Los derechos del trabajo doméstico
Entre los sectores laborales más golpeados por la inactividad que sobrevino a la pandemia por el coronavirus, figura en un plano destacado el de las personas que trabajan de modo informal en el servicio doméstico.
En realidad, pese a los incentivos de años anteriores para blanquear esas situaciones, la gran mayoría del personal de casas particulares sigue integrando ese inmenso universo de trabajadores informales que, como tales, no gozan de los beneficios de la formalidad ocupacional, como el acceso imprescindible a una obra social y a los aportes previsionales.
Por ser una actividad prestada casi en exclusividad por mujeres, en estos tiempos de receso forzado y de urgencias sanitarias se pueden encuadrar los perjuicios con una clara visión de género.
Pero siempre habrá un motivo para intentar modificar situaciones de manifiesta inequidad. Esta vez, en el marco de la disputa electoral rumbo a los comicios legislativos del 14 de noviembre próximo, el Gobierno nacional dispuso un menú de medidas económicas destinadas a los segmentos sociales menos beneficiados de la población. Ello en un intento por revertir la derrota del oficialismo en las elecciones primarias.
Ese paquete asistencial proselitista contempla una iniciativa que puede dar algo de previsibilidad a las empleadas domésticas. Se trata del Programa de Recuperación Económica, Generación de Empleo e Inclusión Social para las Trabajadoras y los Trabajadores de Casas Particulares.
En ese formato figura el concepto “registradas”, que no es otra cosa que un impulso tendiente a que esa rama de la actividad en los hogares argentinos recupere el empleo perdido durante la cuarentena.
Pero las buenas intenciones oficiales tienen como eje central apoyar económicamente a las familias que las emplean, de modo de contribuir a una mayor formalización del sector, afectado, vale reiterarlo, por una gran informalidad.
Mediante un decreto firmado por el presidente Alberto Fernández y por varios de sus ministros, el Estado se compromete a entregar a quienes trabajan en casas particulares una suma de dinero fija, durante seis meses, a cuenta del pago que le corresponde formalizar a la parte empleadora.
Es oportuno destacar que, para que el proyecto sea viable, se requiere no sólo el compromiso del Estado, sino también la voluntad de quienes brindan empleo, muchas veces renuentes a blanquear la actividad que desarrolla ese personal.
También es constatable que miles de mujeres en situación de vulnerabilidad, que necesitan contar con un ingreso para llevar a sus hogares, aceptan las condiciones impuestas por quienes pagan y casi nunca acuden a reclaman por sus derechos a través de las vías legales pertinentes. Son las viejas inequidades sociales de las que suele sacarse provecho para eludir obligaciones.
El trabajo informal en la Argentina se encuentra prohibido por ley, pero nadie desconoce que las normativas son violadas de manera sistemática hasta llegar al límite de la explotación laboral.
Aun con intenciones proselitistas, la iniciativa oficial viene a vindicar a un sector pocas veces visibilizado, como es el del personal doméstico. Es de desear que el proyecto no pase sin escalas al olvido según el veredicto de las urnas.
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