “pérdida que todos los Registros vienen sufriendo desde hace meses”, con estas nuevas medidas “se profundizará el deterioro de la actividad y la prestación del servicio”, indicó la entidad que preside Alejandro Germano.
“En definitiva hablamos de menor seguridad jurídica a la hora de comprar o vender un automóvil, con todas las consecuencias que eso conlleva”, respondieron desde AAERPA.
Recordaron que desde octubre pasado, el Ministerio de Justicia “no actualiza los emolumentos de los Registros Automotores en todo el país”. “Esta situación amenaza con desestabilizar el sistema y pone en riesgo 12 mil puestos de empleo privados que trabajan en los Registros”, recalcó la Asociación.
AAERPA aseguró que en la actualidad “el costo de este servicio está recayendo enteramente en los titulares del registro, quienes deben cubrir todos los gastos operativos, desde salarios hasta la adquisición de documentos proporcionados por el Estado Nacional, luz y alquileres”.
En un comunicado se explicó que los registros son estatales, “pero de administración privada. Es decir, los empleados de un Registro Automotor no son empleados públicos”. “En este sentido, el registro no implica un costo para el Estado, sino al contrario: le genera ingresos”, agregaron desde AAERPA.
“El Ministerio ya ha recibido la recaudación prevista para todo este año 2024, mientras que los registros seccionales no pueden afrontar siquiera los sueldos de los empleados, mucho menos una retribución justa por los servicios”, afirmó la organización.
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